Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno este martes que el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y ha lamentado que la iniciativa contenga "debilidades" y vacíos como no suprimir cualquier obstáculo legal para la investigación judicial o no prever indemnizaciones para las víctimas.

La ONG ha elaborado un informe técnico, que ha remitido al Ministerio de Presidencia, en el que señala que el anteproyecto tiene "un amplio margen de mejora" e identifica "preocupaciones" en materia de derechos humanos que pretende trasladar al Gobierno para asegurar una ley "realmente eficaz en la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares".

Sin embargo, observa "avances relevantes en verdad, justicia y reparación" por la atribución de un papel activo del Estado en la exhumación de fosas y búsqueda de desaparecidos, así como con la creación de una Fiscalía especializada o anular las sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Entre las debilidades del anteproyecto, Amnistía Internacional indica que persistan "los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos" al no estar garantizado el acceso a la justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La ONG manifiesta que alberga "serias dudas sobre el alcance y competencias que asumirá la nueva Fiscalía en un contexto en el que se cierra la puerta a las investigaciones con argumentos como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los hechos".

Que se identifique "el derecho a la verdad colectiva"

Pide al Gobierno que elabore una ley en la que se identifique claramente "una política de Estado sobre el derecho a la verdad colectiva", ya que el anteproyecto del 15 de septiembre no indica que dicha verdad deba conocerse "a través de investigaciones judiciales".

Opina, por ello, que con lo que plantea el actual anteproyecto el Estado no cumpliría con las recomendaciones de Naciones Unidas que instan "a considerar la creación de un mecanismo independiente que permita esclarecer las violaciones de derechos".

Amnistía Internacional sostiene que el anteproyecto tampoco incluye la indemnización como forma de reparación, un derecho que, recuerda la organización, se vertebra a través de "medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción" y critica que se niegue "cualquier tipo de responsabilidad patrimonial".

Incide en el informe en que la reparación comprende la indemnización o la restitución, cuestiones que deben "procurar la devolución de bienes en la medida de lo posible o, en su defecto, la reparación integral". También manifiesta que le inquietan aspectos del anteproyecto de ley como el desarrollo de exhumaciones al margen de procesos judiciales, la ausencia de un mecanismo que centralice la gestión de las tareas de búsqueda y que dé apoyo a las víctimas.

Asimismo, la ONG expresa que le preocupa la falta de previsión sobre el acceso a archivos privados como los eclesiásticos que son, subraya, "relevantes para el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos".

Entre otras carencias de la ley que quiere impulsar el Ejecutivo, la organización apunta a la ausencia de planes de formación en memoria democrática para la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros funcionarios de la administración.

Colectivos piden acabar con la impunidad de la dictadura

Colectivos de memoria histórica han acudido este martes al Congreso de los Diputados para reclamar que la nueva Ley de Memoria Histórica permita juzgar los crímenes del franquismo y acabe con la impunidad de la dictadura. Estas organizaciones celebraron el pasado mes de octubre un encuentro estatal para analizar el anteproyecto de ley de Memoria Democrática y han entregado un documento a los partidos en el que analizan el texto, que a su juicio no permite perseguir los crímenes franquistas.

Al anteproyecto le ponen un "pero fundamental", que "la ley de Amnistía no se toca", como ha denunciado ante los periodistas el integrante de la Plataforma contra la impunidad del franquismo, Julián Rebollo. Reclaman su nulidad al entender que "acogerse a ella es aceptar como válida la legalidad franquista en el ámbito de las leyes represivas, y legitimar implícitamente la legislación de la dictadura".

En el documento entregado a los partidos piden que haya una referencia expresa a que la investigación de los crímenes franquistas conllevará "el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal", como base de una tutela judicial efectiva.

Además, los más de 160 colectivos de memoria reunidos en octubre, han pedido la exhumación de todos los dirigentes franquistas que están enterrados en iglesias, catedrales o edificios públicos, que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial o la desclasificación y libre acceso a todos los archivos sobre la represión.

Proponen asimismo la creación de un museo de la memoria democrática y una oficina estatal de atención a las víctimas del franquismo, iniciativas que han hecho llegar a los diputados a las puertas del Congreso, donde han mostrado una pancarta con el lema "por una ley de memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo".