El derecho a voto a los 25 años queda en épocas ya lejanas. Posteriormente 23, luego 21 y hoy en día 18 son los años que la Ley de Régimen Electoral General marca para poder ejercer el derecho al sufragio. Y de nuevo el republicanismo catalán vuelve a insistir en la necesidad de legislar a fin de que pueda hacerse efectivo ya a los 16 porque, más allá de los argumentos que justifican tal demanda, existen las condiciones para llevarlo a cabo. Efectivamente, el PSOE en 2016 votó a favor en las dos ocasiones en que Esquerra por obra del actual presidente del Grupo Parlamentario Republicano, Gabriel Rufián, lo llevó a debate en el Congreso. Y aunque en la primera de las ocasiones el éxito no pudo culminarse por decaimiento de la legislatura, el hecho fue que la propuesta se había abierto paso y el resultado quedó fijado: 174 votos a favor, 144 en contra y 6 abstenciones. Cierto es que al cabo de unos meses, el mencionado diputado insistió y entonces fue rechazada por una escasa diferencia de cinco votos.

En el contexto actual, y atendiendo a estos precedentes, el hemiciclo ofrece una correlación de fuerzas favorable al éxito en esta perseverante demanda de modificación de la LOREG. Así pues, el próximo martes se abre de nuevo la posibilidad de dar luz verde a crear una ponencia para culminar la legislatura con los deberes hechos. Ni se trata de una demanda baladí ni la reclamación está falta de sostén. Al contrario. La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ya en 2011 una resolución que instaba a los Estados miembros al fortalecimiento del sistema democrático situando el derecho al sufragio a los 16 años. De hecho, hoy día Austria lo ha implementado en cuanto a las elecciones generales y Escocia, Gales y Noruega lo han ejecutado en las convocatorias de ámbito regional o local.

Un proceso que pretende por un lado valorar los beneficios de una mayor participación en los procesos democráticos y combatir el desinterés y el desapego hacia las instituciones democráticas por parte de las generaciones más jóvenes. Por otro, curar en salud al mismo sistema puesto que, atendiendo a la evolución demográfica, no asumir el empoderamiento electoral de la juventud conlleva su propia inhibición en un sistema político que, además de contemplar una progresiva y creciente abstención en los procesos electorales por parte de las franjas de electorado de mayor edad, responde generalmente más a los intereses de estas mismas franjas de población que no a la de los más jóvenes.

No es de extrañar, pues, que la mayoría de los organismos que agrupan el asociacionismo juvenil en el conjunto del Estado también lo apoyen por cuanto no se sostiene, por ejemplo, la imprescindibilidad del pleno consentimiento a los tratamientos médicos o el derecho al trabajo y al matrimonio o el mismo deber del pago de impuestos, pero negar la participación de los ciudadanos afectados en la orientación de la política fiscal o en el alcance de los derechos. En definitiva, cerrar las puertas a su integración en donde se dirimen las leyes. A no ser que los miedos a ampliar los derechos de la ciudadanía se fundamenten en los prejuicios de la falta de madurez o en el interés reaccionario de perpetuar una infantilización de la juventud. Tampoco caben argumentos que pretendan justificar su rechazo en la necesidad de gozar de un escenario de mayor estabilidad política ¡Falso! Existe la correlación de fuerzas que se requiere y además el partido socialista no debería dudar puesto que lo lleva incorporado en su programa electoral. En definitiva, se trata de una demanda compartida por el conjunto de las fuerzas políticas progresistas basada en la idea que, si bien las decisiones afectan en gran medida al presente y al futuro de los jóvenes, que si bien tienen reconocido los derechos democráticos de manifestación, asociación y libre expresión, se les niega la participación sin más.

El martes día 27, la diputada más joven del Congreso Marta Rosique (representante de la organización juvenil republicana Jovent Republicà), abanderada desde hace años de esta reivindicación compartida por tantos otros colectivos, substituirá a Gabriel Rufián en la demanda de convertir la actual legislatura en un hito. En consecuencia, la mayoría progresista parlamentaria que hizo posible la investidura, la misma que a trancas y barrancas hace frente a los embates de la derecha amenazante y creciente, los mismos grupos parlamentarios progresistas que no tiran la toalla a pesar de todas las dificultades para encontrar puntos de encuentro para revertir las leyes profundamente reaccionarias promovidas por el PP no deberían desaprovechar el escenario actual para que, de una vez por todas, rebaje la edad para votar.

Las oportunidades, que no son tantas, deberían aprovecharse. Lo otro, desengaño, frustración y munición para la derecha.