Las feministas suelen poner el dedo en la llaga de las realidades aparentemente neutrales o incluso deseables pero profundamente injustas y humillantes. Los vientres de alquiler son una práctica inaceptable que considera que las mujeres pueden ser usadas para parir y así satisfacer los deseos de otros.

El poder legislativo es el responsable de poner límites a aquello que es susceptible de ser intercambiado o no y también es nuestro deber proteger los derechos humanos con nuestras decisiones. Y esta legisladora lo tiene claro, ni los niños y niñas, ni las mujeres pueden ser objeto de transacción fundamentalmente por dos motivos: por la ética que debe impregnar la política y por conciencia de clase y feminista.

Contratar un embarazo y un parto: las mujeres somos seres humanos, ciudadanas de pleno derecho, aunque a veces algo tan obvio se olvide. ¿Qué consideración se puede tener de las mujeres si un Estado posibilita que se deshumanice el embarazo de una mujer? Un embarazo no es ponerse un vestido de fiesta, un embarazo supone un episodio único en la vida de una mujer. Según un informe de ONU, en el año 2020, 287.000 mujeres en el mundo murieron por complicaciones durante el embarazo y el parto. El dato es escalofriante, 800 mujeres cada día, una cada dos minutos. Deshumanizar el embarazo y el parto de una mujer contribuye a considerar asumible un trato denigrante de las mujeres. Pero no solo ocurre con las madres. ¿Cómo de bien se lo ha montado la industria de los vientres de alquiler para hacerle pensar a alguien que comprar niños y niñas es aceptable?

El mercado de los deseos: los deseos no son derechos. Es preocupante la tendencia neoliberal de algunas posiciones políticas asumiendo postulados que justifican que todo es susceptible de comprarse y venderse. Pero además lo es aún más la estrategia que blanquea tal postura ideológica, la perversión del concepto libertad. Ser libre no es hacer lo que cada uno desee, ser libre es que desaparezcan los sistemas que oprimen la capacidad de crecimiento y desarrollo vital de las personas en condiciones de igualdad y justicia social. La igualdad y la justicia social la construyen formalmente los poderes del Estado con políticas públicas. Sin igualdad y justicia social la supuesta libertad de unos lo es a costa de la opresión de otros, normalmente de otras. La necesidad nos hace esclavos, no libres. La realidad de los vientres de alquiler es la siguiente, gente rica comprando los hijos de las mujeres pobres.

En España los vientres de alquiler son jurídicamente un contrato nulo de pleno derecho, así lo reconoce la Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida y la Ley 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, en España no es legal pagar a una mujer para que para un niño. Es más, esta última ley, presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez, prohíbe la promoción comercial de los vientres de alquiler entendiendo que el lucro de esta práctica contribuye a la vulneración de los derechos de mujeres, niñas y niños. El mensaje que traslada este país es claro. Quien también parece tenerlo claro es el Partido Popular, que en los últimos días se ha pronunciado favorable a considerar la regulación de esta insoportable forma de desigualdad.

El PSOE en sus resoluciones congresuales se ha posicionado rotundo en contra de los vientres de alquiler, sin ambages. Nos tendrán en frente todos aquellos que naturalicen la compra de niños y niñas y la explotación de mujeres. Nos tendrán en frente todos aquellos que abran fuego contra la ética y la igualdad.