Josep Fontana

Historiador

Ilustración de Jordi Duró

Las fotografías del nuevo equipo de Gobierno español desprenden un aire de incertidumbre, como el de los tripulantes de un navío que se encamina al desastre y que, incapaces de evitarlo, se resignan a su destino. Se explica así que hayan puesto al frente de la economía a un antiguo dirigente de Lehman Brothers, la primera gran empresa financiera que se hundió en 2008. Él, por lo menos, ya sabe cómo encaminarse al abismo con dignidad –y con un lugar asegurado en el bote salvavidas– y puede preparar a sus compañeros para este naufragio anunciado.

Se han olvidado las reglas que sirvieron para superar la recesión de los años treinta: auxiliar a las empresas para evitar su colapso y aliviar el sufrimiento de los trabajadores con una política social adecuada. Todo ello a costa del endeudamiento del Estado, que pudo compensarlo al salir de la crisis. Se ha escogido ahora, en cambio, la vía del auxilio a las empresas sin costes para el Estado, descargando todo el peso sobre las clases medias y los trabajadores. Eso es precisamente lo que significan las políticas de austeridad, como la que el PP se dispone a imponer de manera salvaje, tal como indican sus primeras decisiones económicas.

Parecen no querer enterarse de que hay cada vez más expertos que denuncian que esta política de austeridad es no sólo inútil, sino perniciosa. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien afirma que evitar el despilfarro en el gasto público es conveniente cuando el sector privado está en plena forma y maximiza beneficios, pero que nada resulta peor que restringirlo cuando un sector privado en mal estado está agobiado por sus deudas. Actuar sobre una economía que no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar la situación, sin contar con los efectos que tiene sobre el bienestar común: en Grecia, por ejemplo, faltan ya en los hospitales medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan la poliomielitis o la difteria.

Cuando pasó por España, en noviembre de 2011, Richard Koo insistió en que la crisis sigue siendo esencialmente bancaria, aunque haya acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”. Una opinión cercana a la que expresaba Paul Krugman cuando, valorando las nuevas medidas de austeridad anunciadas por los dirigentes europeos, las calificaba de “pura insensatez”.

En efecto, un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de los países del sur de Europa no proceden de un exceso de gasto público, sino que son consecuencia de la propia crisis: de haber transferido al Estado, esto es, al conjunto de los ciudadanos, el coste de los errores de bancos y empresas privadas. En una nota publicada el 29 de diciembre pasado, Krugman demuestra que la relación entre la deuda pública y el PIB de estos países estuvo mejorando hasta 2007, lo que significa que su situación actual no es el resultado de un exceso anterior de gasto público.

En el mismo sentido se expresa Steve Keen, uno de los pocos economistas que previó la crisis de 2008, quien ha calificado como “una fantasía insensata” que se pretenda culpar a la deuda del Gobierno, cuando la crisis se debe ante todo a una burbuja de deuda privada que finalmente ha estallado, lo que le lleva a criticar severamente la lucha contra el déficit, que va a implicar que el Gobierno retire recursos de la circulación. El resultado final de las políticas de austeridad lo sintetiza así Krugman: “Como las familias están obligadas a estrecharse el cinturón, el Gobierno deberá estrechárselo también; y así seguiremos estrechándolo todo el tiempo hasta que lleguemos a una completa depresión”.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana nos indica a qué futuro conduce la austeridad: a un empobrecimiento de los más y un aumento de la riqueza de unos pocos. La desigualdad social ha aumentado en los últimos años hasta tal punto que, según el Factbook de la CIA, Estados Unidos es hoy una sociedad más desigual que Pakistán, Etiopía o Kazajistán. Dos noticias de prensa publicadas en fechas cercanas a esta Navidad lo ilustran: una nos dice que la remuneración de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36,5% en 2010 y otra, que, en el mismo año, hubo 1.600.000 niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38% respecto de las cifras de 2007.

El Partido Popular nos conmina ahora a aceptar una política que recorta nuestros ingresos y aumenta los impuestos que nos gravan –sobre todo a aquellos que no podemos acogernos a la ingeniería fiscal para evadirlos, como lo hacen los titulares de las grandes fortunas– con la promesa de que la práctica de esta virtud acabará llevándonos a un grado de felicidad semejante al de los siete millones de trabajadores alemanes que perciben sueldos inferiores a los 400 euros y no tienen derecho a la sanidad pública ni a una pensión del Estado.

Puedo entender que quienes dirigen nuestra política y nuestra economía, con ingresos anuales de millones de euros, encuentren aceptable este programa, que les beneficia personalmente. ¿Pero lo aceptarán sin protesta los que tienen que pagar sus costes?