Andalucía impulsa la primera ley autonómica contra la obesidad

SEVILLA. - Andalucía se dispone a iniciar una larga batalla legal contra la producción de comida industrial y el consumo de productos hipercalóricos, un pulso legal del que esperan obtener tan buenos resultados como con la famosa ley antitabaco, que logró cambiar malos hábitos de consumo entre la población. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el anteproyecto de ley contra la obesidad, una norma que considera los trastornos de conducta alimentaria como “un problema prioritario de salud pública”.

Andalucía, con una población de 18,7% de obesos (hasta un 22,5% de niños), es la segunda comunidad autónoma con mayor número de personas con sobrepeso, por detrás de Extremadura, pero será la primera que regule por ley la lucha contra la obesidad.

La norma introduce sanciones económicas, por ejemplo, para los colegios que no dispongan de menús saludables en los comedores escolares, para los restaurantes que no proporcionen agua potable gratuita a sus clientes, para los supermercados, bares o restaurantes que no adapten las raciones de alimentos a las necesidades de las familias según su tamaño (para evitar que se tire comida o que se coma de más) o para los centros comerciales que no instalen una fuente junto a máquinas expendedoras que ofrecen otro tipo de bebidas. La Junta también exprimirá sus competencias autonómicas para prevenir la publicidad de alimentos grasos y perjudiciales para la salud, sobre todo en horario infantil (bollería industrial, etc), y para influir en la producción de alimentos.

El borrador de la Ley para la Promoción de una Vida Saludable, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, parte de un informe de expertos de la Consejería de Salud en el que han participado unas 250 personas, y que alertaba de los riesgos de no poner coto cuanto antes a la obesidad infantil. Desde 2007 existía un plan de prevención en las escuelas andaluzas, pero no era suficiente, había que abordar el problema de forma integral y para ello se ha optado por desarrollar una legislación específica.

Andalucía está por encima de la media nacional de personas con sobrepeso, y España está a la cabeza de los países de la Unión Europea. El informe que ha dado pie a esta ley ya avanzaba que en 2050, seis de cada diez hombres y el 50% de mujeres serán obesos. Los malos hábitos alimenticios están relacionados con el nivel económico -a menor poder adquisitivo, peor alimentación- pero también con el nivel educativo. Sólo las mujeres universitarias quedan fuera de la población de riesgo de obesidad. En Andalucía, según datos del departamento de Salud, ahora consumimos 600 kilocalorías más de las que necesita nuestro cuerpo, 300 más cada día que hace tres décadas.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, no ha puesto paños calientes. Considera la obesidad “una epidemia” -el sedentarismo y los trastornos de conducta alimentaria provocan el 10% de la mortalidad a escala mundial- y advierte de que además del sobrecoste social, tiene una incidencia directa en la economía y en el sistema sanitario andaluz. De la obesidad se derivan enfermedades cardiovasculares graves, hipertensión, diabetes, osteoartritis o varios tipos de cáncer, cuyo tratamiento es de los más costosos para la sanidad pública, aunque Alonso no ha querido cuantificar este sobrecoste. También es una patología asociada al absentismo laboral y la baja productividad.

Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los colectivos de población excluida. La futura ley, que podría estar aprobada en el segundo periodo de sesiones de 2017, obligará a hacer modificaciones en otras áreas del Gobierno andaluz, como la Educación (más actividades extraescolares, implantar un mínimo de cinco horas semanales de ejercicio físico y formación específica para el profesorado) o el Fomento (actuaciones en las ciudades con la construcción de zonas deportivas, fomento del transporte sostenible, carriles bici, etc) o el Bienestar Social (desarrollando un protocolo de actuación para evitar comportamientos de discriminación contra las personas obesas, sobre todo entre la población infantil). Las empresas de más de 50 trabajadores también estarán obligadas a instalar aparcamientos para bicicletas a sus puertas o en el entorno más cercano posible.

El texto también limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrá cafeína u otros estimulantes. Además los institutos de Secundaria tendrán que visualizar la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.