Un año de la amnistía, un balance irregular que no ha resuelto la situación de los líderes del 'procés'

La ley de amnistía cumple un año desde que se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados. Tras unas negociaciones que se alargaron durante meses entre el PSOE, Junts y ERC, con actores como el ahora eurodiputado de los Comuns Jaume Asens haciendo de intermediario, se dio luz verde a la norma que permitía borrar las condenas penales y las multas a miles de represaliados a lo largo del procés, incluidos los presos políticos. Pero no solo borraba los delitos, sino que se conseguía que el Estado español reconociera el error que supuso judicializar lo que era un conflicto de raíz política. Esta es la filosofía de la amnistía.

Pero 365 días después, los resultados políticos y sociales no son los que la ley exigía, ni mucho menos. En gran parte, por las resistencias de un Tribunal Supremo que se niega a aceptar la amnistía. Ningún líder del procés que fue encarcelado por culpa de la sentencia del alto tribunal ha sido amnistiado. Los procedimientos vinculados a la organización del referéndum del 1 de octubre, y que tienen sus causas derivadas a órganos judiciales superiores han recibido más denegaciones y suspensiones que aprobaciones.

Según datos de la organización antirrepresiva Alerta Solidària, solo el 14% de los manifestantes y activistas han recibido la amnistía, puesto que al 64% se les ha archivado el caso pero sin aplicarse la ley. Según el balance de Òmnium Cultural, presentado este mismo viernes, el 60% de los potenciales solicitantes de la amnistía ya no tienen ninguna causa abierta, si bien la entidad considera su aplicación "insuficiente". La razón es que las causas beneficiadas por la amnistía son, hasta ahora, solo el 32,5% del total. Y explicita que "esto es así porque todavía hay ciudadanos que no la han pedido, porque la amnistía no se ha aplicado o ha sido denegada por algunos juzgados, o porque la solicitud está encallada en algún estamento judicial".

Por el contrario, la cifra de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se han beneficiado ha continuado aumentando. Según Alerta Solidària, hay 132 policías españoles que fueron investigados por las cargas policiales del 1 de octubre beneficiados, y se suman 32 agentes beneficiados tras ser encausados por la violencia policial ejercida en otoño del 2019, durante las protestas por la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. Pero el dato más relevante es el siguiente: solo hay cuatro policías que no la han recibido. Son los encausados por la pérdida del ojo derecho que sufrió Roger Español durante el 1-O y se encuentran en un procedimiento judicial acusados de delitos de lesiones graves y torturas.

Por lo tanto, la mayor parte de personas a quienes se les ha denegado la amnistía son manifestantes (76) y cargos públicos (23), cosa que pone de manifiesto una desproporcionalidad evidente: "Para nosotros no ha sido ninguna sorpresa. Nos han confirmado la tendencia que ya apuntábamos, una extraordinaria dificultad de hacer reconocer la aplicación de la ley de amnistía para los independentistas y la extrema facilidad que por el contrario tendrían los policías", explica Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidària.

Uno de los hechos que también destacan las informaciones brindadas por Òmnium Cultural y Alerta Solidària son las razones a la hora de justificar las negativas a la amnistía: "El 9% de las solicitudes han sido denegadas sin justificación, mostrando arbitrariedad y hasta el punto de encontrar incongruencias notables entre tribunales", explican desde la entidad cultural. “Todavía hay muchos procesos encallados en los juzgados o a la espera de respuesta, y por eso nos corresponde seguir denunciando que la cúpula judicial bloquea y boicotea la aplicación de la ley”, reclama Xavier Antich, presidente de Òmnium.

Los líderes del 'procés' y la situación de Puigdemont

El otro punto que toma protagonismo tras el primer aniversario de la ley es la situación de los presos políticos y de Carles Puigdemont. Las formaciones independentistas ya admiten que la resolución final de estos casos va para largo. Se especulaba desde hace meses con el retorno definitivo de Puigdemont en verano, cuando el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor de la ley. El TC celebrará un pleno monográfico del 24 al 26 de junio en el que, presumiblemente, validará la normativa.

Ahora bien, desde hace semanas, el juez del Supremo Manuel Marchena ha ido dejando caer en los círculos de poder de Madrid que no hay ninguna intención de hacer caso a la sentencia del TC. La interpretación que el Supremo hace de la malversación no permite darles la amnistía, puesto que consideran que sí que hubo enriquecimiento personal. Esto hará que los líderes del procés se tengan que esperar a los recursos de amparo o incluso a la resolución que haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y esto complica los planes, sobre todo, de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. El primero está indultado, pero pesa sobre él la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2031. La idea del republicano era poder presentarse como candidato a la Generalitat en 2028, pero ahora nadie sabe si llegará, a pesar de que el pesimismo sobre la cuestión gana peso.

El segundo caso es algo más complejo. Puigdemont también quiere ser candidato a las próximas elecciones y, a diferencia de lo que sucedió en los comicios de mayo del año pasado, quiere poder llevar a cabo una campaña en igualdad de condiciones con sus rivales, no desde el exilio. Pero parece que tiene otra prioridad, que pasa por encima de esta: no pasar por la prisión. Se ha especulado sobre la posibilidad que volviera una vez el TC se pronunciara, pero esto significaría que una vez pisara territorio español podría ser encarcelado por orden del juez Pablo Llarena. Y no lo quiere. No tanto por los costes personales que puede suponer, sino porque considera que el exilio ha tenido y tiene un sentido político claro. En definitiva, la resolución final de los destinos judiciales de ambos no será inmediata. Se vuelve a alargar a pesar de existir una ley que los tenía que proteger. Y esto, ¿a quién beneficia?

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EFE

Lo que sí que puede interpretarse de las consecuencias de la ley es que el PSOE y el PP pueden beneficiarse. Los socialistas, por un lado, concretan su protagonismo hacia la solución del conflicto territorial y se erigen como el partido pacificador, cosa que sustenta la justificación de su proyecto político en el Estado. En cambio, la presencia de Puigdemont en Barcelona podría visualizar un proyecto en Catalunya alternativo al de Salvador Illa, que agitara la tranquilidad que ahora marca la política autonómica, lo que también podría perjudicarle.

En cuanto al PP, la formación conservadora celebra abiertamente cualquier obstáculo contra la aplicación de la amnistía a los dirigentes del procés, si bien cuando pone mirada larga sabe que a medio y largo plazo necesitaría tejer mejores relaciones con Junts -y el PNV- si quiere aspirar a gobernar sin depender de Vox. Un escenario al cual no ayudan actuaciones como sus movimientos contra la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE.

Sin solución de fondo al conflicto territorial

Pese al evidente cambio de ciclo político que vive Catalunya, con el PSC como formación hegemónica y la caída del apoyo a las formaciones independentistas, el conflicto político de fondo no está resuelto. Ahora mismo, cuestiones como la reforma de la financiación, el traspaso de Rodalies o lo que acabe sucediendo con la amnistía una vez la valide el TC centran el interés, pero sigue sin abordarse la demanda de la autodeterminación, que ni que sea sin fechas concretas se mantiene en la agenda de los partidos y entidades soberanistas. En este sentido, para Xavier Antich (Òmnium) "la respuesta política tiene que pasar por la perseverancia", en una apelación a no abandonar una cuestión que, ahora mismo, tampoco genera grandes movilizaciones ciudadanas, tras la intensa década del procés.