Lo que se va a tratar de razonar en los siguientes párrafos circula a contracorriente. Seguramente suene a políticamente incorrecto, impopular e incluso se pueda tachar de insolidario. Pero es parte de una convicción, exteriorizada a modo de preocupación, en torno al debate creado sobre las dudas que genera en parte de la ciudadanía la próxima vacunación contra la covid-19. Precisamente, porque se está insistiendo mucho en ello y además se deja entrever un cierto recelo hacia aquel sector de la población que se muestra reacio a vacunarse. Pero creo que hay suficientes razones para comprender su posición.

Algunos datos recientes corroboran esta controversia. En los resultados del último barómetro publicado por el CIS, en España sólo un 35% de los encuestados estaría dispuesto a vacunarse y un 55% preferiría esperar a conocer sus efectos. Pero no somos la excepción. Según un estudio publicado por la firma Gallup hace varias semanas, en Estados Unidos sólo el 50% sería proclive a vacunarse. Tal es el grado de tibieza frente a la nueva vacuna entre la ciudadanía, que los expresidentes Clinton, Bush y Obama han decidido meterse en harina, vacunándose en público para dar ejemplo.

Y es que cunde la preocupación entre los gobiernos e instituciones implicadas en la gestión de esta crisis sanitaria por la frialdad con la que se puedan recibir las campañas de vacunación entre la población. Sobre todo, porque de su mayor o menor penetración depende el éxito en la erradicación de la enfermedad, o por lo menos en la mitigación de los efectos de esta pandemia que lleva casi un año con nosotros. La inquietud se ha elevado hasta tal punto, que incluso se ha barajado la posibilidad de modificar la legislación para obligar a una vacunación universal al conjunto de la ciudadanía.

Ante esta situación, y sosteniendo por delante que estas líneas no pretenden alentar teorías conspirativas ni engrosar los argumentos de los movimientos antivacunación, no deberíamos extrañarnos ante la actitud de parte de la ciudadanía. Una vez más, se carga en sus hombros una responsabilidad sobre el futuro de la pandemia que no es sólo suya. Una vez más, se quiere atribuir la desconfianza que generan estas recomendaciones a un desconocimiento de la realidad o a un bajo estatus cultural del que se pronuncia en dichos términos.

Esta manifiesta desconfianza nace tras décadas de prácticas sistemáticas de desinformación, dudosa honestidad, silenciamientos, proliferación de la mentira, socialización del desconcierto, corrupción a borbotones y deshonrosas actitudes de muchos de los dirigentes de empresas multinacionales –también farmacéuticas–, parte de la clase política y de la representación institucional, a todos los niveles y en todo el mundo. No es de extrañar, por lo tanto, que su credibilidad se encuentre bajo mínimos, fruto de la devaluada percepción que la opinión pública tiene sobre los valores intangibles con los que se muestran la mayoría de las instituciones en los últimos tiempos. A su vez, esta situación genera un desgaste de su legitimidad social y pública. Y como señala esa máxima que se atribuye al magnate Warren Buffet, “se necesitan veinte años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla”.

Y precisamente, la industria farmacéutica no ha gozado de buena reputación en las últimas décadas y su legitimidad, o reconocimiento social, no es muy elevado. Es evidente que para poder crecer y continuar ensayando nuevos medicamentos, debe obtener unos beneficios que reinvertir. Y también parece insoslayable que el método científico con el que ponen en práctica los nuevos fármacos que lanzan al mercado avalan su fiabilidad. Pero también es cierto que, en los últimos tiempos, esta industria ha pecado de escasa transparencia y han pesado los intereses financieros sobre su ineludible responsabilidad social. Y estos han sido argumentos que han pesado en la imagen con la que la opinión pública percibe a esta industria.

En uno de sus últimos libros antes de ser nombrado ministro, Manuel Castells afirma que “las raíces de la ira” se encuentran en la incapacidad de los “Estados-nación para responder en su ámbito a problemas que son globales”, como ahora la pandemia. En esa coyuntura, surge la desconfianza porque la ciudadanía se siente más desprotegida y alejada de los lugares donde se adoptan las grandes decisiones que les incumben. Y en ese escenario es en el que la gente se refugia en su identidad local, “en los espacios culturales en los que se reconoce y en donde su valor depende de su comunidad”. Curiosamente, en otra encuesta del CIS hecha pública a principios del mes de noviembre se constataba que los encuestados más reacios a vacunarse pertenecían a formaciones de derecha o soberanistas: Vox (57%), Junts per Catalunya (60%), Esquerra Republicana (50%), Ciudadanos (50%), Partido Popular (44%) o EH Bildu (50%).

El debate social que se está librando a propósito de la próxima vacunación masiva contra la covid-19 debe hacernos reflexionar. Es otra de las grandes carencias globales que ha hecho aflorar esta crisis. No podemos pretender que la ciudadanía recupere en un mes la confianza pérdida en las instituciones durante los últimos años. Debemos aceptar que la sociedad muestre incredulidad ante algunos de los discursos que se lanzan desde los centros del poder del planeta, porque éstos han echado por tierra, con sus reiteradas obras, su propia legitimidad. Ojalá se arrinconen los debates estériles y se den pasos honestos, transparentes y responsables en todos los sentidos, para volver a acercar a una gran parte de la ciudadanía al compromiso por el bien común.