MADRID.- Bruselas acoge estos días la octava ronda de negociaciones sobre el polémico acuerdo comercial entre la UE y EEUU, mientras siguen creciendo las críticas sobre la opacidad de las negociaciones. Un tratado "para poner a las empresas por encima de la legislación", con el que las multinacionales quieren "dejarlo todo atado y bien atado" para garantizar sus beneficios a pesar de los posibles cambios políticos en los gobiernos de los 28, en palabras de la eurodiputada de IU Marina Albiol.

Albiol ha encarnado este lunes la postura del grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) en un debate organizado por Europa Suma en el Café Comercial de la capital, en el que el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma Federico Steinberg ha defendido el acuerdo que impulsan liberales, socialdemócratas y conservadores europeos.

"Oponerse de entrada a este acuerdo es geopolíticamente suicida", ha sostenido Steinberg, partidario de "reescribir las normas del comercio internacional", antes de que lo hagan los países emergentes. "Creo que puede tener un efecto beneficioso", afirma, reconociendo que habrá "ganadores y perdedores", y apuntando a los distintos gobiernos como responsables de regular su aplicación.

Los funcionarios de la UE han mantenido un 92% de sus reuniones sobre el TTIP con empresas y sólo el 8% con la sociedad civil

El problema, como ha respondido Albiol, es que los funcionarios de la UE han mantenido un 92% de sus reuniones sobre el acuerdo con las empresas, y sólo el 8% restante con organizaciones representantes de la sociedad civil. O que la UE vende las virtudes del tratado agarrándose a las cifras más optimistas de un estudio de impacto elaborado en 2013, y no acepta los números que arrojan otros trabajos mucho menos esperanzadores.

Eso, por no hablar de la cláusula de protecciones (ISDS) que incorpora el tratado, y que permitirá a las multinacionales demandar a los estados ante tribunales arbitrales privados, y no ante las justicias nacionales, de considerar afectadas sus inversiones en esos países afectadas por los cambios normativos que ejecuten sus respectivos gobiernos. "Deben pensar lo mismo con Grecia y Syriza, para las multinacionales esto de la democracia debe ser un fastidio. ¿Cómo se puede permitir que la gente vote y encima ganen los rojos? es aquí donde entran estos tratados", replica Albiol, antes de recordar precedentes como el acuerdo NAFTA entre EEUU, Canadá y México. "Prometieron crear 20 millones de puestos de trabajo, y sólo en México se empobrecieron 2 millones de campesinos y 28.000 pequeños negocios cerraron sus puertas", recuerda. "Está diseñado para eliminar normativas, para introducir el fracking y los transgénicos, para mejorar las ganancias de las empresas", afirma.

"Son las empresas contra los pueblos. Es lucha de clases"

"No es EEUU contra Europa: son las empresas de ambos lados contra los pueblos europeos y el de EEUU. No es una lucha territorial, es una lucha de clases", zanja.

La defensa de un funcionario europeo

Un funcionario europeo presente en la charla ha defendido el polémico acuerdo con los argumentos que acostumbra a esgrimir la Comisión Europea: que las cláusulas ISDS no son algo nuevo, que el acuerdo puede favorecer a las pymes o que en los 40 años en los que la UE ha tramitado negociaciones similares nadie se ha interesado por ello, en referencia a las críticas sobre la opacidad del acuerdo. "Este tratado va más allá de otros tratados", ha reconocido el funcionario, que sin embargo ha obviado que son las grandes empresas las impulsoras del acuerdo, o que muchos países llevan años rechazando las cláusulas ISDS por considerarlas demasiado beneficiosas para las multinacionales.

El funcionario se ha jactado también de la transparencia con la que se negocia el acuerdo, asegurando que las instituciones europeas se han reunido en España con organizaciones como ATTAC y Ecologistas en Acción, y motivando que el presidente de ATTAC en Madrid, Carlos Sánchez Mato, presente en la sala, interviniese para asegurar no tener constancia de que se hubieran producido estas reuniones.

Ante el creciente rechazo al ISDS la Comisión Europea puso en marcha una consulta en la que han participado 150.000 europeos, y en la que un 97% de los encuestados han dejado clara su oposición a este mecanismo. Esta semana, los jefes negociadores mantendrán reuniones hasta el viernes, y nada parece indicar que tengan el menor interés en renunciar a esta cláusula.