Unos 90 políticos y funcionarios están en prisión en España por delitos de corrupción

Un total de 78 personas cumplen condena de prisión en España por delitos de corrupción y otras 12 se encuentran en prisión preventiva por ese tipo de delincuencia, según el informe sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Recuerda el CGPJ que los datos de procedimientos judiciales reflejados en el repositorio se refieren a delitos cometidos por funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, tanto el ámbito de la corrupción administrativa como la corrupción política.

Ese repositorio incluye datos del Ministerio del Interior y de la Generalitat de Catalunya a fecha de 1 de octubre que muestran que en 42 casos el delito principal de la condena es la malversación y en otros 21 lo es el cohecho.

Además, los datos del CGPJ indican que los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2017 un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas.

Por comunidades autónomas, las regiones donde se abrieron más procedimientos judiciales por delitos de corrupción fue en Andalucía (con 11 procedimientos) y Baleares (con 5), mientras que en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja no se abrió ningún procedimiento durante este periodo.

Asimismo, entre el 1 de abril y el 30 de junio, los juzgados y tribunales dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30 fueron condenatorias, un 69,8% del total.

La información ofrecida por el CGPJ detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo fueron con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias.

Por otro lado, los datos indican que durante el tercer trimestre del año 60 personas fueron condenadas por sentencia firme por delitos de corrupción, en especial relativos a malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística.

Las comunidades autónomas donde se dictaron más sentencias condenatorias por corrupción fueron Andalucía y Baleares, con cinco, y Galicia, con cuatro, mientras que en Aragón, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja no se dictó ninguna sentencia condenatoria por estos delitos.