El PP ha consumado este martes en el Congreso su amenaza de encabezar una iniciativa para acabar con la posibilidad de crear perfiles anónimos en las redes sociales. Según su portavoz, Rafael Hernando, responde a la voluntad de evitar la comisión de delitos que se amparan en la "impunidad del anonimato". El conservador ha asegurado que su grupo decidió impulsar la medida tras un ataque a la diputada Alicia Sánchez Camacho, a quien un tuitero escribió: "A tí te tendría que haber encontrado 'La manada'".

Además de impedir el anonimato en las redes, el PP propone en su Proposición No de Ley (PNL) "modificar las leyes para restringir o limitar el acceso a la red a todos aquellos que las incumplan". Por tanto, quien se niegue a dar "su identidad administrativa real" (el DNI, según ha explicado Hernando) a "los proveedores de servicio en internet" quedaría sin acceso a la red.

La propuesta de los conservadores supone un "gravísimo " ataque a las libertades, ha denunciado la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Naciones Unidas y diversos organismos internacionales que velan por los derechos fundamentales han declarado repetidamente que el anonimato es un derecho básico en el desarrollo de la libertad ideológica y la libertad de expresión, sea cual sea el soporte en el que se ejerza, ha recordado la plataforma.

 La PDLI advierte que "cualquier ley que intentase plasmar las propuestas de esta
iniciativa sería con toda probabilidad inconstitucional", al ir en contra de esas libertades fundamentales. Además, destaca que la iniciativa no "responde a ninguna demanda social" y niega la presunta necesidad jurídica esgrimida por el PP, que dice que los delitos en redes no son perseguidos con "la misma eficacia y agilidad" que en el mundo físico.

"Los poderes públicos disponen de mecanismos suficientes dentro de su ámbito de actuación para perseguir los delitos en Internet, incluso de forma desproporcionada como sentencias recientes contra tuiteros han puesto en evidencia", avisa la PDLI, formada por juristas expertos en libertad de información, periodistas y profesores universitarios.

Otro recorte más

El recorte de libertades fundamentales en el terreno digital ha sido una constante en las políticas del PP tras acceder al Gobierno en 2011, justo tras la ocupación de las plazas por el 15-M, movimiento en cuyo auge fue clave la información y la llamada a la acción a través de las redes sociales. Desde entonces, los conservadores han camuflado restricciones de derechos en red en las reformas del Código Penal (leyes mordaza), la ley de propiedad intelectual o el derecho al honor.

"Esta proposición no de ley del PP solo puede verse —asegura la PDLI —como el enésimo intento de recortar las libertades en Internet", y recuerda que recientemente impulsó un manifiesto "contra la ‘idea’ de controlar gubernamentalmente la información online con la excusa de las ‘noticias
falsas’ en la red": "La ciudadanía no necesita que se la proteja de Internet. Pero Internet sí necesita ser protegida de los políticos".