MADRID.- La fiscalía anticorrupción ha abierto una investigación al despacho Equipo Económico dirigido por Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda durante el Gobierno de Aznar, y fundado por Cristóbal Montoro en el año 2006 (en un primer momento se llamó Montoro y Asociados). La investigación se centra en la firma de un contrato entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y este despacho en el año 2012 e intenta determinar si su adjudicación vulneró la Ley de Contratos del Estado, según cita el diario El País.

Esta firma, un conocido lobby madrileño, fue creada por Montoro a su salida del gobierno de Aznar en el 2006, junto a numerosos colaboradores del ministerio de Hacienda de entonces, entre los que destacan Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, ex director del gabinete de la Secretaría de Estado; y Manuel de Vicente, ex jefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria.

El contrato firmado por Equipo Económico establecía la elaboración de un documento que sirviera como borrador para la ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en el año 2012, aunque no se aprobó hasta dos años después. Este documento analizaba el impacto que tendría esta nueva ley sobre las cámaras de comercio, sus funciones, modelo de negocio y naturaleza jurídica.

La investigación de Anticorrupción se inició en enero de 2014 y ahora trata de averiguar por qué se adjudicó ese contrato sin sacarlo a concurso público, ya que la ley establece que las adjudicaciones no pueden ser directas a partir de los 12.000 euros, y el precio inicial del contrato fue de 216.000 euros que posteriormente se rebajaron a 90.000.

Según el diario hace varias semanas acudieron a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción Martínez Rico, responsable del despacho Equipo Económico, Carmen de Miguel, secretaria en funciones de la Cámara, Manuel Teruel, ex presidente de la misma y el asesor jurídico de este organismo.

Cuando Fiscalía abrió diligencias de investigación en 2014 pidió todos los contratos que firmó el Consejo Superior de Cámaras durante los últimos cinco años entre los que figuran firmas como Price Waterhouse, Deloitte, Indra y Erns and Young.