Anticorrupción pide que Rato vuelva a comparecer al atribuirle dos nuevos delitos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado de instrucción número 31 de Madrid que cite de nuevo al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para que se le informe de los presuntos nuevos delitos -cohecho y malversación de caudales públicos- que le imputa la Guardia Civil en un informe.

En un escrito, Anticorrupción se refiere a un documento presentado el pasado 27 de marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se atribuyen a Rato estos dos nuevos delitos además de los de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Por eso, solicita al juez que investiga el origen de la fortuna del exdirector gerente del FMI, Antonio Serrano Arnal, que le cite en calidad de investigado para que conozca la imputación de los nuevos delitos y preste declaración sobre los mismos.

En su informe, la Guardia Civil detectó que empresas privatizadas en los años en que fue ministro (1996-2004), con el gobierno de José María Aznar, pagaron por campañas de publicidad en medios casi 83 millones de euros a través de sociedades presuntamente relacionadas con su familia.

El documento ponía el foco sobre COR Comunicación, señalada como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones). Asimismo, recogía los correos que intercambiaron Rato y PwC días antes de que el exministro abandonase la gerencia del FMI, en los que la firma, en sus labores de consultoría en el organismo, se interesaba por los vínculos de tres de sus empresas con paraísos fiscales.

Investigación "eminentemente política"

Rato presentó el pasado 20 de abril ante el juez, dentro del plazo previsto para ello, sus alegaciones ante el informe de la UCO. En un escrito de 20 páginas al que ha tenido acceso Efe, Rato considera que su investigación es "eminentemente política", y está dirigida a empañar su "buen nombre como ministro" pese a carecer de pruebas concluyentes.

El exvicepresidente del Gobierno cree que los agentes de la UCO parten de la hipótesis criminal de que desde su cargo público se habría enriquecido ilícitamente, una idea que, sostiene, tratan de defender tergiversando la realidad y aprovechando información obtenida a partir de diligencias "opacas", practicadas "en silencio y a espaldas de las defensas". Para Rato, se trata de una "causa general" en la que, "sin indicio racional de criminalidad previo", se investiga "en su integridad" su vida.

Considera también que los sucesivos informes elaborados a partir de la documentación incautada "ninguna relación guardan" con el supuesto delito de blanqueo de capitales en el extranjero que dio origen a las pesquisas en abril de 2015 y que fue el mandato que el juez, a petición del fiscal, otorgó entonces a la UCO. Sobre COR Comunicación, Rato insiste en que su familia vendió su participación en esta sociedad en 2002 y él nunca tuvo responsabilidades de gestión, ni cobró sueldos ni dividendos; además, aunque ocupaba un cargo en el Gobierno, no tenía potestad para obligar a contratar servicios del "grupo Rato". Defiende, asimismo, que las operaciones desarrolladas por COR fueron "absolutamente legales, reales y a precio de mercado".

En la misma línea se pronuncia acerca de las subvenciones recibidas por otras sociedades del presunto entramado, Viajes Ibermar, Aguas de Fuensanta y Layosalud, entre 1997 y 2004, sobre las que, según el exministro, la UCO demuestra con sus sospechas "el total desconocimiento" de la normativa de los fondos regionales que son tramitados por gobiernos autonómicos. Rato descarta cualquier tipo de intromisión en la concesión de estas ayudas al ser competencia de los gobiernos autonómicos, en este caso, comunidades gobernadas por el PSOE.