Las acusaciones arremeten contra el PP por intentar ‘boicotear’ el juicio de Gürtel

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)-. Las acusaciones populares que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas y los socialistas de Valencia y de Madrid han arremetido este lunes contra el PP por intentar “boicotear” el juicio de Gürtel, al poner “palos en la rueda de la justicia” durante la instrucción, como son presiones a los jueces y a los funcionarios que investigaron la trama corrupta crecida alrededor de dicho partido.

Los duros reproches han sido vertidos en la última sesión de cuestiones previas al ‘macrojuicio’, que comienza oficialmente esta tarde con la declaración de los primeros acusados, una vez el tribunal delibere sobre dichas alegaciones.

La respuesta en tromba de las acusaciones populares se ha producido ante la pretensión del Partido Popular de que el proceso se anulado y que, de no serlo, esta formación sea excluída como responsable civil del caso, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones.

El PP se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros con los que la trama sufragó las campañas electorales de Jesús Sepúlveda y de Guillermo Ortega,ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid).

Las acusaciones sostienen que el PP está detrás de las presiones a los jueces y los funcionarios que investigaron la trama corrupta y de buscar la nulidad de un proceso en el que figuró dicha formación como acusación popular durante cuatro años.

Así, el abogado Virgilio Latorre, quien representa a exdiputados socialistas de las Cortes Valencianas, ha colocado al PP en su propia contradicción y ha acusado a esta formación de haber cometido un fraude de ley “en todo el proceso”.

Latorre argumenta que el PP fue acusación popular en el caso Gürtel desde el 20 julio 2009 hasta el 26 de abril de 2013, cuando fue expulsado. Por lo tanto, si ahora pide la nulidad en relación a las grabaciones de la primigenia investigación, comete fraude.

“O una de dos”, expone Latorre, o el PP incurrió en fraude de ley cuando ejercía la acusación popular porque consideraba que era un caso nulo, “o lo comete hoy porque en su momento ejerció una acusación indebida”.

Francisco José Montiel, en representación de ADADE, ha denunciado que este partido ha puesto “palos en la rueda de la justicia” para impedir que se celebre este ‘macrojuicio’.

“A los instructores y a las acusaciones se les ha perseguido de forma especial”, ha denunciado Montiel al tiempo que recordaba cómo al primer instructor, Balsatar Garzón, “se le hundió su carrera” cuando fue condenado por el tribunal Supremo por las escuchas autorizadas a acusados de Gürtel mientras despachaban con sus defensores en la cárcel.

A este respecto, Montiel ha recordado que, previamente, el PP formuló una querella contra Garzón.

También los sustitutos de Garzón en la Audiencia Nacional han sufrido presiones. Así, Montiel ha referido que Pablo Ruz y José de la Mata “han sufrido presiones mediáticas”. Por ejemplo, por las vinculaciones previas del segundo cuando fue director general de Modernización de la Justicia en la etapa socialista.

“Esas presiones, esos palos en la rueda de la justicia, se ha puesto de manifestó con el cese y cambios de funcionarios” de la Agencia Tributaria y de los policías que investigaron a la trama a lo largo de la instrucción.

Montiel ha incidido que el PP ha incurrido en esta pieza en “fraude procesal”. Y que en la pieza madre del caso Gürtel este partido “ha puesto trabas destruyendo pruebas. La sala tendrá que tener en cuenta que todo esto” a la hora de abordar su petición de nulidad que “no es otra que su intento de boicotear la instrucción y que no estemos en esta Sala”.

El abogado de ADADE se refiere así a la pieza abierta contra el PP por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. El instructor de entonces del caso Gürtel, Pablo Ruz, pidió los ordenadores a la formación política cuando se enteró de su existencia y el PP le respondía que estaban a su disposición. Exigió que fueran entregados físicamente en la Audiencia Nacional y aparecieron sin discos duros, destrucción que es investigada por un juzgado de Madrid.

“Si se pretende eliminar las acusaciones es porque algo estaremos haciendo bien”, ha remachado Montiel tras esta avalancha de reproches al partido de Mariano Rajoy.

El letrado Wigfredo Jurado, que representa a exconcejales socialistas de dos municipios madrileños afectados, ha reprochado al PP que pretenda pasar la responsabilidad a sus grupos municipales en Majadahonda y Pozuelo, ambos en Madrid, como sostuvo el pasado viernes su abogado defensor, Jesús Santos.

“Los grupos municipales no tienen personalidad jurídica y sus cuentas están vinculadas al PP”, de tal manera que estas cuentas y las de los grupos autonómicos son consolidadas en la contabilidad nacional, como así se comprueba en documentos del Tribunal de Cuentas.

Si la trama pagó actos electorales del PP, “el resposnable es el PP y no sus grupos municipales. Obvio es decir que cuando se pide el voto de Pozuelo o Majadahonda no se pide para el concejal del pueblo, sino para” dicho partido, ha apostillado Jurado.

Es el PP el que se benefició de los 245.000 euros aportados por la trama y procedentes, según la fiscalía, de malversación de caudales públicos, en actos electorales en los que “expresamente se pedía el voto para el PP”.

El tribunal, presidido por Ángel Hurtado, se ha retirado a deliberar las cuestiones previas planteadas por el medio centenar de abogados.

Hurtado ha avanzado que el juicio comenzará esta misma tarde, una vez abordadas dichas cuestiones previas.

El primer citado a declarar es Francisco Correa, líder de la trama. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado que previamente declaren tres de los procesados,posiblemente porque ha firmado un acuerdo con ellos, de tal manera que confesarán los delitos para conseguir condenas inferiores.

Pasadas las cuatro de la tarde, Hurtado aclarará si será Correa el primero en declarar o serán Roberto Fernández, ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid); el constructor Alfonso García Pozuelo- y Jacobo Gordon, exsocio del yerno de José María Aznar.

Jacobo Gordon será el primero en declarar si se acepta el cambio de la Fiscalía.