El abogado Ben Emmerson, defensor de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ha reclamado "una investigación exhaustiva e independiente" e impulsar "una moción de censura" contra España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a "claras violaciones de los principios fundacionales".

Así se expresa el letrado británico de los tres líderes independentistas en un escrito dirigido al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU al que ha tenido acceso Efe.

Este grupo de trabajo calificó de "arbitraria" la privación de libertad de los tres líderes independentistas por lo que su abogado reclamó a España su excarcelación. El Gobierno, por su parte, remitió una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para expresar su malestar por el contenido de dicho informe e instó a la ONU a revisar este documento por considerar que contiene "errores y distorsiones".

Además, España considera que "hay un conflicto de intereses" entre dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo -cuya inhabilitación pidió formalmente- y el abogado británico, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.

Para Emmerson, las "infundadas" alegaciones presentadas por el Gobierno español fueron solo "una cortina de humo" para "restar valor" a la labor desempeñada por este Grupo de Trabajo.

Se trata, a su juicio, de "un abuso extraordinario de los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas que exige una acción inmediata en forma de una reprimenda formal al Gobierno de España" debido a que esta es "una manipulación deliberada y deshonesta" que resulta "incompatible" con el artículo dos de la Carta de las Naciones Unidas.

Este es un "ultraje" a la ONU que, sostiene Emmerson, debe ser llevado "inmediatamente" al Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados y al Relator Especial sobre la protección de los defensores de los derechos humanos además de ser inevitablemente "rechazado lo más rápidamente posible".

"La conducta de España es una afrenta directa al supuesto de buena fe que está destinado a sustentar la labor del propio Consejo de Derechos Humanos", señala el texto, que tilda los hechos de "un acto de grave corrupción política".

Emmerson acusa asimismo al Gobierno de haber filtrado el citado informe a los medios de comunicación, algo que a su entender es "juego sucio", y critica al Tribunal Supremo por no haber tomado en consideración el escrito -los jueces afirmaron que contiene "afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal"-.

El abogado pide al Grupo de Trabajo que haga llegar su carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Relator Especial sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos.

Reclama, asimismo, que se publique ya el informe sobre los casos de otros independentistas presos, en concreto de Joaquin Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.