Los afectados por la brutalidad policial del 1-O: "Lo que nos hicieron ese día deja marca"

Se han cumplido cinco años del 1-O, pero el tiempo no borra de la retina las imágenes de violencia policial que se vivieron ese día en decenas de colegios electorales del país. La Generalitat contabilizó un total de 1.066 heridos, que reconocen que han quedado "marcados" de por vida. Aunque después de largas recuperaciones han podido sobreponerse físicamente a las lesiones, perdura la herida psicológica por una brutalidad policial que aún no ha sido condenada en los juzgados. "Está dentro de ti, y lo estará siempre, y más cuando todavía hay impunidad", señala Raquel Figa.

Raquel estaba votando en el Institut Pau Claris, en Barcelona, cuando la policía irrumpió para confiscar las urnas. En una de las agresiones policiales que más se viralizaron, la lanzaron por las escaleras y la sacaron del centro estirándola del pelo.

Al igual que otras tres personas que estaban en las escaleras en ese momento, el Centre Irídia la representa en la causa contra los policías que la agredieron. "Aún no hay sentencia, está todo en el aire. No deseo que pase nada en concreto en el juicio, simplemente poder cerrar este libro", afirma en una conversación telefónica con Público. Que no haya habido consecuencias sobre los cuerpos policiales acentúa aún más la falta de reparación, reconoce.

El hecho de que las causas judiciales todavía no se hayan cerrado implica, también, la necesidad de recordar ese día una y otra vez, sobre todo con los abogados. "Hasta que no se resuelvan los juicios, la impunidad no sólo sigue intacta sino que ha ganado un grado".

Y es que aunque las imágenes de la violencia policial contra los votantes del referéndum del 1 de octubre de 2017 dieron la vuelta al mundo, en la mayoría de casos la brutalidad de los agentes está aún pendiente de juzgarse. En el caso de Barcelona, el Centre Irídia informaba esta semana de que hay un total de 65 agentes de la Policía Nacional investigados por las actuaciones contra los votantes de esa jornada.

Hay 65 agentes investigados por las actuaciones del 1-O en Barcelona

La inmensa mayoría, 61, se engloban en una macrocausa que agrupa todas las actuaciones policiales en las escuelas de la ciudad y están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 7. En este caso, la instrucción ya ha llegado a su fin y, según explica Irídia en un comunicado, en los próximos meses el juez decidirá qué agentes implicados en el despliegue de ese día tendrán que ir finalmente a juicio. Aquí es donde se enmarca el caso de Raquel.

Ella hizo trabajo psicológico durante tres años y apunta que "ha sido un proceso largo". Aunque defiende que nunca ha ido "de víctima", eso no quita que lo que vivió sea un "golpe psicológico". "Ahora que llegan estas fechas, tengo ansiedad de nuevo". Reconoce que aunque cada uno se ha espabilado "como ha podido", entre ellos se han apoyado: "Nosotros sí lo hemos visto como una vivencia colectiva. Yo no soy una víctima, formo parte de un colectivo que sufrió esto, y las personas que no les afectó directamente pero estaban allí y también lo vieron, también lo sufrieron".

"No se ha reparado a los afectados en absoluto"

Entre los 1.066 heridos de ese día, uno de los casos más mediáticos fue el de Roger Español, un votante al que una pelota de goma le sacó un ojo. Aunque se ha recuperado de la herida física, sufrirá siempre los efectos asociados a una menor vista, como las dificultades para conducir de noche, por ejemplo. Pero más allá de eso, explica que a nivel personal su vida ha dado "un giro de 180 grados". En 2017, él era músico y estaba estudiando para avanzar en su carrera, pero entre recuperarse y adaptarse a la nueva situación no pudo seguir las clases. Ahora trabaja como conserje.

Para Español, cinco años después no se ha reparado a los afectados "en absoluto". "A nivel judicial está todo abierto todavía, e igualmente esto es sólo una parte. Políticamente no ha habido respuesta por lo que el Estado nos hizo el 1-O", lamenta.

Su caso es uno de los más complejos judicialmente. Irídia identificó al escopetero que le disparó, y aunque el juzgado número 7 había descartado que se tratara de un hecho intencionado, la Audiencia de Barcelona volvió a reabrir el caso y aún lo está investigando. Un informe posterior de Mossos sostiene que el agente disparó dos o tres veces antes de tocarlo y que cuando estaba en el suelo volvió a disparar. Anaïs Franquesa, abogada de Irídia, aseguró que es la primera vez en el Estado que se identifica al escopetero que disparó una pelota de goma que acabó matando o lesionando gravemente a un ciudadano.

Si se reconoce la intencionalidad, habría penas más altas para el escopetero y también habría consecuencias para los cuatro subinspectores que no evitaron los hechos. "En cuanto a reparación personal mía, esto ayudaría", reconoce Español. Más allá de eso, sin embargo, considera que "una parte importante de la reparación sería conseguir lo que fuimos a votar". Sin embargo, los obstáculos para consensuar la estrategia independentista han llevado a una división de los partidos, dejando al Govern de ERC y Junts al borde de la rotura esta semana.

Español también sigue afectado por lo que ocurrió ese día porque tiene una causa judicial abierta contra él. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona envió a juicio a cuatro policías nacionales por un delito de lesiones por su actuación en la escuela Ramon Llull, pero paradójicamente también le procesa a él, uno de los heridos en esta actuación. Se enfrenta a una acusación de atentado a la autoridad y está a punto de juicio. "No hago según qué planes porque no sé qué pasará durante el juicio, me piden dos años y medio de cárcel", sostiene.

En general no se han sentido acompañados por las autoridades, excepto Español, que sí ha recibido mucho apoyo y lo achaca a que su caso fue muy mediático. Pero sí se han apoyado entre ellos y hace un año crearon la plataforma Defensem l'1-O para acompañarse en los juzgados, informarse y sacar adelante las causas. Otra de las cosas positivas que ha salido de la situación es que se han implicado en la labor iniciada por entidades como Irídia para avanzar en cambios en el modelo policial, incluyendo la prohibición de balas de goma en todo el Estado, por ejemplo.