En el otoño de 2015 nuestra vida política vivió un punto de inflexión tan importante como el que había representado el 15M. Las elecciones al Parlamento de Cataluña, que habían tenido lugar el 27 de septiembre, arrojaron una mayoría parlamentaria decidida a iniciar la senda del independentismo. Pocas personas comprendieron el acontecimiento. Uno de ellos fue José Luis Serrano, por entonces presidente del grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Ese mismo otoño, unos meses después de que el PSOE renovara por enésima vez su mandato en Andalucía, Serrano aprovechó una sesión de control de la presidenta de la Junta para proponerle una alianza.

“Creo que voy a sorprenderla, señora presidenta”, dijo al comenzar. Y no era para menos: le propuso un “pacto de Estado” para sentar las bases de una reforma constitucional que evitase el torbellino independentista y toda la basura que, sin duda, iba a remover. Los cambios en el panorama catalán habían dejado un hueco en la dirección política de España que llamaba a Andalucía: “en el momento en que Cataluña ha dejado el espacio de la vanguardia, el espacio de la vanguardia le corresponde a Andalucía. Vamos a liderar esto”.

Serrano tendió la mano a Susana Díaz para hacer frente al desafío independentista y la tentativa centralista. Y añadió: “cuenta con nuestro apoyo total” si Ciudadanos le abandona, si se materializa “su carácter jacobino, asimétrico”, que busca la “unificación por abajo”. Serrano se refería a lo que Ciudadanos heredaba de una de las primeras formaciones en solicitar tanto la reabsorción de las competencias de educación y sanidad como la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña: UPyD. Y precisamente por eso Andalucía debía poner la sanidad y la educación al resguardo: porque entre independentistas y centralistas la autonomía corría peligro. Y la salida era el sistema federal.

Susana Díaz rechazó el guante con la altivez que ha caracterizado su trato hacia Podemos Andalucía. Aunque se le hablaba de federalismo, ella contraatacó con la acusación de que eso era independentismo: había tomado la decisión de emprender la vía españolista; de contrarrestar el nacionalismo catalán con nacionalismo español; el independentismo con centralismo. Aquel otoño de 2015, el PSOE cometió un error histórico de graves consecuencias que han tardado tres años en cristalizar.

Susana Díaz adelantó al rey Felipe VI en eso de dar mensajes institucionales en la televisión pública para meter en vereda a los independentistas. Jugar al españolismo siempre es peligroso, porque este tipo de nacionalismo es esencialista por naturaleza. Rara vez adopta convicciones cívicas y, cuando lo hace, es como si muriera por implosión. Pese a la retórica “constitucionalista” –que comienza y acaba en el término, ¡qué lejos estamos del “patriotismo constitucional”!–, el españolismo es una autopista por la que rugen sin control las nociones xenófobas, excluyentes y preconstitucionales con toda la fiereza de que son capaces unas ideas que se curten en mitos, no en consensos.

La aventura españolista del PSOE tuvo un reflejo inmediato en el ruedo político. Por un lado, se puso en marcha un discurso espurio de la Constitución. El PSOE accedió a señalar, como ya lo hacían las fuerzas conservadoras, la existencia de un bloque de partidos “constitucionalistas”. Para ello usaban como único criterio la homogeneidad compartida en cuanto a cierta visión de España y el modelo territorial. No importaba nada que una fuerza estuviera en contra de la libertad de expresión si defendía a puñetazos la unidad de la patria, ni si anhelaba fulminar los derechos sociales reconocidos en la Constitución y desarrollados en estatutos de autonomía como el de Andalucía. Por el contrario, todo lo que no coincidiera con esa manera de pensar y sentir España quedaba desplazado y estigmatizado como separatista. Los partidos “constitucionalistas” se distinguían por oposición a los “otros”: los “populistas”. Ante la indisposición de asumir el debate para edificar un proyecto federal, se optó por estigmatizar a quienes así lo intentaban. El tiempo ha demostrado que mantener cerrado el debate sobre la organización territorial del poder y los derechos se lo pone fácil a quien quiere abrirlo a patadas. Cerrarlo a cal y canto ha terminado significando introducir un agujero negro en la racionalidad necesaria para encarar el problema territorial sin traumas.

Por otro lado, el propósito de revestir con ropajes constitucionales el discurso españolista ha cuarteado la Constitución y relegado el Estatuto al limbo de los inocentes. Este enfoque comunicativo y cultural ha pifiado la pedagogía constitucional de la que tanto se benefician los pueblos, pues no ha hecho ascos a la apropiación sectorial y partidista del ordenamiento constitucional con el pretexto de su defensa contra los “otros”.

Era uno de los riesgos que se asumían al poner el énfasis en el carácter obligatorio de ciertas cláusulas y relativizar hasta límites insospechados el valor normativo de otras tantas. En la percepción popular, esto ha redundado en una banalización del conjunto. La Constitución fue bastardeada porque pasó a darse supremacía absoluta a algunos de sus aspectos institucionales y orgánicos (la unidad de la patria, los símbolos nacionales, el Estado de derecho...) ignorando los demás pilares (el pluralismo, la participación política, el Estado social...). Si algo demuestra la historia es que las constituciones están en vigor o no lo están; si sólo rige un fragmento de la Constitución, se la condena al fracaso. Los discursos que a esto contribuyeron incluso con la mejor de las intenciones terminan codeándose con discursos autoritarios. Y éstos, que al principio te llevan a su terreno y te contaminan con las trampas demagógicas del “pensamiento fácil”, poco a poco, impregnan el sentido común.

Como consecuencia de este proceso, el PSOE cayó en la pendiente inclinada del españolismo. Sería elogiable que hubiera intentado sumarse a la ola para evitar la capitalización íntegra del sentimiento españolista por parte de la derecha de no ser porque, más bien, la maniobra ha infundido buena parte de la energía necesaria para que el tsunami derechista se produzca. El objetivo del PSOE era comprensible después del susto de las elecciones autonómicas de 2015 que dieron a Susana Díaz los peores resultados conseguidos en Andalucía. Había que ingeniar una estrategia para retomar la confianza del electorado. Sin embargo, el PSOE se propuso conseguirlo por medio del monopolio de la izquierda andaluza (algo que IU le había puesto fácil y el extinto PA facilísimo). Para esto necesitaba vencer a quienes estaban a su izquierda. Pero el PSOE no quería una victoria temporal ni tampoco un poder compartido en un marco de competencia limpia. Quería una derrota total y definitiva.

La estrategia para alcanzar ese objetivo fue doble. Lo primero consistió en someter a Podemos a una minoría de edad perpetua: como los niños, Podemos (y después toda Adelante Andalucía) eran irresponsables. Necesitaban un tutor que conociera cómo funciona el mundo de los adultos. Este tratamiento condescendiente presentaba a Podemos e IU como la representación de un infantilismo ingenuo al que no se podía tomar en serio. Este mensaje de frivolización de la izquierda que escapase a la órbita socialista fue calando poco a poco con una eficacia atronadora.

Al mismo tiempo, la identificación arbitraria de Podemos con el “populismo”, o con la propia Le Pen incluso, trató de escandalizar a la opinión pública día tras día. Junto a la frivolización de toda alternativa izquierdista al PSOE, éste creyó conveniente ir practicando su demonización. El estigma de “populista” (lo que venía a decir inútil y a la vez peligroso) se iba sedimentando a cada propuesta y posición que adoptaba Podemos en el Parlamento de Andalucía, con todo paso que daba o dejaba de dar. Al final, escandalizar a una sociedad atenazada por la inseguridad con la gramática españolista y seudo-constitucional llevó a deshumanizar por completo al adversario de izquierda: inútil, peligroso y, por extensión, separatista.

Se le situaba como algo ajeno al consenso constitucional y por ello sin derecho a pronunciarse sobre él (“aquel 4 de diciembre Podemos ni estaba ni se le esperaba”, llegó a reprochar Susana Díaz a José Luis Serrano). Paulatinamente se le fue presentando, a diestra y siniestra, como un caballo de Troya que el independentismo catalán (cuando no ETA) había colocado en el interior de las instituciones andaluzas. Así se hizo del rival político todo un enemigo del sistema. Y esta lógica sofista ha marcado la legislatura entera, de tal forma que, si tras la victoria de 2015 Susana Díaz celebró haber superado al “populismo”, en el descalabro de 2018 ha apelado al diálogo con las fuerzas “constitucionalistas” para frenar a Vox, marginando en todo momento a la formación morada de los esquemas de la legitimidad.

A día de hoy, es palmario el éxito del discurso españolista: la invalidación y anulación de Adelante Andalucía como interlocutor válido y como sujeto político representativo y digno de respeto era un paso imprescindible. La frivolización de sus integrantes llevó a la estigmatización y esto, en un ambiente de banalización de los valores constitucionales, degeneró en la deshumanización de Adelante Andalucía y, en general, toda izquierda que no se tradujera en el PSOE.

Por el camino han ocurrido tres cosas. En primer lugar, el PSOE, lejos de salirle al paso con críticas pertinentes, lejos siquiera de imponer matices, ha alimentado una atmósfera de radicalización españolista propicia para la derecha hooligan y Varón Dandy. Si es cierto, como recuerda Ignacio Sánchez-Cuenca, que “la crisis catalana ha activado el lado más excluyente e intolerante del nacionalismo español”, quien más ha avivado ese fenómeno ha sido el PSOE. Ha sido el partido de Susana Díaz, antes que Ciudadanos o el Partido Popular, quien mejor ha contribuido a la emergencia de Vox.

En segundo lugar, presentándolo como el enemigo interno que el independentismo catalán había introducido en Andalucía, de una parte, y como el ensimismamiento izquierdista condenado a la inanidad y la derrota, de otro lado, el PSOE no sólo ha fulminado el potencial transformador de Adelante Andalucía. Literalmente, ha apestado a Podemos con tal de negar el derecho a existir a toda izquierda no afincada en el PSOE. Nada que no sepan los supervivientes del PA y los veteranos de IU.

Correlativamente, ambas consecuencias han desplegado una tercera, inesperada en los cálculos del PSOE y, qué duda cabe, en los de Adelante Andalucía. En un contexto de españolismo agresivo, las izquierdas siempre terminan desacreditadas y situadas en el punto de mira. El españolismo ha producido la transmutación derechista del espacio público y las ideas sobre lo común. Ninguna fuerza progresista podía salir bien parada. El temor a un enemigo absoluto como Podemos, certificado por el PSOE, no ya por Jiménez Losantos u otros portavoces usuales de la ultraderecha, llevó al envalentonamiento de la derecha y a que las costuras del centrismo saltasen por los aires.

La desesperanza inoculada entre las corrientes de opinión progresista en relación a las posibilidades e intenciones reales de Podemos antes y Adelante Andalucía después, en torno a su capacidad, desembocó en algo insólito en la historia de la democracia española pero muy común en Europa desde hace años. Nos referimos a la vasectomía entre partidos hegemónicos de izquierda (PSOE en este caso) y otras opciones de izquierda minoritarias o más jóvenes. En otras palabras: la inexistencia de vasos comunicantes entre PSOE y Adelante Andalucía obedece, fundamentalmente, a la anulación de esta última por el primero. El votante progresista y crítico con los gobiernos socialistas ha ignorado las urnas en el preciso instante en que el fantasma de la extrema derecha ha aparecido en el ascensor, en el tajo y en las redes sociales. Descontento con el PSOE, había interiorizado paradójicamente lo que éste (y no sólo la derecha) tanto le animó a creer: que fuera del PSOE no había nada.

El PSOE cometió un error en el otoño de 2015. Andalucía, lo hemos dicho muchas veces, es quien marca la norma en el resto del Estado; no al revés. Por eso era crucial que, tras el camino emprendido por el independentismo, Andalucía encabezara un proceso de reforma territorial de signo federal. Sin embargo, al menospreciar esta opción, infantilizar a Podemos Andalucía y, por último, abrazar los discursos y maneras de la extrema derecha, el partido de Susana Díaz emprendió un camino que ha terminado conectando a Andalucía y, como seguramente veremos en unos meses, a España con la ultraderecha europea.