Esta legislatura viene marcada por la prostitución. Desde la legalización “accidental” del Sindicato OTRAS por parte del Ministerio de Trabajo, al “éxito garantizado” que la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, le reconocía al comisario Villarejo por la inauguración de su prostíbulo según filtraba Moncloa.com.

Es un problema que pasa de mano en mano, y a punto estuvo de estallarle al PP por aquello de los “volquetes de putas” pagados con dinero público, aunque ahora se de la mano con el PSOE en su camino hacia la abolición. La prostitución es una patata caliente que los partidos políticos se pasan bajo la mesa y que parece no explotar nunca. Sin embargo, el debate está centrado en el activismo.

Las últimas iniciativas de la contra, por ejemplo, buscan pasar el foco de la “víctima” al “putero”. El colectivo de prostitutas asegura que esta vía es igual de punitiva para ellas, ya que ataca directamente a su fuente de ingresos. Pero desde el abolicionismo aseguran que sin prostitución no hay trata, y han decidido atacar el problema de raíz.

De momento lo de centrarse en el varón ha sido un éxito, no porque las cifras hablen —las cifras de consumo de sexo de pago llevan años desactualizadas—, sino porque las instituciones han apoyado este discurso.

La última campaña, lanzada por Médicos del Mundo Aragón, invita a los hombres a fotografiarse con un cartelito con el hashtag #yonosoyputero.

Desde hace tres años investigo y critico el modelo de funcionamiento del lobby del sexo en su búsqueda por legitimar el negocio. Los datos (o la ausencia de ellos) y los testimonios revelan que no hablamos de un modelo limpio, mucho menos transparente. El gran nicho de mercado son hombres de todas las edades y perfiles, y gran parte lo dirigen proxenetas disfrazados de empresarios para seguir beneficiándose de una de las actividades más rentables después de la venta de armas. En este contexto, el Estado saca tajada de ello. Las estadísticas hablan de un negocio que supone un 0,35% del Producto Interior Bruto en España junto con el tráfico de drogas. También somos pioneros en turismo sexual, y se estima que tenemos un total de 1.500 locales de alterne. Las cifras vienen del Instituto Nacional de Estadística pero no son conclusivas por ser una actividad que se mueve en la economía sumergida.

En estos tres años de investigación las dos mayores lacras siguen siendo las mismas: la trata y la falta de alternativas para las mujeres que desean salir de ese mundo.

En el caso de mi trabajo, por ejemplo, las denuncias están ahí, pero los proxenetas salen a la calle por criterio de la fiscalía gracias a unos excelentes abogados.

Por eso también entiendo y comparto las dudas la eficacia y efectos reales de las campañas contra la prostitución. Los clientes pasan a ser un problema menor en comparación con todos esas situaciones en los que las prostitutas no se atreven a denunciar a su proxeneta o se sienten ignoradas por las instituciones. Cada semana se desmantelan por todo el país pisos donde se explota sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, inmigrantes su mayoría, pero existe un número importante de denuncias y chivatazos que se han archivado y no han seguido adelante.

En su lugar, las campañas por la abolición se dirigen más a satisfacer esa necesidad ególatra de presentarnos como héroes o salvadores. Es una cuestión compleja, y quizás criminalizar no sean el mejor modo de concienciar. Por simplificarlo: se puede vender humo o atajar el problema de un modo real. Convertirnos en el “azote de los puteros” no tiene un efecto positivo entre los sectores más reacios a reconocer su responsabilidad con la trata de mujeres.

Pero ese esa es precisamente la finalidad de #yonosoyputero, darnos una palmada en la espalda por no pagar por sexo en lugar de señalar a los consumidores.

Por su parte, las instituciones muestran más interés en organizar eventos con nombres estrella que en mejorar la situación de las mujeres a las que pretenden defender. No es un argumento nuevo: las prostitutas no pueden denunciar, no tienen demasiadas alternativas, ni encuentran voz en este asunto si su argumentario no pasa el filtro que la Academia recomienda.

Pero la Academia nunca podrá transmitir al público general los riesgos existentes en ese negocio de análisis de sangre fraudulentos, fraude fiscal, agresiones sexuales y coacciones con la misma credibilidad que las voces que las sufren.

Definir la prostitución como una institución patriarcal desde esa visión academicista puede privarnos de entender la correlación entre las cifras de paro, el fracaso de la Universidad y la situación de precariedad con la captación de mujeres para su explotación sexual.

Este vacío argumental es lo que aprovecha el lobby en nuestros medios para difundir con calzador su argumentario de que la prostitución o la pornografía son una alternativa laboral empoderante. Todavía puede verse la entrevista titulada “En el porno no hay trata” que Risto Mejide le hacía a Amarna Miller en Antena 3 allá por 2015, antes de que se uniera a la campaña electoral de Podemos.

La realidad de la industria da una versión muy distinta, pero hasta ahora no la hemos podido descubrir en un espacio de gran audiencia.

¿A quién beneficia todo esto? Porque lo que el activismo y la política no defienden, el oportunismo lo explota.

La estrategiaa de comunicación del Sindicato OTRAS, legalizado como digo debido a un supuesto accidente por un Gobierno que se define como abolicionista, ha hecho hincapié en esto último. Las instituciones no escuchan ni establecen un diálogo con las prostitutas.

Las reivindicaciones del sindicato no se han centrado en un combate efectivo para reducir la trata con fines de explotación sexual, o la búsqueda conjunta de soluciones para reducir el número de mujeres explotadas sexualmente. Más bien han usado las redes sociales para lanzar un mensaje incendiario que trata de dañar al rival y barrer para casa.

Otro ejemplo práctico de este tipo de campañas virales que evaden el problema sería el último spot del Salón Erótico de Barcelona. Esta última edición se ha decantado por instrumentalizar el caso de La Manada para hablar de educación sexual mientras las productoras que participan en el evento siguen lanzando los mismos vídeos que reproducen esquemas de dominación masculina en el sexo que son cutres desde los 80. Tampoco han aprovechado su espacio para señalar a ninguna productora abusiva. Los casos de Stoya, o el de Anneke Nekro en España, que expusieron a sus abusadores, fueron una excepción sin ningún tipo de efecto llamada. Parece que al movimiento #metoo aún le queda camino para llegar al porno.

Este activismo pro prostitución acusa a menudo al abolicionismo de explotar las experiencias de las prostitutas, usándolas como arma política y convirtiéndolas en una fuente de ingresos o trampolín profesional. Aunque rara vez se traduce en mejorar la situación de esas mujeres. Las defensoras de esta actividad exponen una especie de industria del rescate que las infantiliza y les impone qué hacer con su cuerpo mientras hablan en su nombre.

Mientras tanto las redes sociales se agitan tratando de identificar a quienes busca ayudar a las prostitutas y quien las explota. Se ha generado un tira y afloja que intenta convencernos de quién las representará. Pero ellas no hablan, y las que lo hacen tienden a tener una situación privilegiada dentro de ese contexto. El resto son caras emborronadas que hablan de mamadas a 20 euros en callejones, y de palizas y amenazas, pero los propios sindicatos afirman que el porcentaje de cifras de trata está amañado y se decantan por estudios que presenten el problema como un porcentaje menor. Al final del día el debate sigue siendo muy selectivo a la hora de legitimar según qué historias dependiendo de la idea que se quiera defender.

El caso es que de un modo u otro, la clase política siempre se escapa del análisis.

Presentar la prostitución como una institución patriarcal o al putero como criminal y cómplice no es el único enfoque. Necesitamos entender cuál es el papel de los dirigentes en las situaciones han llevado al grueso del colectivo a prostituirse.

Aquí las últimas reformas laborales, la subida de tasas universitarias, endurecimiento de los requisitos para acceder a becas, y otras zancadillas para la población joven, tienen mucho que ver.

La prostitución no es una causa, es una consecuencia.

Durante las últimas legislaturas se ha formado el contexto óptimo para la legitimación (y legalización en este caso) de organizaciones que exigen que la prostitución deje de ser alegal. En Suecia ha sido abolida con una tasa de desempleo que no llega al 7%, en España el Gobierno asegura querer lograr lo mismo con una tasa que supera el 15%, a lo que hay que sumar contratos basura y trabajos temporales.

La pantalla nos cuenta que Torbe está en la calle, también nos cuenta que se ha detenido a una red de proxenetas que explotaban a mujeres en un piso de Alicante. En el bar oímos que el putero de turno se va a un piso del centro donde hay brasileñas, y conoce al dueño, a veces es un cura o un policía. Y mientras la demagogia disfrazada de activismo sigue permitiendo a los proxenetas disfrazarse de empresarios y seguir amasando sus fortunas en medio de esta última ola feminista.

Algo ha pasado, algo ha tenido que fallar para que Gobierno y proxenetas puedan escaquearse del debate y nos sigan vendiendo la moto. Ellas hablan de paro y falta de oportunidades, el activismo habla de empoderamiento o alienación.

No se trata solamente de si los hombres tenemos o no derecho a comprar mujeres, sino de identificar que la prostitución se sostiene y nutre por una sociedad desigual que a veces da un paso adelante y dos hacia atrás.

A la vez somos incapaces de cortar la trata o de definirla. Tenemos a las nigerianas, a las víctimas que descansan dos horas al día, a prostitutas de largo recorrido con acento del Este que defienden a sus madammes como si hubieran desarrollado síndrome de Estocolmo o a esas mujeres que prefieren esto a fregar escaleras. También están las que simplemente buscaban dinero fácil y sonríen a cámara mientras destapan un escándalo que involucra a futbolistas. Las productoras pornográficas en España dirigidas por mujeres se cuentan con los dedos de una mano, pero se nos vende la idea de un porno “feminista”. Existe un espectro enorme entre la esclava y la privilegiada que solo le dedica dos horas semanales a esto de prostituirse para pagar su piso en el centro de Barcelona.

Por supuesto también tenemos puteros de izquierdas y de derechas, crueles y filántropos.

Pero no tenemos cifras, porque hablamos de un negocio ligado a la economía sumergida. Y mientras buscamos un culpable o nos posicionamos como salvadores tampoco podemos ofrecer alternativas a todas esas víctimas. Porque esto siempre fue de ellas y no de nosotros.