Servinabar presentó sus cuentas de 2022 y 2023 dos días después de que Cerdán entrase en prisión

El empresario Antxon Alonso, investigado por la presunta entrega de mordidas a cambio de obra pública a la supuesta trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, se apresuró a entregar las cuentas pendientes de su empresa Servinabar 2000 SL en el Registro Mercantil de Navarra el pasado 2 de julio, exactamente dos días después de que su amigo Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, entrara en la prisión de Soto del Real. Así lo demuestran documentos oficiales a los que ha tenido acceso Público.

La mercantil navarra Servinabar 2000, una de las empresas señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio que, por primera vez, vinculaba a Cerdán con una trama de adjudicaciones públicas desde el Ministerio de Transportes, no había presentado las cuentas de los ejercicios 2022 y 2023 en el Registro Mercantil de Navarra, como exige la ley y pese a que ha mantenido su actividad desde su constitución, el 25 de septiembre de 2015. 

Por eso, desde el registro mercantil navarro se había procedido al cierre provisional de la hoja registral en diciembre de 2023, lo que supone en la práctica una sanción que impide que el administrador, en este caso Antxon Alonso, pueda inscribir documentos presentados con fecha posterior a la medida cautelar, según indica el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.

Dicho artículo dice que transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales, el registrador procederá al cierre provisional de la hoja registral, y solo se permitirá la inscripción de algunos movimientos, como el cese de administradores o la revocación de poderes. 

Justamente el 2 de julio pasado, con un año y medio de retraso, cuando el ya conocido como caso Cerdán había alcanzado su cénit, con el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán, tras su declaración en el Supremo, el 30 de junio, Antxon Alonso procedió a regularizar su situación en el Registro Mercantil, con la presentación de las cuentas de los ejercicios de 2022 y 2023. Así consta en la certificación registral en poder de este diario. El Registro aún está tramitando las cuentas, por lo que no se pueden consultar por terceros.

UTE con Acciona

Las adjudicaciones que la UCO considera sospechosas y que afectan a Servinabar son en UTE (Unión Temporal de Empresas) con la constructora Acciona. La primera fue en 2017, para el acondicionamiento de las oficinas del Pabellón Navarra Arena, en Pamplona, por un valor de 3,78 millones de euros, según figura en el informe de la UCO.  

Al año siguiente, la UTE obtuvo el contrato para la rehabilitación del Archivo General de Navarra. También ese año ganó la adjudicación para la construcción de una promoción en Pamplona de viviendas para el alquiler joven.  

La UTE Acciona-Servinabar ganó el concurso, en octubre de 2022, para la construcción de un edificio de vivienda protegida. 

El 26 de Diciembre de 2023, el Gobierno de Navarra otorgó la licitación para el desdoblamiento del túnel de Belate a la UTE Acciona-Osés-Servinabar por 76 millones a la UTE. La adjudicación se hizo pública el 17 de enero de 2024, según consta en el Portal de Contratación de Navarra. Por aquellas fechas, el Registro Mercantil procedió al cierre provisional de la hoja  registral para Servinabar, algo que no fue óbice para lograr el concurso, que sigue vigente a día de hoy, cuando aún no ha concluido la obra.

El hombre de Acciona en Navarra

El hombre de Acciona en Navarra, Fernando Merino, también investigado en la causa, fue el artífice de la unión con Servinabar hasta que fue despedido, en 2021. Él mismo ha reconocido que las alianzas con empresas locales eran preferibles en ciertos territorios como Navarra y el País Vasco para la obtención de contratos públicos. La familia Entrecanales, dueña de Acciona, quiere desligarse de la sombra de Merino, al que responsabilizan de la presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras públicas. 

La UCO considera que Servinabar, cuya sede social está en Pamplona, es clave en la presunta trama de adjudicaciones. En el registro del domicilio de Antxon Alonso, en Elorrio (Bizkaia) los agentes hallaron una escritura privada de compraventa de participaciones sociales entre él y Santos Cerdán. El 1 de junio de 2016, el vasco transfirió a Santos Cerdán "1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituye la sociedad", lo que supone un 45%.   

La escritura de Servinabar

Sin embargo, tanto Cerdán como Antxon Alonso niegan que constituyera en realidad un documento válido, sino que se trató de un borrador que nunca se elevó a escritura pública, negando de esa manera que el ex secretario de Organización del PSOE fuera dueño de una empresa beneficiada por la presunta trama de adjudicaciones públicas.