La situación política en Catalunya dista mucho de poder equipararse con la tensión vivida en los años duros del Procés independentista, especialmente durante el 2017 y los años sucesivos, marcados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el encarcelamiento de los líderes independentistas que protagonizaron el referéndum del 1 de Octubre de 2017, con excepción de aquellos que consiguieron refugiarse bajo la tutela de la justicia de otros países, especialmente en Bélgica y Suiza. Pero por diferente y calmado que sea el escenario actual, ello no quiere decir que las fuertes réplicas de aquel terremoto no lleguen hasta nuestros días en forma de procesos judiciales que tendrán también consecuencias políticas. Unas consecuencias que por supuesto afectan a la política catalana, pero que tienen también su derivada a escala estatal y que pueden poner en peligro incluso la estabilidad del Gobierno español del PSOE y UP, ahora sustentada en gran parte en los acuerdos con Esquerra Republicana. La judicialización de la política y las interferencias judiciales en las dinámicas políticas están, pues, servidas otra vez en bandeja para este 2022.

ERC tiene varias decenas de dirigentes y militantes con causas abiertas que este 2022 pueden concluir en condenas. Sin olvidar que su secretaria general, Marta Rovira, continúa residiendo en Suiza, mientras la justicia española mantiene la acusación contra ella por rebelión. Por su parte, Junts tiene también diversos miembros con causas judiciales pendientes, pero centra sus expectativas judiciales para este 2022 en la resolución que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea debe emitir respecto a la recuperación de la inmunidad para el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados del partido, Toni Comín y Clara Ponsatí. Sin duda, esta resolución judicial puede tener también efectos importantes en el tablero político catalán. Y finalmente la CUP, a pesar de tener menos casos judiciales y de menor trascendencia, verá también este 2022 sentencias contra dos de sus máximos dirigentes en el Parlament, el miembro de la Mesa Pau Juvillà, y la portavoz Eulàlia Reguant.

Primero la revisión de los indultos, alta tensión

El primer asalto judicial que afrontará el independentismo catalán este año es, ni más ni menos, que el relacionado con la revisión de los indultos que hace seis meses concedió el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve dirigentes encarcelados con penas que sumaban hasta 100 años de cárcel. Si bien es cierto que esta medida no ha solucionado el problema judicial de fondo contra el independentismo, sí se puede decir que ha servido para rebajar la tensión política y social en Catalunya. Por eso, lo que decida el Tribunal Supremo respecto a las demandas de revocación de los indultos tendrá una importancia fundamental en mantener o trastocar la situación actual.

De momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo tendrá que decidir sobre el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado para evitar la admisión a trámite del medio centenar de recursos contra los indultos que se han presentado, entre ellos, de partidos como Vox o Ciudadanos y diversas organizaciones sociales de signo antiindependentista. La Abogacía del Estado alega que ninguno de ellos tiene una vinculación o interés directo con el caso para recurrir los indultos como sería preceptivo.

Esta semana está previsto que la Sala del Supremo inicie la deliberación que se prevé que resuelva este primer trámite a finales de mes. En caso de dar la razón a la Abogacía del Estado, los recursos decaen y el tema queda zanjado. En caso de admitir a trámite alguno de los recursos, se iniciaría el proceso de evaluación por parte de cinco magistrados del Supremo sobre las motivaciones expuestas para la anulación o no de los indultos a lo largo de los próximos meses. El recurso que genera más incertidumbre es el presentado por Vox, por el hecho de que participó como acusación particular en el juicio a los nueve indultados.

Junqueras: “Estamos preparados para volver a la cárcel”

Sobre las expectativas al respecto de la resolución del Supremo, la mayoría de los afectados consideran que estos recursos son una pura "instrumentalización política" que no deberían ser ni admitidos a trámite. Así se manifiesta alguno de ellos como el presidente de ERC y exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que asegura, a pesar de ello, que "de la justicia española no esperamos nada, ha dado muestras sobradas de lo que es capaz de hacer". Junqueras es tajante: "Si tenemos que volver a la cárcel, volveremos a ella, estamos preparados".

Pero fuentes de la dirección de Esquerra no niegan el golpe que supondría el retorno de los dirigentes independentistas a la cárcel si en última instancia el Supremo revoca los indultos, decisión sobre la que no hay prácticamente precedentes. De producirse, aseguran, "sería una constatación de que el Estado profundo dinamita cualquier posibilidad de superar la fase represiva en el conflicto", y ello sin duda tendría consecuencias políticas también en la relación con el Gobierno español. Por lo que los republicanos ponen sobre la mesa nuevamente su receta, la amnistía, para blindar esta cuestión de la interferencia judicial. Y subrayan la necesidad de acelerar en la mesa de negociación "sin prisas, pero sin pérdida de tiempo", asegura el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Acelerar la mesa de negociación frente a la ofensiva judicial

En Esquerra están convencidos de que la mesa de negociación entre el Govern y el Gobierno español no dará frutos inmediatos, pero alertan que, si no se dan los primeros pasos, con los primeros acuerdos, antes de que los jueces enhebren la aguja del endemoniado calendario judicial contra el independentismo del 2022, la mesa de negociación puede irse al traste. Para Aragonès, "un mensaje que debería tener muy claro el Gobierno del Estado es que no hay tiempo que perder en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto y para encontrar una solución democrática que permita a los catalanes decidir el futuro político con absoluta libertad".

ERC tiene el grueso de los imputados por el 1-O

ERC tiene el grueso de dirigentes imputados en diversas causas relacionadas con el referéndum del 1 de Octubre de 2017 y sus derivadas. No en vano el expresident Carles Puigdemont encargó al exvicepresident, Oriol Junqueras, junto al exconseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, los preparativos de la consulta por la independencia que se llevaron a cabo en gran medida en la conselleria de Economia que dirigía Junqueras.

De aquella estructura deriva que estén pendiente de juicio por el referéndum cargos muy relevantes en el interior de Esquerra como Josep Maria Jové, Lluís Salvador o Natàlia Garriga. El primero es portavoz parlamentario y negociador clave del partido –incluso estuvo en la primera reunión de la mesa de diálogo con Pedro Sánchez sentado frente a él-. Salvador se ha mantenido en un segundo plano, pero continúa teniendo un gran peso en la organización interna del partido y entre las bases territoriales. Y la tercera es ni más ni menos que la actual consellera de Cultura.

No son descartables posibles penas de cárcel por la organización del referéndum para ellos y otros miembros del Govern del 2017 en las causas que instruye el juzgado número 13 de la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En esta causa hay que sumar hasta 17 exaltos cargos de ERC y de Junts que van desde el exsecretari de Comunicació del Govern, Antoni Molons, al exsecretari d’Exteriors, Aleix Villatoro, o incluso los actuales directores de TV3, Vicent Sanchis y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, así como una docena de empresarios presuntamente vinculados a los preparativos del referéndum. En total, 29 procesados. Sin olvidar el proceso a la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret –ahora diputada del Parlament por ERC-, abierto después que retornara recientemente de Bélgica donde fijó su residencia después de la Declaración de Independencia del 27 de octubre de 2017.

También hay que situar en la diana judicial a otro destacado miembros del Govern de los republicanos: el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, que afronta un juicio que le puede comportar inhabilitación como expresident del Parlament. Se le acusa de desobediencia al Tribunal Constitucional por admitir a trámite mociones en favor del derecho a la autodeterminación y contra la monarquía. No es el primer conseller de Esquerra inhabilitado, ya lo fue el exconseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, que no se pudo presentar como cabeza de lista por Lleida en las elecciones de febrero pasado.

Comparten con él estas causas otros miembros de ERC que también estaban en la Mesa del Parlament, junto a los miembros de Junts de la misma, entre los cuales destaca el exvicepresident de la cámara, Josep Costa. Algunos de ellos, como Costa, han dejado los cargos públicos y otros continúan como diputados.

El macroproceso contra Exteriors

La ofensiva judicial tiene aún otro gran macroproceso pendiente en el juzgado número 18 de la Audiencia de Barcelona por la Acció Exterior de la Generalitat. Más allá de las multimillonarias fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas, se abre paso una instrucción judicial contra numerosos cargos del Govern, tanto de la etapa de Artur Mas, como de la de Carles Puigdemont por supuesta malversación de fondos públicos. Se les acusa de destinar presuntamente partidas del Departament d’Acció Exterior a promover el referéndum de autodeterminación en la escena internacional, con posibilidad también de penas de cárcel.

Entre los imputados está incluido el propio exconseller Raül Romeva, que corre el peligro de perder el indulto condicionado que le fue concedido y volver a la cárcel donde ya pasó más de tres años. Por cierto, el renovado Tribunal de Cuentas deberá dictaminar sobre esta causa que comportó fianzas de 5,4 millones para 34 exaltos cargos del Govern dedicados a la Acció Exterior. Los nuevos miembros designados por el PSOE tendrán un papel crucial al respecto y su decisión marcará también la relación con Esquerra.

La CUP tampoco escapa a las togas

En cuanto a la CUP, los anticapitalistas no se han visto demasiado afectados por los hechos de 2017 al no formar parte ni del Govern ni de la Mesa del Parlament en aquel momento, aunque una de sus destacadas dirigentes, Anna Gabriel, continúa residiendo preventivamente en Suiza. Pero los cupaires están ahora a la espera de la ratificación por el Supremo de la sentencia de inhabilitación del TSJC de su diputado y miembro de la Mesa del Parlament Pau Juvillà. Se le acusa de desobediencia a la Junta Electoral por no descolgar un lazo amarillo de la ventana de su despacho cuando era concejal del Ayuntamiento de Lleida. Fue durante las elecciones europeas a las cuales no se presentaba la CUP. Y también otra figura destacada del grupo parlamentario de la CUP, Elena Reguant, será juzgada por desacato después de negarse a responder las preguntas de Vox como testigo en el juicio del Procés.

El caso de las presuntas irregularidades de Borràs

A todas estas causas hay que sumar una especial que atañe a la segunda autoridad de Catalunya, la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En este caso, Borràs está a la espera del juicio en el TSJC por presuntas irregularidades cometidas cuando fue la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Se la acusa de fraccionar contratos por un trato de favor a un conocido en esta institución cultural de la Generalitat. Aunque el delito del que se le acusa nada tiene que ver con la causa independentista, la dirigente de Junts asegura que su proceso forma parte de la misma "persecución judicial" contra el independentismo. Y en caso de tener que abandonar el cargo por inhabilitación, será sin duda otro movimiento sísmico que sacudirá la política catalana.

El cúmulo de imputaciones y juicios para este 2022 es denso y por supuesto cada decisión judicial impactará en la política catalana y por tanto también en la estabilidad del Gobierno español. Y ya se ha podido comprobar en más de una ocasión que los tribunales tienen un curioso don de la oportunidad en sus dictámenes que aparecen siempre que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia alguna cuestión trascendente con los independentistas catalanes.

ERC mantiene la mano tendida, pero pide determinación a Sánchez

La reacción de los independentistas frente a los juicios pendientes es dispar. Junts y la CUP consideran que "mientras haya persecución judicial" por parte del Estado español no se puede dar estabilidad al Gobierno español. ERC, a su vez, apuesta por hacer frente a la ofensiva judicial reforzando la negociación política. Aunque alertan de que volver a ver a dirigentes independentistas entrando en la cárcel –como es el posible caso de los imputados en el juzgado 13- pondría las cosas muy difíciles para mantener la relación con Pedro Sánchez, ya que consideran que "el Gobierno español no se puede poner de perfil en este escenario".

Los republicanos justifican precisamente por este motivo su apuesta por la mesa de negociación: "La represión hace más necesaria que nunca una apuesta decidida por explorar al máximo una solución dialogada y acordada al conflicto político y que comporte una salida democrática al mismo", aseguran fuentes de la dirección de ERC. Los republicanos garantizan que mantendrán abierta la estrategia política este 2022 "no con un apoyo incondicional", pero sí con voluntad de llegar a acuerdos "en aquellos temas que sean positivos para la ciudadanía catalana". Pero alertan también de que la tensión que puede provocar determinadas sentencias judiciales condicionará su relación actual con el Gobierno del PSOE y UP, especialmente en función de cual sea la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez al respecto.

"El Gobierno español puede y debe ayudar a la desjudicialización de un conflicto que es político y que debe resolverse exclusivamente por vías políticas", aseguran.

La justicia europea y el posible retorno de Puigdemont

Por su parte, Junts tiene fijado otro frente judicial al margen del que está en marcha en el Estado español. Es el de la justicia europea, que tiene que dictaminar sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea debe decidir si anula la retirada de la inmunidad que aprobó el Parlamento Europeo a instancias del Tribunal Supremo español. En caso de ratificar la decisión del Europarlamento, ello no supondría la entrega inmediata de Puigdemont, ya que la decisión quedaría en manos de la justicia belga, que deberá posicionarse sobre la euroorden del juez instructor del Supremo, Pablo Llarena. Los precedentes del cantante Valtonyc o del exconseller Lluís Puig, en que la extradición ha sido denegada, hacen pensar que difícilmente en Bélgica entregarán a Puigdemont.

Pero si la decisión del TGJUE supone retornar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, desde Junts -y desde los equipos jurídicos del expresident liderados por Gonzalo Boye- se hace hincapié en que ello abriría la posibilidad de retorno al Estado español sin posibilidades de detención, ya que España como estado miembro de la UE deberá cumplir con el dictamen de la justicia europea. Según la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una entrevista a El Nacional "el retorno de Puigdemont debe servir para culminar la independencia".

Está por ver si Puigdemont ganará esta batalla judicial y, si es el caso, se atreverá a poner un pie en el Estado español, pero sin ninguna duda esta es otra de las grandes decisiones judiciales respecto al independentismo catalán que se esperan para este año 2022, antes de las vacaciones veraniegas. Una resolución que sin duda removerá las ahora aguas tranquilas -pero siempre con mar de fondo- de la política catalana, y por derivada, de la española.

Más de 3.000 personas en causas judiciales

A todas estas decenas de imputaciones de destacados dirigentes políticos, hay que sumar la de centenares de concejales, alcaldes y otros cargos menores de los partidos independentistas que aún pasarán por los juzgados este 2022, junto a numerosos ciudadanos juzgados por la participación en las diversas protestas y movilizaciones posteriores al referéndum del 2017. En algunos casos, llega a peticiones de una decena de años de cárcel. Más de 3.000 personas -3.300- han sido víctimas de algún tipo de imputación judicial en el entorno del independentismo catalán en los últimos 4 años, según los datos recabados por Òmnium. Una cifra que indica cuán inestable es el artefacto político catalán aún hoy en día, aunque no lo parezca, y en consecuencia cuán frágil es la viga republicana que apuntala a Pedro Sánchez en la Moncloa.