CARMEN GALÁN BENÍTEZ

En México se ha perdido incluso la sobria costumbre del minuto de silencio con la que los gobernantes suelen, ya externalizar, ya teatralizar, el dolor compartido con el pueblo. Se ha sustituido por discursos optimistas que hablan del cercano triunfo de los buenos sobre los delincuentes, del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y Justicia en contra del narcotráfico, del buen rumbo económico. Es la indolencia del poder frente a la tragedia.

Cifras de 30.000 muertos y más de 25.000 detenidos en el marco de la “guerra contra el crimen organizado” hacen urgente preguntarse contra quién está luchando el Gobierno. ¿Contra los siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿O actúa temeroso de los 70.000 habitantes de Ciudad Juárez que han perdido su empleo? ¿Persigue a los 400.000 mexicanos que emigran anualmente a EE UU

o a los 12 millones de indigentes que vagan por las calles? ¿Se queda tranquilo Felipe Calderón engrosando la prisiones con mujeres indígenas acusadas de delitos contra la salud quienes, sin hablar español, con dificultad se enteran de qué cargo enfrentan? La cadena que cerca a los ciudadanos caídos en la marginación tiene sus orígenes en la ineficacia de las políticas sociales y en el fracaso de la política económica mexicana, no hay duda, pero más complejos y, lamentablemente, más perversos son tanto el proceso de descomposición que provoca horrores cotidianos (masacres, decapitaciones y jornadas sangrientas en buena parte del país), como la decisión de lanzar al Ejército contra la población intimidándola, pasando por encima de sus derechos, cobrando vidas cuya pérdida es definida por el propio presidente como “daños colaterales” .

En esta etapa del conflicto mexicano hablamos de comandos que pueden cerrar los accesos a Monterrey (considerada la segunda ciudad mexicana en importancia demográfica y económica) o tomar poblaciones en Michoacán; ejercen el control de extensas zonas del territorio nacional. Se trata de organizaciones con preparación paramilitar. No en vano el plan puesto en marcha en México y Centroamérica con la aprobación del Congreso norteamericano, el llamado Plan Mérida, tiene todas las características del Plan Colombia

que tanto polarizó a la sociedad de aquel país. México es un jugoso terri-

torio para la próspera industria armamentística y sólo una castigada frontera lo separa de tan potente distribuidor mundial.

De sobra sabemos que la inteligencia norteamericana ha intervenido en los procesos internos de América Latina; conocemos las sucias intenciones de las guerras de Irak o de Afganistán para hacerse con el control de petróleo y opio. Lo que sería interesante es revisar el actual papel del Gobierno mexicano en ese contexto: Felipe Calderón no goza de legitimidad. No sólo es impugnado su triunfo en las urnas, sino que, en todo caso, su “ventaja” del 0,5 % sobre López Obrador no le permite ignorar al grueso de la población que no votó por él. No obstante, el presidente ha ignorado, ofendido y hecho caso omiso de las voces que, desde muchos foros o tomando las calles, piden justicia y una revisión de la estrategia contra el narcotráfico. Corto de miras, Calderón es incapaz de tener claridad sobre el proceso histórico que provocó la “transición mexicana” a la democracia y de valorar la importancia que la movilidad social tuvo en ello. Insiste en ejercer el poder desde su aislamiento, rodeado por un gabinete sin potencial e insensible. Es inevitable cuestionar dónde tiene afianzadas sus alianzas ese grupo con la intención de sostenerse en el poder.

Entonces vienen al caso las advertencias de Naomi Klein, la contundente argumentación expuesta en La doctrina del shock y que, aplicada a México, sería: frente a los deseos de democracia y justicia social que movilizaron a la población durante décadas, ante el reclamo de fraude electoral en 2006 y la exigencia de modificar el rumbo de la política económica, es propicia una contundente situación de crisis que lleve a la gente al extremo de pelear por la vida como lo más apremiante, inmediato y único, dejando a un lado cualquier otra aspiración personal y política. Para ello, el grupo gobernante ha contado con la fidelidad, con la complicidad, de las principales televisiones, cuya línea es tratar el asunto como un problema de buenos y malos, atemorizando a la población por un lado y, por otro, banalizando una situación muy grave.

Mientras, la tragedia tiene rostros y avanza. Defensores de derechos humanos y periodistas son abatidos en prácticas que recuerdan los tiempos de la guerra sucia y que ahora se extienden al resto de la población: asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. Tácticas que la opinión pública de los años setenta ignoró y permitió, que no quiso ver porque se trataba de atropellos contra campesinos y estudiantes “revoltosos”, ahora le tocan en carne propia también a empresarios o políticos. Situaciones caóticas como fugas masivas de los centros penitenciarios; familias de clase media de vacaciones en Acapulco al tiempo que aparecen ahí mismo 15 decapitados frente a un centro comercial; poblaciones desplazadas. Impunidad por doquier. Y un Gobierno que, cínico e incapaz de tener un gesto de humildad, una mirada frontal hacia los ciudadanos, el valor de escucharlos y la solvencia para poner en marcha soluciones, pide a sus embajadores que “limpien” el nombre de México en el extranjero para ofrecerlo como un buen negocio.

Carmen Galán Benítez es escritora

Ilustración de Patrick Thomas