Tullidos. Así se titula el libro escrito por Frances Ryan y editado por Capitan Swing en el que habla de la discriminación que sufren las personas con diversidad funcional en el mercado laboral, fruto de años de recortes y de austeridad.

Más o menos un siglo después de los asilos para pobres y de que los tullidos se vieran obligados a ir “gorra en mano” para sobrevivir, más de la mitad de los hogares derivados al servicio de paquetes alimentarios de emergencia en Gran Bretaña incluyen una persona discapacitada. La mitad de los pobres en Reino Unido tienen algún tipo de discapacidad o viven con una persona que la tiene, cuenta Ryan. Nuestro país no es mucho mejor. Una tercera parte de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión y casi tres de cada cuatro personas con discapacidad que están bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres.

Las consecuencias de la pandemia también han sido mayores para el colectivo de personas con diversidad funcional. Según los últimos datos publicados por la Comunidad de Madrid, en octubre de 2020, el paro registrado entre las personas que declaran algún tipo de discapacidad la cifra fue de 15.681, la más alta desde 2009. De hecho, según CCOO sigue sin cumplirse la cuota de reserva del 2% en las empresas de 50 o más trabajadores, establecida por ley.

Dentro del colectivo de Personas con discapacidad, la tasa de desempleo mayor la tiene la Discapacidad Psicosocial, llegando a superar el 80%. “A las personas con problemas de salud mental les cuesta mucho encontrar trabajo porque el estigma está ahí, en el mismo lugar que en principio se ha creado para integrarnos y no excluirnos dentro de las excluidas”, explica José Luis, refiriéndose al cupo de discapacidad que deben cumplir las empresas para contratar a personas con discapacidad y a los Centros Especiales de Empleo.

José Luis no es el único que habla de esta mayor discriminación en las personas con problemas de salud mental, entre las que muchas, además, son mujeres. “El pasado año cerraron la tienda donde trabajaba y nos iban a reubicar. Reubicaron y renovaron al resto y a mí, que en ese momento estaba de baja y sabían la causa, me comunicó el jefe que en mi situación era inviable reubicarme y, por lo tanto, renovarme. Añadió que eso iba a ser positivo para que me recuperara con tranquilidad”, me cuenta una mujer que prefiere guardar el anonimato por las represalias que podría tener su testimonio.

Encontrar trabajo siendo mujer con diversidad funcional resulta una frustración continua. “Siento que el estigma que predomina en el mercado laboral acaba con cualquier posibilidad de acceder a un puesto de trabajo por el miedo imperante que parece que tienen a que no sea productiva. La autoestima se merma, pues te preguntas si tendrán razón y si la culpa la tengo yo”, afirma esta misma fuente que prefiere mantenerse anónima. “Este sentimiento de culpabilidad crece a niveles extremadamente dolorosos cuando, en mi caso por problemas de salud mental, no trabajas como esperan que lo hagas y/o acabas de baja y te criminalizan y penalizan por ello. El porcentaje de oportunidades y empatía es muy, muy bajo”. La realidad es que el 40% de los hogares donde viven mujeres con discapacidad solas ingresan menos de 500 euros mensuales.

José Luis cuenta que trabajó en Grupo Integra perteneciente al Grupo Clece, que tiene Centros Especiales de Empleo para “integrar” al mercado laboral a Personas con algún tipo de Discapacidad. "Cuando llegué a esta empresa me dijeron que los perfiles de personas con discapacidad psicosocial o de salud mental no trabajaban con ellas porque literalmente éramos personas que cogíamos muchas bajas y no les éramos rentables”. Las irregularidades eran manifiestas: “Nos obligaban a hacer muchas horas extras que pagaban a un euro con algo por hora, incluido festivos y fines de semana. Este sitio además tiene una parte que no cierra nunca, abre 24 horas al día, 365 días al año”.

Después de estar trabajando con ellos durante bastante tiempo, José Luis no pudo más: “cuando ya no podía aguantar más la situación por la cantidad de trabajo que me estaban atribuyendo y la responsabilidad que tenía, empezó ya la parte de acoso laboral, así que tuve una recaída y me dieron de baja, y, aun así, estaban presionando para que me reincorporara cuanto antes, pero no pude”. Y es que, aunque las leyes hayan realizado algunos progresos, las personas con discapacidad siguen teniendo que enfrentarse en el lugar del trabajo a un entorno hostil, ya sea porque reciben insultos, porque son ignorados a la hora de los ascensos o porque son expulsados ilegalmente de su trabajo. De hecho, una de cada dos personas con diversidad funcional ha sufrido acoso o bullying, a causa de sus discapacidades, según una investigación de la entidad benéfica Scope en 2017.

Lo curioso de la empresa de la que habla José Luis, CLECE, es que tiene muchísimas denuncias por mala praxis a trabajadoras del ámbito laboral con protección al empleo. Incluso las denuncias provienen de la misma Casa Real, ya que Patrimonio Nacional, (que mantiene el Palacio Real) puso fin al contrato que firmó con la empresa para servicios de atención al visitante tras confirmar que se estaban aplicando condiciones abusivas a trabajadores con discapacidad. Un total de 16 trabajadores había denunciado condiciones abusivas por parte de Integra.

Si hablamos de pobreza y discapacidad obtenemos un binomio perturbador puesto que las personas con discapacidad soportamos más gastos y tenemos menos ingresos. Tener una discapacidad supone hacer frente a cuestiones de accesibilidad, salud o medicamentos y por supuesto, tenemos menos oportunidades de acceso al mercado laboral, lo que hace que aumente el riesgo de pobreza.

Necesitamos medidas urgentes que nos ayuden a formar parte de la sociedad de una forma digna. No podemos vivir de la caridad, ni tampoco de una explotación laboral y precariedad que nos enfermen aún más. Tan solo necesitamos derechos y voluntad de cambio para integrarnos de una manera justa.

Atentamente, una tullida.