JOAN HERRERA

En estos días de crisis global, el Gobierno socialista y la oposición popular sacan pecho poniendo como ejemplo a seguir la regulación del sector financiero español. Durante una larga década, decidimos vivir de la dependencia del ladrillo, sin cambiar el modelo, sin ponerle límites y sin buscar recambio. Crecimos como nunca, pero no sirvió para cambiar nuestro modelo. Consolidamos nuestra dependencia energética, más del 80%, y superamos todos los límites en emisiones de CO2, mostrando la insostenibilidad de nuestro sistema.

Y ahora tenemos que afrontar la peor de las crisis que hemos vivido con un factor diferencial: el fuerte endeudamiento familiar, más de 666.000 millones de euros que, sumados a la deuda de promotores y de constructores, superan el PIB de todo un año.

Estos datos contrastan con las cifras de aquellos años en los que no se quiso poner límite al endeudamiento mediante la legislación monetaria e hipotecaria, algo que sí se llegó a hacer en otras legislaciones europeas. A este grave problema, se suma un empleo de mala calidad y fácil de destruir. La consecuencia: los peores datos del paro de nuestra historia, al superar los tres millones de personas desempleadas –que incluso pueden llegar a ser cuatro millones– y con una tasa de cobertura en retroceso.

Ante la debilidad del consumo y la inversión privada, es hora de tirar del carro desde el sector público. Y aquí no valen las recetas desreguladoras o desfiscalizadoras. Se necesitan políticas anticíclicas que orienten la inversión al cambio de modelo, a garantizar el mantenimiento de la ocupación y evitar los cantos de sirena de aquellos que, aun a sabiendas de que las causas de la crisis no están en los salarios o en la inflexibilidad laboral, pretenden ahora desregular aún más y contener salarios ya de por sí muy bajos.

Y el problema es que las soluciones que se han dado han sido desordenadas, insuficientes y –algunas– mal orientadas, con más de 20.000 millones de gasto en políticas de desfiscalización. Sin embargo, la situación reclama una inversión social que permita afrontar de una vez iniciativas pendientes, tales como un plan de rehabilitación energética de viviendas, el fomento de la vivienda social, el cuidado de nuestros espacios naturales, el correcto desarrollo de la ley de dependencia, la promoción de las energías renovables, la construcción de equipamientos –sanitarios, educativos, culturales, deportivos y asistenciales– o la generación de redes de transporte público, tanto urbano como interurbano.

Lamentablemente, el Estado, con todas y cada una de sus administraciones –Administración General del Estado, autonomías y municipios–, ha reducido sus ingresos debido a la política fiscal basada en regalos a los ricos que ha llevado a cabo en los últimos años, con perlas tan destacadas como la eliminación frívola del Impuesto sobre el Patrimonio o la reducción de los tipos máximos en el IRPF, favoreciendo, según el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro, a las rentas más altas.

Fiarlo casi todo a la imposición indirecta y a la vinculada a la construcción, sumada a la fiscalidad sobre las nóminas, supuso ingresos en las épocas de crecimiento, pero ha acabado representando el principal problema para responder con políticas anticíclicas como ahora se necesitan.

Deberíamos recurrir a la deuda pública, pero para hacer una política más efectiva y menos efectista, acometiendo una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que permita un mayor déficit del Estado. En 1993, una crisis que era como un estornudo comparada con la actual, significó un déficit público que se situó en torno al 6%.

Hoy, en un escenario mucho más duro, el ministro de Economía nos deja en la impotente resignación de no tener mayor recorrido para el gasto, por no poder soltarse el corsé de una ley de estabilidad presupuestaria y un Pacto de Estabilidad presupuestaria que no tienen ningún sentido.

Se tendría que exigir más a las entidades financieras españolas, las cuales, incluso hoy, presumen de inmensos beneficios y prometen mantener los dividendos, si bien reconocen problemas de liquidez. No parece razonable que estas vayan a recibir una inmensa cantidad de recursos públicos sin que se den con transparencia, sin contrapartida alguna y sin garantías de que esos recursos servirán para que los bancos concedan créditos a empresas y familias.

Es sorprendente cómo hoy una medida como la ampliación de una hipoteca con el correspondiente pago de más intereses tenga que ser cubierto por el Instituto de Crédito Oficial, pudiendo ser simplemente una contrapartida que deberían ofrecer las entidades financieras tras sacarlas el Estado de tantos apuros.

Por el contrario, el plan de rescate del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasa por ser el que menos exige a las entidades y el único que no da detalles sobre a quién va dirigido. Ya sabemos que este Gobierno no lee a John M. Keynes, pero no estaría mal que, cuando menos, imitase a Gordon Brown.

Un Gobierno que se reclama de izquierdas debería ofrecer a la ciudadanía una agenda social de fuerte impacto y crear empleo, con el consecuente desarrollo de la ley de dependencia. Asimismo, debería asentar un modelo que no lo confiase todo a la obra pública, especialmente aquella que nos hace mas dependientes del petróleo, y que se centrase más en la reconversión ecológica de nuestra economía, pasando de la química del hormigón a la física de la movilidad. Para ello, resulta imprescindible un giro a la izquierda con políticas anticíclicas y con un mayor acento en la necesidad de inversión pública.

Joan Herrera es Diputado y portavoz de ICV en el Congreso

Ilustración de Miguel Ordóñez