ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ

La inmigración, junto con el cambio climático y todo lo que comporta, va a ser una de las cuestiones políticas más importantes de las próximas décadas. Por ello, afrontarla integralmente, estudiando todos los efectos –positivos y negativos– para diseñar estrategias inteligentes, es lo que debería hacer Europa.

La política europea de inmigración, hasta ahora, ha dejado mucho que desear: véase la respuesta frente a la eufemística Directiva de “retorno de inmigrantes”, que, ante la dureza del trato y la parcialidad en la actuación con los expulsados, no ha tenido más remedio que argumentar: “¡Mejor eso que nada!, ¡al menos así esas personas tienen algunos derechos cuando las llevan a un centro de internamiento o cuando los expulsan!”. Ante este planteamiento, la pregunta llega sola: ¿Cómo han podido entrar en la Unión Europea países que no respetan los derechos humanos más esenciales? Ahora bien, todo es corregible, y en esa línea de mejora podrían ir las cosas si finalmente se aprueba el Plan de Inmigración y Asilo que estos días han aprobado Francia, Alemania y España y que, parece, va a abrir una solución integral para afrontar la inmigración en Europa (lucha contra la inmigración ilegal, favorecer la inmigración legal asociada a la demanda del mercado de trabajo, integración de los inmigrantes en nuestras sociedades, plan de ayuda y cooperación con los países que generan inmigración para su desarrollo).

Frente a la confusión europea en la materia, considero que la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puede ser el ejemplo a seguir por los restantes países de la Unión. En España hemos sabido hacer frente con firmeza a la inmigración ilegal con el control de fronteras, hemos firmado más acuerdos de repatriación que ningún otro país, hemos puesto más dinero que nunca para la ayuda humanitaria y la integración, hemos aprobado un Plan de Ciudadanía en Integración (PECI), estamos aportando ya más del 0,5 del PIB en Ayuda al Desarrollo y hemos organizado un proceso de contratación en origen que facilita la inmigración legal.

Además, en el 37º Congreso del Partido Socialista se ha aprobado una Resolución que pide el voto en las elecciones municipales de los inmigrantes regulares que lleven más de cinco años en nuestro país. Medida que, sin duda, ayudará a la integración de esas personas y a que se les tenga más en cuenta.

Aquellos que tienen una idea decimonónica de la ciudadanía asocian el derecho de sufragio con la nacionalidad. Sin embargo, hoy estamos en los inicios del siglo XXI y vivimos en sociedades abiertas, multiculturales, multirraciales en las que la homogeneidad del siglo XIX ha desaparecido. Y, además, esto es un hecho imparable, digan lo que digan los Estados o la Unión Europea. Vivimos en sociedades con un porcentaje de dos dígitos de personas residentes que no son nacionales, pero que están legalmente. Personas que trabajan, que contribuyen a la riqueza nacional, que reclaman servicios públicos, pero que no votan.

El voto en una democracia representativa es fundamental; es la forma más fuerte que tiene una persona o un colectivo para hacer valer sus derechos e intereses. Digámoslo con claridad: si votas, cuentas. Si no, tan sólo la caridad, la moral o la pretensión de quedar bien ante otros hace que la política se interese por esas personas.

Dice Philip Pettit, un autor que gusta mucho al presidente Zapatero, que la “libertad como no dominación” es aquella que tiene un individuo que vive en una sociedad donde los otros no interfieren en su actuar de forma mediata o inmediata, no le tratan arbitrariamente o, actúan, sin más, en su nombre. En definitiva, que la libertad en una sociedad no es tan sólo la “no interferencia”; es poner las condiciones para que las personas puedan actuar y expresarse como deseen, sin miedos o condicionamientos debidos a la situación de poder que sobre ellos detentan otros.

¿No creen ustedes que eso es lo que sucede con los inmigrantes que llevan años entre nosotros y que, estando legalmente, no pueden votar? Los extranjeros son, como también dice Pettit, “ilibres”, que en la práctica no tienen libertad puesto que no pueden hacer valer sus derechos mediante el voto en las elecciones. Por eso, que al menos participen de las elecciones municipales me parece más que de justicia, de dignidad. Vamos a hacer que esas personas sean un poco más libres y los vamos a integrar más en la sociedad donde trabajan, contribuyen y necesitan prestaciones.

Algunos puede que digan que esto es difícil con la regulación de nuestra Constitución. Para ellos, sólo unas líneas finales que les animen a una pequeña “investigación” en Derecho Constitucional e Internacional.

El artículo 13.2 de la Constitución establece que a los extranjeros se les puede reconocer el derecho de sufragio en las elecciones municipales si hay acuerdo de reciprocidad con el país del que son nacionales. Pues bien, vean los Convenios de Cooperación y Amistad suscritos por el Reino de España con Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y, especialmente Chile (Convenio de 19 de octubre de 1990), y comprobarán lo fácil que es solucionar el problema con los nacionales de estos países. Si, además, comprueban que, por ejemplo, Chile aprobó ya dos leyes (la Ley 18.556 y la Ley 18.700) que reconocen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los extranjeros que hayan residido cinco años en su país -cómo por cierto han hecho otros países-, verán que las condiciones para que los chilenos voten en España ya están dadas.

Elviro Aranda Álvarez es diputado del PSOE y vicepresidente primero de la Comisión Constitucional

Ilustración de Iker Ayestaran