La despenalización de la venta ambulante en relación a los llamados “manteros “(en el Código penal delitos contra la propiedad intelectual o industrial) es sin duda necesaria sin embargo debemos llegar al origen del problema para abordar soluciones. La mayoría de inmigrantes que ejercen este tipo de actividad llegan a España sorteando todo tipo de impedimentos y jugándose literalmente la vida. Cuando llegan les reciben bien con una propuesta o una orden de expulsión y un número de identificación que aunque sirve de poco, porque sólo se trata de un identificador , para ellos es importante porque la Ley de Extranjería ,mezquinamente ,prevé que quien se encuentre en territorio español pruebe su estancia irregular durante tres años para obtener así su residencia.

Es curioso por un lado la propia ley fomenta la irregularidad por otro y entrando en total contradicción se trata de una ley totalmente restrictiva con los derechos de los inmigrantes , además no sólo fomenta la irregularidad sino que por ende el trabajo de subsistencia y de resistencia ¿ de qué va a vivir una persona en España sin autorización para residir ni para trabajar durante tres años ¿ .

Se sabe que si llegas a España, salvo excepciones muy puntuales, no podrás obtener ninguna autorización si no pruebas tu estancia irregular durante al menos tres años en territorio español, sin embargo ojo que no te pillen intentado subsistir porque entonces te pondrán mil impedimentos para recordarte que tu estancia irregular además de eso no fue ejemplar.

Es tan absurda y tan mezquina, esta política migratoria, - ningún tipo de generosidad ni de respeto hacia los derechos humanos -, que en el momento en que se aprobó la penalización de la venta ambulante (en cuanto delitos contra la propiedad intelectual o industrial) lo que se pretendía, en realidad, era que estas personas no pudieran jamás regularizarse porque así no sólo les constarían faltas administrativas (insuficientes para denegar una regularización) sino antecedentes penales. Este es el motivo del porqué inmigrantes que llevan más de doce años en España, como es el triste caso de Lavapiés, no hayan obtenido jamás su autorización de residencia.

Porque aquí en España la autorización de residencia es “un premio “y para obtenerla debes ser una “super mujer” o un “super hombre”. No caben matices intermedios, porque a los requisitos burocráticos se unen órdenes internas en las distintas Subdelegaciones u Oficinas de extranjeros y razones totalmente subjetivas en la valoración de los casos. La administración sigue interpretando restrictivamente CONVIERTIENDO EN UN LABERINTO, EN MUCHOS CASOS, INTERMINABLE EL PROCESO.

Aquí ni PSOE ni PP ni la antigua CiU se salvan, porque LOS VIEJOS PARTIDOS han fomentado esta nefasta política migratoria. A su antojo han utilizado a los inmigrantes como moneda de cambio ante procesos electorales y este ha sido el resultado. Esta misma semana se nos volvía a recordar la cantidad de inmigrantes que necesita España para asegurar la caja de las pensiones.

Por eso al inicio apuntaba a la reforma estructural tanto de la Ley orgánica de Extranjería como de su Reglamento, y todas las leyes intermedias e incluso las actuaciones policiales, una reforma que apunte hacia la solución no hacia la restricción de derechos y libertades. Se requiere abordar por completo y con voluntad una política migratoria global desde las competencias estatales hasta las competencias municipales pasando por ciertas competencias autonómicas.