SEVILLA.- En su sucinto discurso de investidura, Mariano Rajoy ha marcado tres prioridades inmediatas para el inicio de la legislatura: buscar el consenso de todos los partidos para lograr un pacto de Estado por la Educación en el plazo de seis meses; convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado y abordar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica, que lleva dos años de retraso. Ninguna de estas promesas aparecía como tal (y menos con tanta premura) en el discurso que Rajoy pronunció hace siete meses, tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Pero más llamativo aún es que las dos últimas propuestas son las dos reivindicaciones prioritarias de Susana Díaz para Andalucía, las dos fueron reclamaciones explícitas que la líder del PSOE andaluz le hizo a Rajoy hace menos de una semana en el Parlamento autonómico, durante el Debate del Estado de la Comunidad.

Por si había caído en el olvido, en el último Consejo de Gobierno andaluz, este martes, un periodista le preguntó al portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, cuáles serían las principales peticiones que el Ejecutivo andaluz trasladará al futuro Gobierno del PP. Y Vázquez insistió en la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómica, cuya mala aplicación, advirtió, “hace perder a Andalucía mil millones de euros al año”. La otra petición va ligada a la primera, y es la convocatoria inminente de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, que lleva sin reunirse desde 2012. Rajoy, consciente de la fragilidad de su Gobierno, ha concedido ambas demandas en los primeros 30 minutos de su discurso de investidura, después de haberlas ignorado durante más de cuatro años.

En el entorno de Susana Díaz no han recibido este hecho como algo casual: creen que el presidente busca desde el minuto uno la complicidad de la baronesa andaluza como referente más sólido dentro del PSOE. La paradoja es que Rajoy necesita que el principal partido de la oposición le aporte la estabilidad necesaria para culminar una legislatura de cuatro años, marcada previsiblemente por reformas estructurales y por los nuevos ajustes exigidos por Bruselas.

Para lograrlo necesita que el PSOE, un partido deshilachado y con un conflicto interno sin resolver, logre su propia estabilidad interna, y en ese sentido el presidente reconoce en la andaluza la máxima autoridad dentro de su formación, y por tanto su principal interlocutora. Díaz es la presidenta autonómica con más poder institucional, dirige la comunidad más poblada, con un presupuesto de 32.000 millones de euros, y gobierna, como Rajoy, gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos. De hecho, este jueves lo programó todo para que su mayor aval para liderar el PSOE en el futuro -la estabilidad política y económica de su Gobierno- se solapara con el tormentoso debate de investidura.

Un presupuesto de 32.000 millones

Justo cuando Albert Rivera replicaba a Rajoy en el Congreso, en el Parlamento andaluz PSOE-A y Ciudadanos firmaban un acuerdo presupuestario sobre un volumen de 32.000 millones de euros que blinda la tranquilidad política para Díaz en 2017, y contrasta con la incertidumbre sobre las cuentas públicas en el resto de administraciones, incluido el propio Ejecutivo central. Para que quedase claro cuál es el mensaje que quiere trasladar la presidenta andaluza, su número dos en el partido, Juan Cornejo, enumeró una a una todas las comunidades autónomas y el estado de profesionalidad en el que se encuentran sus presupuestos para el año que viene.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este viernes el anteproyecto de ley de los próximos Presupuestos Autonómicos, pero la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado algunas de las grandes cifras. La más importante, quizá, es que el presupuesto aumentará un 2,8% respecto al presente ejercicio, aupado en una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 2,3% del PIB, lo que ha permitido a la Junta diseñar unas cuentas con una previsión de crear 65.000 empleos nuevos en solo un año.

Pese a todo, la titular de Hacienda admite que el presupuesto no es más que una proyección que depende de variables externas que ahora generan mucha incertidumbre, como el efecto del Brexit en la economía española, la incidencia para las comunidades del ajuste de 5.500 millones de euros que Bruselas le exige a España o la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, de los que dependen las entregas a cuenta a las regiones por la recaudación tributaria.

Montero ha dejado claro que Andalucía necesitará que el Gobierno de Rajoy apruebe las cuentas pronto, pero el número dos del PSOE ha matizado en seguida que, tras escuchar al presidente en la investidura, su partido no le dará el apoyo que necesita. “La aprobación de los Presupuestos Generales dependerá de si Rajoy se ha enterado de todas las cosas que tiene que cambiar y de que ya no tiene 186 diputados. Si no cambia de la noche al día, ni presupuestos ni nada”, ha zanjado Cornejo.

El PSOE andaluz ha reconocido que las dos primeras promesas de Rajoy en su discurso son una concesión directa a la baronesa socialista, pero no se les escapa que ese guiño también coloca a Díaz en un serio aprieto frente a los partidos de la oposición situados más a la izquierda. “El PP va a querer matarnos a besos. Tenemos que marcar claramente las distancias desde el principio”, dice un miembro del Ejecutivo andaluz. Podemos e IU ya han definido su línea de ataque: sitúan a Rajoy y a Susana Díaz en el mismo bando y harán corresponsable a la presidenta andaluza de todas las decisiones que adopte el Gobierno central y vayan contra los intereses de esta región.

Para la formación morada, además, es la oportunidad de echar por tierra las constantes acusaciones que vierte sobre ella la presidenta andaluza cada vez que hay coincidencia de voto de PP y Podemos en el Parlamento. “Se le ha acabado el discurso de la pinza. ¿Con qué cara nos va a seguir acusando ahora de aliarnos con la derecha si ella acaba de promocionar a un Gobierno del PP?”, avisa el partido de Teresa Rodríguez.

Pulso en el Constitucional

Todo esto, claro, Susana Díaz ya lo había previsto, de modo que su plan para contraatacar ya estaba escrito y convenientemente argumentado. Para neutralizar las críticas de Podemos e IU (que no le llegarán únicamente desde Andalucía), la presidenta de la Junta no sólo no va a edulcorar lo más mínimo su estrategia de confrontación con el Ejecutivo central. Al contrario, pretende endurecerla, ejerciendo como principal portavoz de la oposición desde el palacio de gobierno en San Telmo.

Hasta ahora, la dinámica entre las dos administraciones era ésta: La Junta denunciaba el “agravio” del Gobierno con Andalucía, y Rajoy reprochaba al equipo de Díaz que alimente la “confrontación constante” con Madrid. La Junta cree que el presidente “ha maltratado a esta comunidad», que no le da lo que le corresponde; y el Gobierno replica que si hoy la Junta puede pagar a sus proveedores y la nómina de sus empleados, es gracias a su “ayuda financiera”. Como consecuencia de este pulso endiablado, el Ejecutivo andaluz mantiene a día de hoy 17 recursos vivos en el Tribunal Constitucional contra leyes de Rajoy.

Andalucía ha recurrido decretos leyes que regularon los ajustes urgentes en Educación, Sanidad, estabilidad presupuestaria o tasas judiciales. Además, consideró insconstitucionales las leyes de Educación (Lomce), la de reforma local o la modificación de la Ley de Costas. Rajoy respondió con el mismo movimiento, interponiendo recursos contra la Junta para paralizar las medidas de contención que ésta había articulado como alternativa a los recortes, como la subasta de medicamentos, las oposiciones de enseñanza Secundaria con una tasa de reposición del 100% o, quizá la más polémica, la llamada ley antidesahucios, aprobada por el Ejecutivo de coalición PSOE-IU en el anterior mandato.

Otros 20 litigios entre Gobierno y Junta fueron resueltos por el Constitucional durante el mandato anterior, de los cuales siete fueron favorables al Estado, cinco parcialmente a favor, una dio la razón a Andalucía en su totalidad y otras siete parcialmente. Entre los pendientes y los resueltos, al cifra alcanza los 37 pleitos andaluces contra el Gobierno.

Este intenso pulso judicial no hace sino evidenciar la confrontación de dos modelos políticos antitéticos. Susana Díaz lleva años defendiendo que su gestión al frente de la Junta de Andalucía es el “paradigma de que hay otra forma alternativa de gobernar”, demuestra que es posible lidiar con la crisis sin las políticas austeras, las privatizaciones, los despidos en el sector público y los recortes del Ejecutivo del PP.

La presidenta andaluza no va a variar esa dinámica y ya ha preparado una lista de demandas pendientes para recibir a Rajoy, medidas concretas que quiere introducir ya en los próximos Presupuestos Generales, y sin ellas, el PSOE podrá allanar su rechazo a apoyar las cuentas del Estado.

8.000 millones de deuda

Sin embargo, casi todas las tensiones territoriales tienen que ver con el dinero (con la falta de dinero), de ahí que la principal prioridad de Susana Díaz y en la que se enmarcan todas las demás es la reforma urgente del actual sistema de financiación autonómica, la forma en la que el Gobierno reparte los ingresos por tributos entre comunidades. El modelo actual, diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra del PP, hace que regiones tan dispares como Andalucía y Valencia coincidan en su crítica, porque ambas se sienten infrafinanciadas. Si se consolida la recuperación económica, uno de los mayores retos de esta legislatura será el diálogo multilateral entre partidos y comunidades para consensuar una nueva financiación autonómica.

En teoría, este asunto irá parejo al debate territorial y a la hipotética reforma de la Constitución, que conlleva clarificar las competencias de las comunidades, del Estado, de los ayuntamientos, y decidir cómo y quién financia cada servicio público. Díaz tiene intención de usar el peso de Andalucía como garante de que se mantenga la igualdad entre regiones y el principio de solidaridad –las mismas bases que el 28F, día de la autonomía andaluza–, y para impedir cualquier tentativa del Estado de ofrecer prebendas a Catalunya para desinflar la burbuja secesionista.

La líder del PSOE-A también ha puesto mucho empeño en abrir cuanto antes el melón de la financiación autonómica para convencer a los socialistas catalanes de que se suban a ese carro, de que peleen desde dentro y abandonen su lucha interna por el no a Rajoy. Díaz les ha dicho que ganarán más si se anticipan al resto de partidos de Cataluña en ese debate del reparto de fondos, que al final será la única forma de afrontar el problema territorial. Pero no parece que por ahora haya convencido al PSC, de momento inmóvil en su decisión de saltarse la disciplina de voto y negar la abstención al presidente del Gobierno.

A partir de este debate, la presidenta andaluza presentará a Rajoy la factura de la “deuda” del Gobierno con Andalucía que asciende a 8.000 millones de euros por varios conceptos financieros, una cifra que ya ha bautizado como “la segunda deuda histórica”, remitiendo a aquel término que tan buen resultado político dio hace dos décadas, cuando la Junta reclamaba al Gobierno central “una deuda histórica” por el déficit en inversiones estatales en Andalucía durante los años ochenta (en esos 8.000 millones se incluye una partida de 2.525 millones precisamente por las infraestructuras pendientes de realizar).

En un segundo nivel, la presidenta andaluza quiere comprometer a Rajoy a cofinanciar la Dependencia, como dice la ley, porque ahora mismo la Junta paga “a pulmón” el 80% del gasto para atención a dependientes. También exigirá mayor implicación del Estado en el proyecto estratégico de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y un plan extraordinario de empleo, similar al que el Gobierno financió en otras dos regiones azotadas por el paro: Extremadura y Canarias.