La Fiscalía sostiene que la agresión de Altsasu tiene una evidente "razón ideológica", ya que obedece a que los agredidos son guardias civiles, y el Instituto Armado es "una institución del Estado que asume los valores constitucionales", "es fiel a España", "al rey" y "al pueblo español". "La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se van a comer asado", redundaba el fiscal Álvaro Redondo este miércoles.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha celebrado esta mañana una vista pública para estudiar los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso a ocho jóvenes penas de entre 2 y 13 años de prisión por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, en octubre de 2016. La Audiencia aplicó los agravantes de abuso de superioridad y de odio, al considerar que actuaron impulsados por su animadversión a la Guardia Civil

Las defensas denuncian vulneración de derechos y afirman que parte de los acusados ni siquiera estaban en el lugar de los hechos

No se espera que el tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez-Arrieta dé a conocer su fallo en esta jornada. La expectación ante la decisión del Supremo es evidente: decenas de familiares y simpatizantes de los ocho jóvenes han seguido de cerca esta vista, abarrotando la sala. 

Tras el varapalo de las sentencias de la Sala de lo Penal y la Sala de Apelaciones a las tesis de la Fiscalía, rechazando que los hechos juzgados sean constitutivos de terrorismo, el Ministerio Público ha dejado caer esta acusación, en la que se basó en su día para pedir entre 12 y 62 años de prisión. No llegó a recurrir la sentencia de la Sala de Apelaciones, y este miércoles, ante el Supremo, Redondo no ha hecho ninguna mención al terrorismo: Se ha limitado a reclamar que se ratifiquen las condenas, que "desestimen íntegramente los recursos".

Los recurrentes son Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo. Todos, salvo Urkijo -condenada a dos años de cárcel por amenazas y desórdenes públicos-, están en prisión. Tres de ellos, además, cumplieron los mil días de prisión el pasado mes de agosto. 

Una de las defensas: "Pedimos justicia, no impunidad"

Por su parte, las defensas han incidido en lo desproporcionado de las penas, han criticado el agravante ideológico que defiende el Ministerio Público, y han coincidido en denunciar varias vulneraciones de los derechos de sus representados, entre ellos el derecho a ser juzgados por un juez imparcial. 

Las defensas afirman que la rueda de reconocimiento se realizó "en comandita" entre los agentes investigadores y los agredidos

Así, los cinco letrados que han tomado la palabra han recordado que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó por extemporánea la recusación de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel -que además se ha visto obligada a apartarse de otras causas que afectaban al Partido Popular por su afinidad con esta formación-.

Los letrados han afeado así la supuesta parcialidad de la magistrada, condecorada por la Guardia Civil y casada con un coronel de este cuerpo. El fiscal, de nuevo, negaba que estos argumentos sirvieran para sostener que Espejel no fuera imparcial, o que los supuestos a los que un juez puede acogerse para inhibirse contemplen estos motivos.

A esto se une su critica a las irregularidades en los procedimientos para identificar a los agresores durante la investigación, la indefinición de algunos de los delitos atribuidos, que "genera indefensión", o las lagunas en los testimonios de los agredidos, así como su ausencia de "credibilidad".

También han resaltado la parcialidad que aprecian en que fuera la Guardia Civil, y no la Policial Foral Navarra, quien se hizo cargo de la investigación, y han puesto en duda el procedimiento para identificar a los agresores: una rueda de reconocimiento realizada "seguramente en comandita" entre los agentes investigadores y los agredidos.

La mayoría de los acusados reclaman su absolución, si bien uno de los letrados abogaba este miércoles por una reducción de condena: "Pedimos justicia, no impunidad", resumía José Luis Galán, representante de Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Segundos antes, el mismo letrado argumentaba que la revisión de este recurso debe tener lugar "fuera del ruido mediático" y lejos del "fantasma del terrorismo".

(Habrá ampliación)