Ante una sucesión de asesinatos machistas de mujeres, saltan las alarmas en la sociedad y a personas especializadas en esta materia se nos está preguntando, incluso por la calle, qué está pasando. Aunque afortunadamente y gracias al esfuerzo de muchas personas también hay casos en los que las mujeres son protegidas eficazmente y recuperan sus vidas, creo que merece la pena reflexionar sobre por qué tantas otras han quedado desprotegidas. En mi opinión, cuando ponemos la mirada fuera, en la violencia y abuso que se desarrolla por los agresores, podemos ver que, han surgido nuevas vulnerabilidades unidas a un incremento de la cosificación de las mujeres y niñas como objeto de consumo masculino, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación sobre todo a partir del año 2004. Pero eso no lo explica todo.

Si miramos hacia dentro, lo primero que podemos encontrar, o al menos que encuentro yo, es que nos alarmamos cuando se suceden asesinatos con muy poco espacio de tiempo entre ellos, y durante unos días conectamos con esas víctimas y con otras mujeres que pueden estar en riesgo de ser asesinadas. Pero apenas vislumbramos la magnitud del problema pues pasamos por alto las mujeres desaparecidas, las mujeres que sufren asaltos sexuales, las que sufren acoso, las que en su día a día están muertas en vida, las que sufren ataques machistas en los mundos virtuales o Metaversos, y otras muchas víctimas de violencia de género. Y además, a los pocos días de alarmarnos por la sucesión de asesinatos, volvemos a “adaptarnos” a la situación, volvemos a minimizar lo que sucede, a cerrar nuestros sentidos y a desconectar de las víctimas. Ese es un gran problema: la disociación moral que practicamos sistemáticamente. La disociación que llevamos a cabo en todos los órdenes, a nivel personal, profesional y público, y que si bien es un recurso psicológico útil cuando se usa moderadamente, ha llegado a un nivel que nos perjudica porque nos impide ver la dimensión del problema y dedicarnos a su erradicación como se necesita.

Unido a eso, está, en mi opinión, el siguiente gran fallo: los servicios que hemos creado, para atender a las víctimas, protegerlas y perseguir estos crímenes, no están suficientemente bien diseñados ni bien dotados, ni se adaptan con suficiente rapidez a las nuevas vulnerabilidades y necesidades que van surgiendo. Esto hace que tengamos escasa respuesta de las administraciones públicas, por ejemplo, a la hora de prevenir una crisis de reputación por internet, y que otras respuestas que están previstas legalmente, no se apliquen en la práctica o se haga superficialmente, o en unos lugares sí y en otros no. Artículos que establecen herramientas útiles para luchar contra la violencia de género, como los que prevén una comunicación por iniciativa propia desde los servicios sociales y los centros de atención a la mujer al Juzgado o Fiscalía, e incluso que pidan esos servicios medidas urgentes al Juzgado, no se aplican en la mayoría de las localidades. Esta falta en la dotación y en el diseño creo que se debe por un lado al hecho de que no vemos la magnitud del problema y no respondemos ante el mismo como se merece, y, por otro lado, a la tendencia a la prepotencia de las administraciones públicas que dificulta la crítica y que no se ha corregido a pesar de ser clave en un estado democrático y de derecho. Según el artículo 103.1 de la Constitución la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Sin embargo, en la realidad según mi experiencia, existe una inercia de prepotencia y corporativismo en las administraciones públicas, especialmente los juzgados, y, al menos en cuanto al corporativismo, también en los colegios profesionales. Esto conlleva en la práctica que en vez de estar garantizado que se detecten debilidades o errores y se corrijan, se toleran y reproducen, pues tampoco desde la ciudadanía y desde quienes ejercen la defensa, se suele formular peticiones, ni quejas ni recusaciones, ni denuncias en los casos más graves. Y no se hace por agotamiento de las víctimas, por desconfianza sobre la imparcialidad de quién va a evaluar la petición o queja, al formar parte de la misma corporación, y por miedo a las represalias. ¿Pero como podemos entonces mejorar si no debatimos libre y respetuosamente si un comportamiento es correcto o no, si es eficaz o no? Es más…¿No nos ayudaría a mejorar si se sistematizara una evaluación externa de eficacia tras el paso de cada víctima por cada servicio público y privado?

A su vez todo esto termina generando otro problema: la gran cantidad de funcionarios y profesionales que están quemados y quemadas porque quieren hacer un trabajo excelente pero les resulta imposible o muy difícil con los insuficientes recursos y los fallos en el diseño en su servicio o en otros. No se ha pautado para estas personas, fundamentales a la hora de luchar contra esta lacra, ni canales de recepción de sus sugerencias y quejas, ni líneas de apoyo.

Todo esto genera en mi opinión el último gran problema que voy a destacar: a pesar de los esfuerzos de muchas personas, le estamos dando mensajes contradictorios a las víctimas y la carga de la denuncia, de la prueba, y de obtener protección eficaz la estamos depositando sobre ellas, como si fuera un problema privado. Y es una carga muy difícil de sobrellevar que aleja a muchas víctimas del sistema judicial y de la protección que podría aportarle. A la víctima se le dice desde los servicios de atención y los medios de comunicación que es mejor que denuncie, que de ello depende principalmente el salir de la violencia y estar protegida, e incluso la protección de sus hijos e hijas, en los casos de violencia de género en la pareja. Y aún siendo cierto que hay muchas situaciones en los que denunciar es imprescindible para que la víctima pueda liberarse de la violencia, la información que se tramite a las víctimas con frecuencia es sesgada y contradictoria con el mensaje que reciben expresa o tácitamente en no pocas actuaciones judiciales y policiales. Así, por un lado, se obvian alternativas que podrían ser mejores que la propia denuncia de la víctima, como que sea una institución pública la que comunique al juzgado o a fiscalía las noticias que tiene sobre un posible delito de género y acompañe un informe de evaluación sobre indicadores de violencia de género, estado de la víctima, indicadores de riesgo; o que la denuncia de la víctima vaya acompañada de uno de esos informes. Son alternativas que en los casos más graves considero de especial utilidad. Por otro lado, los Juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no suelen mostrar tanta empatía como los centros de atención de la mujer con las víctimas, especialmente cuando lo que se denuncia es violencia psicológica y no llevan consigo un parte médico por lesiones contundentes, y muchas víctimas consideran que no se ha entendido por qué han denunciado, e incluso que se les ha manifestado que no tenía que haber denunciado. De esta forma se crean en muchas víctimas, pero afortunadamente no en todas, expectativas fuera del sistema policial y judicial, que chocan posteriormente con su experiencia. También se crea confusión y desconocimiento sobre parte de sus derechos, frustración, impotencia, incluso en algunas temor. Y de esta forma, también, eludimos en bastantes ocasiones la responsabilidad social, profesional e institucional.

Denunciar, aportar al juzgado las evidencias que existan, y proteger a las víctimas, es responsabilidad de todos y de todas, no solo de las víctimas. Lo que está pasando, en pocas palabras, es que estamos dejando a muchas víctimas solas.