El año en que Doñana quedó al borde del abismo

Una llamada de teléfono de Teresa Ribera a Juan Manuel Moreno Bonilla evitó in extremis males mayores. Ese telefonazo, después de casi dos años de desencuentros y amenazas, tras diversas y delicadas negociaciones, terminó por evitar la aprobación de una legislación que preocupaba en Europa y en los organismos medioambientales internacionales porque, a pesar de los requiebros argumentales del PP y del Gobierno andaluz, permitía ampliar (mediante recalificaciones, tachadas de amnistía a los ilegales por los grupos ecologistas) los suelos regables en el entorno de Doñana.

El pacto posterior a esa conversación, trabajado con mimo y discreción, abrió una rendija que permite –si de verdad el Gobierno de España y la Junta de Andalucía trabajan al alimón– pensar en que pueda mejorar la situación del parque nacional, hoy en estado crítico. Doñana ha entrado en territorio desconocido –no se sabe cómo va a evolucionar– por la mala gestión de las administraciones y la falta de agua debido en buena parte a la presión económica de los regadíos y regantes, un auténtico poder fáctico en la provincia de Huelva.

Allí, la propiedad de la tierra y la riqueza está también en pocas manos, lo que lleva a un uso capitalista, acaparador y antisocial del agua. Apenas 36 explotaciones, de un total de 2.701, se llevan más de un tercio de las aguas subterráneas de uso legal que se extraen de las tres masas declaradas en riesgo en el entorno de Doñana, según se recoge en un trabajo reciente de Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y del geógrafo Leandro del Moral.

El agua se puede utilizar legalmente para regadíos, cuando están amparados por el plan de la fresa del año 2014, que costó sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante y que nunca se ha aplicado como es debido, según lamentan las organizaciones ecologistas.

Sin embargo, en paralelo hay en la comarca un serio problema de regadíos ilegales, cuya dimensión es enorme. El 15,8% de los invernaderos en que se cultivó en el año 2022 son ilegales. Eran a mediados de 2022 un total de 6.634 hectáreas dedicadas a cultivos bajo plástico, de las que 5.576 estaban en superficies agrícolas regables y 1.046 fuera de ellas.

Los expertos Corominas y Del Moral aseguran en su estudio que "el deterioro de los ecosistemas de Doñana ligado a la creciente sobreexplotación del acuífero [debido al riego legal e ilegal] ha sido fruto de un proceso largo y continuado en el tiempo bajo la premisa de la apropiación privada de los recursos de agua subterránea, que son de dominio público, con la tolerancia de las diversas administraciones públicas competentes y en algunos casos con su connivencia".

"En un proceso de este tipo, las explotaciones más grandes, tecnificadas y con capacidad de gestión administrativa e interlocución con las administraciones han conseguido regularizar sus regadíos, mientras que las pequeñas explotaciones y las familiares han encontrado, frecuentemente, todo tipo de trabas para legalizarlas. El que la mitad de la superficie de regadío corresponda a grandes explotaciones es un reflejo de este proceso", remachan los autores del estudio.

Lista verde

Este ha sido, podría decirse, el año en que Doñana ha quedado al borde del abismo. Hace unos días se supo que el parque nacional ha salido definitivamente de la Lista Verde de la UINC, el mayor organismo ambientalista del mundo.

Los datos revelan que el humedal, de una biodiversidad única, todo un emblema, está seriamente dañado. El acuífero que alimenta Doñana ha descendido tres metros de media desde la primera vez que se tomaron muestras hasta 2020. Las medias anuales del nivel de agua recogidas por un piezómetro instalado en una de las masas de agua de las cinco en que se divide el acuífero (Marismas) en 1975 registran, en comparación con las tomadas en 2020, un descenso de 19,7 metros del nivel del agua.

Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica de Doñana fue muy claro hace unos meses durante un consejo de participación del parque: "Las personas que estamos en esta reunión no tenemos la responsabilidad de haber creado el problema. Sin embargo, tenemos la obligación legal, moral y social de resolverlo. De nuestras decisiones depende el futuro de Doñana y su comarca, que, les recuerdo, no solo es un valor local, o regional, sino que se trata de un patrimonio universal de toda la humanidad. Ustedes han de escoger cómo quieren pasar a la historia".

¿Se terminará de verdad el tiempo de la contemplación y de la vista gorda? ¿Irá en serio el Gobierno esta vez, como parece, en sus proclamas de cierre prioritario de pozos ilegales? ¿Acompasará la Junta sus políticas a las del Estado o seguirá defendiendo intereses privados por encima de los generales?

El acuerdo entre Ribera y Moreno recoge un apartado clave: adoptar "todas las medidas necesarias" para que "concluya el procedimiento de infracción abierto" en julio de 2022 a España por la Comisión Europea por no hacer caso de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar los acuíferos. 

La Unión Europea observa con lupa. O el pacto sirve para cambiar el rumbo y mantenerse firme en el cierre de los pozos ilegales o las multas podrían ser estrepitosas.