La tribuna del Congreso es un lugar donde la democracia deposita un honorable espacio para que a través de la palabra las posiciones políticas lleguen a la ciudadanía. Sin embargo, algunas intervenciones desde la tribuna son tan deleznables que deterioran la propia institución. Desde la llegada de la ultraderecha al hemiciclo del Congreso es frecuente que se pronuncien desde allí discursos y proclamas que no respetan los derechos humanos y, muy especialmente, que atentan contra los derechos de las mujeres.

Ya es conocido, por reiterado desde el Congreso, el eslogan político de Vox sobre la violencia de género: aquello de “la violencia no tiene género”. Esta es la forma que los ultras han elegido para negar la violencia machista, negar a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas y elegir bando, los agresores. Vox no entenderá muy bien lo que voy a explicar en estas líneas, pero me importa bien poco que lo hagan o no, lo trascendental es que la ciudadanía conozca que la violencia no es que tenga o no género, la violencia es de género.

El género es la construcción cultural que impone que todo se construye teniendo como referencia a los varones y que las mujeres somos la alteridad u otredad, lo otro. En esta definición cultural de lo que somos, el cómo nos comportamos se configura con desigualdad jerárquica violenta, donde el control o la dominación de los hombres sobre las mujeres es el mínimo común múltiple de todas las relaciones. Por lo tanto la violencia es contra las mujeres y la ejerce sistemáticamente un sexo sobre el otro, los varones sobre las mujeres, y no es que tenga género, es que es de género, puesto que un sistema de construcción cultural patriarcal y androcéntrico perpetúa, sostiene y legitima la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones.

En menos de una semana, seis mujeres han sido asesinadas por machistas que pensaban que estas mujeres o eran suyas o de nadie, con el añadido terrible de que además en uno de los casos el asesino también mató a su hijo. Siete víctimas del machismo cuyo dolor nos golpea y nos recuerda que, aunque hemos avanzado, la desigualdad estructural que provoca la violencia está sujeta a demasiados privilegios. Es insoportable que en nuestro país no se recuerde diariamente a las víctimas de la violencia contra las mujeres, 1092 desde el año 2003. Es impresentable que los periódicos nacionales no abran sus portadas con los siete asesinatos machistas en una semana, mientras sí que lo hacen con una encuesta sobre resultados electorales o el pódium de una carrera de Fórmula 1. Para erradicar la violencia contra las mujeres es necesaria la implicación de todos y todas.

España, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene una importante red de recursos dirigidos a proteger a las víctimas y a intervenir contra la violencia de género en distintos niveles de la administración pública y en la administración de justicia. Sin embargo, el despliegue de los mismos es desigual según el territorio y es deficiente en cuanto a la asignación de recursos. Sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del problema, los asesinatos son solo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres y bajo ellos se encuentran cientos de miles de mujeres que, ya sea en pareja o sin relación sentimental, diariamente sufren violencia de control, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, desigualdad laboral, acoso por razón de sexo... Ser sensibles solo a los asesinatos a veces nos distorsiona la capacidad de ver todo lo que sucede antes de llegar a ellos e incluso lo invisibles que son muchas mujeres que según sus propios testimonios están muertas en vida por la violencia.

El Pacto de Estado contra la violencia de género, firmado en 2017, tenía la aspiración de mejorar la red de recursos, incrementar la financiación consolidando partidas presupuestarias que llegasen tanto a Ayuntamientos, CCAA como para el propio Estado, incorporar otras manifestaciones de violencia contra las mujeres e implicar al máximo número de agentes sociales, políticos e institucionales en un gran acuerdo. Parte del sentido que tuvo el pacto de Estado se ha cumplido pero aún quedan medidas pendientes que deben desplegarse y que deben estar en la primera línea de la agenda política del Ministerio de Igualdad, del Gobierno en su conjunto y del resto de administraciones que son interpeladas con el Pacto.

Este septiembre se cumplen cuatro años de vigencia del Pacto de Estado y la previsión del mismo estaba fijada en cinco años. Cinco años para su cumplimiento. El pasado martes, en la comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso de la Secretaria de Estado de igualdad y contra la violencia de género, la Presidenta de esta comisión, Pilar Cancela, hizo una reflexión sobre el pacto que se convirtió en toda una propuesta política digna de meter en la agenda de manera urgente. Pilar Cancela habló de la necesidad de, llegado el momento, renovar el Pacto de Estado contra la VG e invitó a los grupos a sumarse a esta cuestión. El Pacto de Estado es una herramienta actualizada, completa y transformadora que tenemos a nuestra disposición para combatir la violencia contra las mujeres; la cuestión pendiente es solo que hay que cumplirlo. Sus posibles mejoras, son tarea de quienes están en la responsabilidad de ejecutarlo y por lo tanto el pacto no es restrictivo, es un acuerdo de mínimos para una política necesariamente de máximos.

Siete asesinatos machistas en menos de una semana y más de 150.000 denuncias por violencia de género al año, más de 150.000 mujeres, niños y niñas.