Ximo Puig y su concordato con el Cardenal Cañizares

Por el Decreto 37/2022, de 25 de noviembre, de la Generalitat Valenciana se crea un órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno valenciano compuesto por cinco representantes de la Comunidad valenciana y cinco de la Iglesia católica valenciana cuya función será, entre otras, la de asesorar “a la Administración en el establecimiento de cuantos protocolos, procedimientos, metodologías y criterios de actuación coordinada sean necesarios para la promoción del derecho a la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades”. El decreto contiene un larguísimo preámbulo en el que se alaba el modelo de las relaciones Iglesia- Estado en España, el Concordato de 1979 y el anti laico artículo 16 de la Constitución Española. No nos explicamos cómo los socios del gobierno de Puig, que tanto claman por el laicismo en los mítines electorales, han podido tragar con semejante bodrio confesional que acaba de decretar Ximo Puig.

Aunque en el Decreto se reconoce que las relaciones Iglesia-Estado son competencias del Estado central ello no es óbice para que, a continuación, se declare que es una obligación la cooperación del Gobierno de Valencia con la Iglesia católica y que los intereses de educación, sanidad, asistencia social, patrimonio cultural, adoctrinamiento de menores en las escuelas públicas etc. deberá ser encauzada por esta recién creada Comisión mixta. Llama la atención el énfasis que se pone en este decreto en” garantizar” el adoctrinamiento de los menores en la religión católica en la escuela pública.

En nuestro país existe una Constitución que no es laica ni tampoco aconfesional ya que se privilegia y se obliga al Estado a colaborar con la iglesia católica y también existe una ley orgánica de libertad religiosa que reservó al Estado las relaciones con la iglesia católica y el resto de religiones, pero ello no ha sido obstáculo para que muchas Comunidades Autónomas e incluso ayuntamientos, más allá de lo que dicen sus Estatutos de Autonomía o lo que prevé la ley de bases de régimen local , se hayan puesto a firmar convenios, de todo tipo, con la Iglesia católica y otras religiones para, además de las obligaciones suscritas por el Estado, estas se obligan a sí mismas con más compromisos con la Iglesia católica que suelen conllevar compromisos económicos y financiación añadida. Pero, ¿por qué razón si el Estado central ya financia a la iglesia católica a través del IRPF y otros mecanismos, las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos firman convenios de ayudas financieras diversas a las iglesias a nivel regional o local?

Un caso extremo ha sido Cataluña que, tras la polémica reforma de su Estatuto de Autonomía en 2006 introdujo en el artículo 161 del mismo una obligación que declaraba al gobierno catalán responsable de las relaciones con las entidades religiosas en clara contradicción con el artículo 21 de la Ley orgánica de libertad religiosa que reserva esta competencia al Estado; pero más allá de estos barroquismos jurídicos sobre las competencias de las CCAA y el Estado central que, por otro lado, ponen de manifiesto que la Constitución del 78 hace aguas por muchos lados, la realidad es que todas las administraciones públicas en España se afanan en firmar todo tipo de convenios y ceder todo tipo de regalías a la Iglesia católica y al resto de religiones minoritarias. Eso sí, a la mayoría de la población que no profesamos ninguna religión o somos ateos, ni nos consideran en esos acuerdos y pactos que suscriben por doquier para “gestionar la diversidad religiosa”. Y todos esos acuerdos y pactos establecen que las religiones y las iglesias tienen un carácter benéfico per se, carácter que pocas veces se puede contrastar con la realidad.

Pero, volvamos a la Comunidat Valenciana. ¿Ha servido para algo un gobierno de progreso para el desarrollo del laicismo en Valencia? Con toda sinceridad, no ha servido para nada. La Iglesia católica en Valencia y sus organizaciones siguen igual de fuertes sino más y en ello tiene mucho que ver la financiación pública. En cuanto al sistema educativo valenciano las cifras de escolarización en la escuela privada o privado concertado- en todos sus niveles- es prácticamente el mismo que hace diez años representando el 32,38 (286.000 alumnos) del alumnado ya que hace diez años esta escolarización en los centros privados o privados concertados representaban un 32,15%. Además, en los niveles ESO, estos porcentajes se han incrementado y en la enseñanza infantil la escolarización en la enseñanza privada concertada es más alta que en que la pública y lo mismo vemos, como tendencia, en la enseñanza de Formación Profesional superior. Por supuesto que el Gobierno de la Generalitat ha tenido algún gesto y al principio se tomaron algunas medidas para cerrar alguna unidad concertada, pero a las primeras manifestaciones de la derecha católica valenciana el gobierno se echó para atrás y además las cuantías de los módulos de los conciertos han subido considerablemente.

Ciertamente la ley Celáa y la ley de formación profesional no han contribuido para frenar esta tendencia de consolidación de la red concertada de colegios, pero tampoco se ha hecho nada especial desde la Generalitat valenciana ya que cada año sigue aumentando la factura de dinero público para los colegios católicos. Ni se ha sabido ni se ha querido impulsar la escuela pública en la Comunidad valenciana.

En el sistema universitario, las universidades privadas (en Valencia unidas al catolicismo) han incrementado su influencia en el número de alumnos de manera espectacular ya que han pasado de representar un 10,4 %del alumnado en el curso 2010 al 27%( 47.00 alumnos) en el curso 2021. Pero, además, llama la atención que, en los Másteres, la Universidad privada ya ha alcanzado a la Universidad pública, representando el 50% del alumnado matriculado en másteres. Es decir que en esta carrera de la mercantilización universitaria el Gobierno de la Generalitat se ha demostrado totalmente incapaz de frenar la tendencia. Es cierto que desde la Generalitat se intentó algún gesto como, por ejemplo, excluir a las Universidades privadas de la convocatoria de becas públicas, pero las Universidades católicas valencianas lo impugnaron y ganaron en el Tribunal Supremo. Es sorprendente que, en la proyectada ley de Universidades, el Ministro actual no haya previsto la más que necesaria prohibición de recibir becas públicas en las Universidad privadas.

Pero donde aún ha tomado más peso la iglesia católica en Valencia ha sido en toda la red hospitalaria y de asistencia social donde sus órdenes religiosas están muy implantadas y que, bajo el aura de entidades benéficas, están haciendo un gran negocio. En el terreno del negocio de las residencias de ancianos la Generalitat, desde la Consejería que ocupara de Mónica Oltra, se ha demostrado incapaz de dar una verdadera alternativa publica a este oscuro y lucrativo negocio; la Generalitat ha sido incapaz de impulsar programas de residencias o sistemas alternativos para los ancianos máxime cuando la Comunidad de valencia se sitúa entre las peor dotadas de España en este campo. De las 27.676 camas en residencias, 14.726 están concertadas en residencias de las entidades religiosas u otros negocios y 7.383 son privadas, representando las plazas en residencias públicas solo 5.566. Es decir, el negocio está en manos privadas y con muchas deficiencias y sin embargo la factura de dinero público es cada año más alto. Es un negocio que se deja en manos de la iniciativa privada y de las ordenes religiosa y que no existe ningún plan para que sea de otra manera: aquí lo único que se ha hecho es pagar la factura publica de las plazas concertadas y hacerse fotos en las cenas caritativas de navidad, no muy diferente a lo que hacían los gobiernos del PP. En cuanto a las residencias de menores tutelados el asunto es escandaloso ya que el 78% de las plazas en residencia lo son en entidades privadas la mayoría de la iglesia católica y con un funcionamiento que deja muchísimo que desear. La asociación Europa Laica denunció, ante la fiscalía, el caso del colegio de huérfanos de San Vicente Ferrer que exigía la partida de bautismo para escolarizar a los menores; el asunto acabó en nada ya que la orden religiosa que rige ese negocio decidió, unilateralmente, ante la denuncia presentada, suprimir ese requisito, pero lo más triste del caso es que la Generalitat, ante la investigación de la fiscalía, se mantuvo pasiva. Es cierto, sin embargo, que la Generalitat ha intentado desarrollar un plan de desinstitucionalización de los centros de menores y favorecer el acogimiento en familias, pero este asunto también es complicado ya que este tipo de acogimiento ha acabado también, al final, convirtiéndose en un negocio de “familias” que son compensadas por una cantidad y muchas veces también controladas por organizaciones religiosas.

En el ámbito del patrimonio cultural de raíz religiosa la Generalitat anunció que batallaría por recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, pero hasta la fecha no sabemos de las gestiones anunciadas y ni siquiera ha modificado la ley de patrimonio cultural valenciano en la cual se podría haber dado una solución, aunque fuera parcial, a este escándalo de la inmatriculación del patrimonio cultural en favor de la iglesia católica.

En otros asuntos como comedores sociales, ayudas de emergencia, albergues, casas de refugio de mujeres maltratadas etc. las organizaciones de la iglesia católica en Valencia están a la cabeza: desde el banco de alimentos hasta Caritas y todas ellas recibiendo dinero público a manos llenas. Cuando la iglesia está fuerte en el negocio de la caridad significa que la solidaridad social y el Estado de bienestar flojea. Son muchas las cosas que podríamos comentar, pero valgan estas, como meros ejemplos, de como, por incapacidad o por inercia, se acaba haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos sin tener unas directrices claras en las ofertas lectorales y mucho menos saber ponerlas en marcha cuando se llega al gobierno. Parece que la política debería ser menos teatro y más acción y compromiso con los programas electorales porque si no se corre el riesgo de ocupar el gobierno por el hecho mismo de gobernar y de tener ciertos privilegios.

El que fuera arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares, hoy ya cardenal, y que representa el ala más reaccionaria de la iglesia católica y que fuera aclamado por el gobierno del PP en esa Comunidad, como cuasi un héroe, ha declarado lo siguiente sobre la recién Comisión colegiada Iglesia - Generalitat valenciana: “si todas las Comunidades Autónomas tuviesen una comisión así, se evitarían muchos problemas en estos momentos. Es un anticipo y un signo de futuro”. Parece que el laicismo solo se proclama en los mítines electorales cuando es un principio indisociable de la democracia y que este decreto promulgado por Ximo Puig pisotea con todas sus fuerzas .