MADRID.- Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, declarará ante la comisión de la corrupción el próximo mes de febrero, bien el día 5 o bien el día 12, en el marco del caso ICM. Así lo han comunicado este lunes la mesa y portavoces de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, presidida por la diputada de Ciudadanos Dolores González, tras la reunión que han mantenido para fijar el contenido de los próximos meses.

Junto a Aguirre, Engracia Idalgo (consejera de Hacienda), Mar García Priego (empleada de ICM) y Alejandro De Pedro (empresario imputado por la Púnica) tendrán que comparecer para aclarar su supuesta participación en este proceso, ya investigado por la justicia. Para los partidos de la oposición, existen “sospechas más que evidentes de que se han producido acciones ilegales en ICM”, y por este motivo Aguirre debe sentarse a depurar responsabilidades políticas.

Después de las comparecencias de Salvador Victoria y de Isabel Gallego, quienes que se negaron a responder a las preguntas de la comisión, los partidos de la oposición entienden que es la ex presidenta de la Comunidad la que tiene que venir a dar explicaciones y poder así avanzar en el caso. Además, esperan esta vez que el conseguidor De Pedro venga finalmente a declarar y deje de poner trabas a toda esta investigación.

Miguel Ongil, portavoz y diputado de Podemos en la Asamblea, culpa a la presidenta de la mesa de Asamblea de querer reducir el número de sesiones de la comisión, que actualmente se celebran cada 15 días, para que se realicen una vez al mes. Por ello desde la comisión se ha pedido que Aguirre declare el 5 de febrero y no el 12, para poder seguir con el calendario parlamentario que ha habido hasta ahora y acelerar así el proceso.

El dictamen se ha producido tras una polémica y tediosa reunión donde la mesa y portavoces han estado durante casi dos horas discutiendo sobre este asunto. El diputado y portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha dicho a su salida de la reunión que su partido no va a poner trabas a que Aguirre se siente y de las explicaciones pertinentes. Declaraciones que se contradicen con lo sucedido dentro de la sala, donde ha ocupado gran parte del tiempo tratando de impedir avanzar e impedir que se tome una fecha concreta, según los portavoces de la oposición.

Aunque la decisión sobre si la ex presidenta de la Comunidad se sentaba o no en la Asamblea tenía que haberse tomado antes de las elecciones, el aplazamiento de la declaración del empresario Alejandro de Pedro, ha hecho que la resolución haya tenido que posponerse hasta ahora. Sólo pueden sentarse cuatro personas en cada cita del órgano parlamentario, según las normas de la comisión, y con De Pedro se cubrió el cupo de la última sesión de 2015.

Tras la reunión de este lunes, la comisión ha decidido dar por finalizado el caso Ivima, seguir investigando ICM, donde finalmente declarará Aguirre, y comenzar con otros procesos como el de Arpegio. Estos casos de la comisión de investigación de la corrupción están siendo llevados a su vez a nivel judicial.

“Estamos pidiendo una gran cantidad de información sobre el caso Arpegio, en su mayoría sobre fundación Arpegio y Nuevo Arpegio, todo aquello relacionado con la Púnica a nivel de Comunidad”, señala la presidenta de la comisión.

El caso Arpegio involucra directamente al actual número tres de Cristina Cifuentes y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, que preside a día de hoy una firma de la Púnica, Nuevo Arpegio. Pese a que David Marjaliza, uno de los principales cabecillas de la trama, ha implicado a Taboada en una de sus conversaciones con el juez Eloy Velasco, que instruye el caso, la actual presidenta de la Comunidad le puso al frente de la polémica compañía pública hace apenas unos meses.