UGT denuncia el acoso de la ultraderecha a periodistas y comunicadores
La organización sindical alerta de que existe el riesgo real y extremo de que la violencia contra la prensa se convierta en "coste asumible" de la profesión: "Normalizarlo equivale a degradar el Estado de Derecho".

Madrid--Actualizado a
La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) ha alertado de los insultos, amenazas e incluso agresiones físicas que sufren profesionales del sector de la comunicación por parte de grupos de ultraderecha, y denuncia que esas tácticas intimidatorias se están consolidando "como una práctica política y digital que busca amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz".
La organización se suma así a la denuncia que el pasado viernes hizo la Agrupación de Periodistas de CCOO, exigiendo a los poderes públicos una respuesta efectiva para proteger a los periodistas y comunicadores señalados y amenazados por la derecha y la extrema derecha.
Para la AGP-UGT, existe el riesgo real y "extremo" de que "la violencia contra la prensa se convierta en coste asumible del oficio". "Normalizarlo equivale a degradar el Estado de Derecho. Cuando se intimida a quien pregunta, se castiga a quien contrasta y se amenaza a quien informa, lo que se rompe no es solo una redacción: se rompe la democracia", apunta el sindicato.
De Miguel, Pardo de Vera, Fallarás, Tirado, Santaolalla...
Entre los ejemplos recientes de intimidaciones ultras a periodistas, comunicadores, cómicos y analistas figuran Héctor de Miguel, que decidió hacer un parón en su carrera tras recibir insultos y amenazas de agresiones físicas junto al equipo de su programa Hora Veintipico, que se emitía en la cadena SER, por parte del líder de Desokupa, Daniel Esteve; Ana Pardo de Vera, directora corporativa y de relaciones Institucionales de Público que lleva años sufriendo acoso en las redes sociales e incluso en público –la última vez el mes pasado por parte del activista ultra Vito Quiles; como también lo padecen la también periodista, escritora y colaboradora de este diario Cristina Fallarás, las analistas Arantxa Tirado y Sarah Santaolalla o la creadora de contenido y periodista Elena Reinés, quien anunció su retirada temporal de las redes sociales tras recibir reiteradas amenazas de muerte.
"La violencia contra periodistas no surge de forma espontánea. Se construye. Empieza con la deslegitimación sistemática ("enemigos", "vendidos", "propaganda"), continúa con el señalamiento y culmina con el hostigamiento coordinado: insultos, doxing, amenazas y, finalmente, agresiones en entornos físicos", describe el comunicado de AGP-UGT. "Esta escalera se acelera cuando determinados discursos convierten a la prensa en objetivo político y cuando las campañas digitales actúan como altavoz y cámara de eco".
"La intimidación contra periodistas y comunicadores busca amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz"
La AGP-UGT subraya que el problema "no es la crítica —legítima en democracia—, sino la intimidación y la violencia, también la que se ejerce desde el anonimato". "En las últimas semanas se han hecho visibles casos especialmente graves que no pueden leerse como episodios aislados", añade el sindicato, que insiste además en lo que considera "un elemento estructural: las mujeres periodistas y comunicadoras reciben un tipo de violencia diferencial, donde el ataque político se mezcla con el machismo. Amenazas sexualizadas, insultos sobre el cuerpo, campañas de desprestigio y mensajes que buscan disciplinar la presencia pública de las mujeres forman parte de una agresión que pretende silenciar con un castigo añadido".
La AGP-UGT reclama a los actores políticos que se posicionen expresamente contra esas prácticas y a las instituciones, que actúen "con diligencia" para erradicarlas: "Identificar y sancionar a agresores, prevenir situaciones de riesgo y garantizar que las coberturas se hagan con seguridad". También señala "la responsabilidad de las plataformas digitales", por "la moderación opaca" de sus contenidos, "la falta de trazabilidad de cuentas agresoras y la penalización de quienes denuncian violencia contribuyen a la impunidad".
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