Acciona, la empresa en el centro de la investigación de las presuntas mordidas

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el que inicialmente se conoció como caso Koldo destripa una operativa para el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que se prolongó durante toda una década. De un lado, un ministro, su asesor y el secretario de Organización del PSOE. Del otro, una docena de empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes; en concreto, del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y de la Dirección General de Carreteras.

De todas ellas, es Acciona la que más protagonismo tiene en el informe de la UCO. Según sostienen los investigadores de la Guardia Civil, consiguió cinco adjudicaciones gracias al dinero cobrado por el asesor Koldo García, el ministro José Luis Ábalos y el ya ex número tres del PSOE Santos Cerdán. A cambio de 620.000 euros, la cuantía en que la UCO cifra las “contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos”. “Si bien, a criterio de Koldo, aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono”, precisan a continuación los investigadores.

El nexo entre la compañía de la familia Entrecanales y la trama es un ejecutivo de Acciona, Fernando Agustín Merino Vera, director del Departamento de Navarra y La Rioja de la constructora. Cuñado, además, de los administradores de otras dos empresas implicadas: Obras Públicas y Regadíos SA y Construcciones Pérez Jiménez SL. Al conocerse el informe de la UCO, la compañía ha revelado que le despidió el 12 de abril de 2021, aunque no ha explicado el motivo.

Acciona, multinacional del Íbex 35, es una de las principales compañías españolas del sector de la construcción que en los últimos años ha extendido su cartera a las renovables o actividades tan diversas como la movilidad eléctrica urbana, el handling aeroportuario o el diseño y gestión de museos y exposiciones. En su día fue dueña de la naviera Trasmediterránea y del 29% de Endesa.

Se trata de una empresa familiar, propiedad en casi un 56% de la familia Entrecanales, una de las más ricas de España. El último ranking de las mayores fortunas que publica cada año El Mundo le otorga un patrimonio neto de 5.035 millones de euros, cuyo 74% se encuentra en bolsa: los Entrecanales son los únicos españoles con dos empresas en el Íbex 35, Acciona y Acciona Energía, que suman 14.620 millones de euros en capitalización bursátil. Pero también tienen otros negocios: seis bodegas, propiedades agrícolas y cotos de caza y la gestora de fondos Bestinver. Todo ello a nombre de las dos ramas del clan, los Entrecanales Domecq y los Entrecanales Franco, que rompieron el pasado enero el pacto parasocial que firmaron hace 14 años y les concedía derecho preferente de compra sobre las acciones de Acciona, una forma de mantener la compañía bajo el control de la familia.

El año pasado Acciona cerró con unos ingresos récord, 19.190 millones, un 12,7% más que el ejercicio anterior, pero recortó sus beneficios un 22%, que se quedaron en 422 millones. La mayor parte de ese resultado procede de Acciona Energía –357 millones– y de su negocio exterior, el 80%.

Multas de la CNMC por pactar licitaciones

Acciona ha expresado su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por las revelaciones del informe de la UCO. Y anunciado la apertura de una investigación interna y la “depuración” de posibles responsabilidades “personales”. También asegura que tomará las “medidas legales oportunas” si se confirman las informaciones publicadas. Tras explicar que opera “con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo”, manifiesta su rechazo a “cualquier tipo de práctica irregular de contratación”. Al tiempo, precisa que verifica y audita, con métodos internos y externos, que las UTE (uniones temporales de empresas) donde participa cumplen sus estándares de “cumplimiento normativo y debida diligencia”.

De las cinco adjudicaciones puestas bajo sospecha por la UCO, cuatro las consiguió Acciona como parte de otras tantas UTE, una fórmula habitual utilizada por las empresas para presentarse a concursos públicos. Carecen de personalidad jurídica, pero ofrecen ventajas técnicas y fiscales.

Pese a su compromiso con esos “altos estándares de ética”, Acciona fue una de las seis grandes constructoras españolas a las que multó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2022 con la mayor sanción jamás impuesta hasta ese momento en la historia del organismo: 203,6 millones de euros. A la empresa de los Entrecanales le correspondieron 29,4 millones. Todas las multadas habían concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas, desde hospitales hasta carreteras. Las seis grandes compañías pactaban no sólo qué concursos públicos se iban a repartir. También compartían, en reuniones semanales, si iban a concurrir a determinadas licitaciones o si iban a formar UTE o no, y con qué empresas.

Un año antes, Acciona también había sido multada por la CNMC junto a 11 compañías más, por formar otro cartel que se repartía los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Dos UTE con Ferrovial

En ambas sanciones, acompañó a Acciona otra gran empresa que también aparece en el informe de la UCO, Ferrovial. La compañía de Rafael del Pino, más concretamente su filial Ferrovial Agromán –Ferrovial Construcción SA desde 2020–, formó una UTE con Acciona para hacerse con el soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, un contrato de 158,8 millones de euros, y con la construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería en su tramo Pulpí-Vera, un contrato de 121,9 millones. Ambas adjudicaciones son de 2019.

El informe de la UCO menciona en varias ocasiones más a Ferrovial porque aparece en las conversaciones con el resto de los implicados grabadas por Koldo García: “Hay que hacer una Acciona, otra Sacyr y, me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial, ¿vale?”).

Preguntada al respecto por Público, Ferrovial se ha negado a hacer comentarios al respecto. La de Del Pino es la séptima empresa del Íbex 35 por capitalización bursátil, 32.619 millones de euros. En 2023 trasladó su sede a Países Bajos, causando un enorme revuelo político, y en 2024 comenzó a cotizar en Wall Street, donde sus acciones se han revalorizado un 40%, pero sigue manteniendo el 95% de su negociación en la bolsa española.

Otra gran constructora en el informe de la UCO es Ortiz Construcciones y Proyectos SA, que participa en una UTE con Torrescámara y Cía de Obras SA y Levantiva Ingeniería y Construcción SL. Empresa familiar, pero con negocio en Colombia, Panamá, México y Japón, facturó 761,41 millones de euros en 2024. A la hora de cierre de esta información, Ortiz Construcciones no había contestado a la solicitud de comentarios de Público.

Además de Acciona, dos constructoras más modestas figuran en el centro de las mordidas supuestamente cobradas por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Las ya mencionadas Levantina Ingeniería y Constructora SL y Obras Públicas y Regadíos SA.

Los cuñados del directivo de Acciona

La valenciana Levantina Ingeniería y Constructora, que tenía negocios en España, Argelia, Armenia y Panamá antes de entrar en concurso de acreedores en junio de 2024, es propiedad en un 56% de Brígido Navarro Giménez, pero el hombre que contactó con Koldo García para conseguir contratos públicos es José Ruz Martínez, dueño de un 20% de la empresa.

Según la Guardia Civil, las adjudicaciones sospechosas son una de emergencia de Adif en Asturias por importe de 592.053 euros, otra de la Dirección General de Carreteras en Teruel en una UTE con Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA por importe de 5,7 millones de euros, y una tercera del mismo departamento para una obra en la Autovía A-12 del Camino de Santiago entre La Rioja y Burgos, valorada en 72,4 millones y compartida con la ya citadas Ortiz Construcciones y Torrescámara y Cía de Obras.

José Ruz ya declaró el pasado mes de febrero en el Tribunal Supremo. Lo hizo como testigo y negó haber pagado comisiones para que su empresa se hiciera con licitaciones públicas.

La madrileña Obras Públicas y Regadíos SA tenía como administrador cuando consiguió las adjudicaciones bajo sospecha a Daniel Fernández Menéndez y como apoderado a su hermano Antonio. Su hermana Susana es la esposa de Fernando Merino, el director de Acciona en Navarra. Antonio Fernández Menéndez también había sido apoderado de Construcciones Pérez Jiménez SL, que constituyó una UTE con Obras Públicas y Regadíos SA para adjudicarse una obra de la Autovía A-63 en Asturias licitada por la Dirección General de Carreteras por importe de 7,4 millones de euros. También pusieron los investigadores la lupa en una obra en la Autovía A-32 en Úbeda (Jaén) y en otra de Adif en Monforte (Lugo).