Los abogados de Antxon Alonso, dueño de Servinabar y socio de Cerdán, renuncian a su defensa

El abogado Martín Zudaire ha renunciado a la defensa de Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdán en la empresa navarra Servinabar, investigado en el caso Koldo en relación a la presunta adjudicación irregular de obras públicas a cambio de mordidas.

En un escrito al Tribunal Supremo, el abogado anuncia su renuncia y la de los letrados de su despacho, Zubiri&Zudaire, así como la de la procuradora, a seguir con la defensa de Antxon Alonso Egurrola.

"Mediante el presente escrito ponemos en conocimiento de la Sala (de lo Penal) que los letrados y procuradora que lo suscriben renuncian a la defensa y representación del Sr. Alonso Egurrola en la presente causa", señalaban en el documento. 

En consecuencia, según se indica también en el escrito, los abogados solicitan al Supremo que se requiera al investigado para que designe "nuevos letrados y procurador que lo defiendan y representen".

Martín Zudaire ocupó el puesto 15 en las listas de Nacionalistas Vascos al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 1979.

Además, entre los últimos casos que ha llevado, figura la defensa de las ex directoras generales del Departamento de Desarrollo Económico imputadas en el caso Davalor, en el que se investigaban las ayudas públicas que concedió el exconsejero Manu Ayerdi, del PNV, a la empresa Davalor cuando el Gobierno de Navarra estaba en manos de la coalición Geroa Bai.

Por su parte, Alonso aparece en el informe de la UCO en relación al contrato privado de 2016 hallado en el registro de la vivienda, y en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar.

En su comparecencia como investigado en el Supremo, en la que solo respondió a su defensa, confirmó la versión de Cerdán, de que el exdirigente socialista firmó el documento, en un momento en el que pensó abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán habría dado marcha atrás y rompió su documento.

Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero pese a que, según su versión, no tenía ningún valor al no haber sido elevado a escritura pública, por tanto, él fue siempre socio único.

Tras su declaración, el instructor del caso Koldo le impuso una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial.