VICENÇ NAVARRO

El País publicó recientemente (25-04-09), en primera página, un titular en el que se leía “El primer brote de racismo en la crisis”. Cuando se leía el texto en las páginas interiores del rotativo, al cual se refería aquel titular, no aparecía ninguna noticia que avalara tal titular. En realidad, se describía la justa protesta de unos trabajadores españoles que se oponían a que sus empresarios contrataran a nuevos trabajadores pagándoles un sueldo menor. El hecho de que estos nuevos trabajadores no fueran españoles parecía haber sido la causa de que el redactor de tal titular creyera que la raza de estos últimos era lo que explicaba la resistencia de los trabajadores españoles a la contratación de los no españoles. Pero en ninguna parte del texto de la noticia aparecía información de la que pudiera deducirse que la raza de los nuevos trabajadores fuera la causa o una de las causas de la oposición de los trabajadores españoles a los no españoles. No podía, por lo tanto, ser definida como racista, tal como el titular había señalado, de una manera errónea y sensacionalista.

Un ejemplo más extremo de este tipo de reportaje sensacionalista es la cobertura mediática de lo ocurrido en uno de los barrios obreros en la ciudad catalana de Terrassa. Gran número de vecinos de aquellos barrios

salieron a la calle en protesta por la concentración de hijos de inmigrantes en la escuela pública de tales barrios. La Vanguardia, el diario conservador en Cataluña, escribió un editorial (18-07-99) acusando a aquellos vecinos de racistas e intolerantes. Tal comportamiento mediático de La Vanguardia reflejaba una enorme insensibilidad hacia la causa justa que motivaba aquella protesta. Se les exigía a aquellos vecinos que absorbieran los costes de integrar a los inmigrantes que, al pertenecer a culturas distintas, requieren grandes inversiones culturales y sociales que ellos debían proveer al negarse las escuelas privadas (a las cuales los autores de aquel editorial enviaban a sus hijos) a aceptar su cuota de inmigrantes. Catalogar aquellas demostraciones como racistas era negar la justicia de su causa. Esta es precisamente la razón de que tal calificación de racista se utilice tan frecuentemente por las voces conservadoras y liberales (y en ocasiones, también, de izquierdas), que intentan ocultar la discriminación de clase. Se acusa así a las víctimas de tal tipo de discriminación de ser racistas, al no aceptar tal discriminación. El término racismo constantemente oculta la realidad de discriminación de clase existente en nuestras sociedades.

Ni que decir tiene que en tales protestas frente a la población inmigrante por parte de la clase trabajadora pueden existir comportamientos racistas. Existe hoy en España y en Europa un gran crecimiento de la inseguridad y una notable disminución de la protección social como consecuencia, entre otras razones, de las políticas liberales promovidas por la Unión Europea. Y hay que entender que es racista no el más ignorante, sino el más inseguro. Es precisamente esta inseguridad lo que explica el gran crecimiento de la derecha y ultraderecha en Europa, que ha hecho del anti-inmigrante su bandera. No entender estas causas es confundir ser anti-inmigrante con ser racista, considerando el racismo como un fenómeno meramente cultural. Es un error creer que se combatirá el racismo mediante campañas educativas, celebrando el multiculturalismo. Como también es un error creerse que el racismo desaparecerá mediante la defensa de la inmigración como una aportación necesaria para resolver nuestros problemas (desde la no existente insolvencia de la Seguridad Social, hasta la supuesta indeseabilidad de trabajar en sectores de bajos salarios por parte de la población nativa). En realidad, el apoyo por parte de las izquierdas a la integración de Turquía en la UE se ha promovido como un canto a la multiculturalidad europea y a la salvación de la Seguridad Social, ya que mejoraría la estructura demográfica que supuestamente garantizara su continuidad. Las clases trabajadoras, sin embargo, se perciben amenazadas por tal entrada, pues los nuevos europeos competirían con ellos por puestos de trabajo y recursos sociales.

En este aspecto, es un error asumir que los temas europeos no fueron centrales en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Sí que lo fueron. El 75% de españoles eran conscientes de que las decisiones que toman el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas les afectaban en su vida (según la encuesta del CIS de abril-mayo de 2009). Los establishments políticos, mediáticos e intelectuales tienen que comprender que las clases populares sí que entienden la Unión Europea y no les gustan muchas de sus políticas. Y una de ellas es el estímulo a la inmigración (otra es el descenso de su protección social), incluyendo el apoyo por parte de los partidos de centroizquierda e izquierda a la integración de Turquía a la UE (con la consiguiente entrada de millones de inmigrantes procedentes de un país cuyo salario es la cuarta parte del promedio de la UE-15).

La supuesta falta de trabajadores tendría que haberse resuelto primordialmente mediante la plena integración de las mujeres europeas al mercado de trabajo. Si la UE tuviera el mismo porcentaje de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, la UE ganaría un número mayor de nuevos trabajadores que los que generaría la entrada de Turquía en la UE. Ello requeriría una inversión pública masiva en servicios de ayuda a las familias (centros de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencia), que, además de permitir a la mujer compaginar sus proyectos profesionales con sus responsabilidades familiares (que debieran ser compartidas por los hombres), ayudaría a las familias europeas a tener el número de niños (dos) que desean, según nos dicen las encuestas. La austeridad de gasto

público impuesta por la UE a los países de la Unión dificulta tal desarrollo, prefiriendo reproducir la dependencia en la inmigración. No es de extrañar que los trabajadores se quedaran el domingo en casa o que muchos votaran a la ultraderecha.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabr.

Ilustración de Javier Olivares.