ZARAGOZA.- Aragón blindará por ley el “mínimo vital” en su sistema de protección social autonómico. Las Cortes aprobaron este jueves tramitar la proposición de Ley sobre garantías de la efectividad de los derechos sociales en situaciones de emergencia social en Aragón la comunidad, una iniciativa de Podemos que contó con el apoyo de PSOE, Cha e IU y la oposición del PP mientras el Par y C’s se abstenían.

El texto declara “esenciales” e “inembargables” las ayudas para alimentación, vivienda, agua, luz y gas, contempla la gratuidad de los medicamentos para tratar enfermedades crónicas de personas en situación de pobreza y, al mismo tiempo, establece que la tramitación de los fondos para comer no podrá prolongarse más de una semana y que los destinados a vivienda deberán impedir que las familias destinen a ese apartado más de un 30% de su renta. También prioriza el acceso a las plazas gratuitas en escuelas infantiles y a los programas de refuerzo educativo –con independencia de que sus escuelas los presten- para los niños de familias en situación de vulnerabilidad.

Podemos propone que, mientras no esté al día en la tramitación y el pago de prestaciones, la comunidad no pueda destinar un euro a protocolo, dietas de altos cargos, publicidad, premios, “carga financiera de intereses por deudas” con bancos ni, tampoco, a “grandes infraestructuras y obras que no sean de interés social o prioritarias”.

Esta será la tercera de las cuatro leyes principales relacionadas con la emergencia social que tramiten en este inicio de legislatura las Cortes de Aragón, junto con otra de Podemos referente a la pobreza energética, a la convalidación del decreto impulsado por PSOE y Cha que veta los desahucios sin alternativa habitacional y a la próxima propuesta sobre la renta social básica, que llevaban en sus programas esas tres formaciones y también IU.

Todo apunta a que acabarán refundidas en un único texto.

Esa compilación de las leyes de emergencia social vería la luz en una comunidad en la que, según revelan las estadísticas oficiales, 32.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, en el que más de 11.000 de esas familias carecen de ingresos y 6.000 no pueden comer carne o pescado tres veces a la semana, en el que la población en riesgo de pobreza o de exclusión se ha triplicado en un lustro para superar la quinta parte del censo y en el que un tercio de las casas tiene problemas para llegar a fin de mes.

El debate de la toma en consideración de la propuesta transcurrió sin estridencias durante su mayor parte. De hecho, la cámara solo se alborotó en la última intervención, cuando

la popular Rosa Plantagenet calificó la iniciátiva de “falta de ética”, “segregatoria”, “panfleto”, “zafia, pretenciosa y falsa”. “No se puede utilizar la emergencia social para hacer política de una manera torticera”, remató, tras defender la política social de Rajoy.

“Esta ley pretende reforzar todos estos mecanismos de protección y garantizarlos”, había señalado la diputada de Podemos Amparo Bella, que anotó que “la ciudadanía aragonesa en situación de vulnerabilidad está esperando soluciones reales a sus problemas para llevar una vida sostenible”.

Recibió el apoyo de Cha e IU, cuya diputada Patricia Luquin destacó la necesidad “no solo de reconocer derechos sino de poner los medios y las herramientas para poder ejercerlos”, y del PSOE, cuya parlamentaria Pilimar Zamora apuntó que “la crisis ha tenido como consecuencia cifras históricas de desempleo y de aumento de la desigualdad”. “Esperemos que el debate nos sirva para reflexionar sobre el modelo de protección social”, añadió.

José Luis Juste (C’s) justificó la abstención de su grupo en que “no sabemos lo que pretenden” y, tras admitir que no votaban en contra por temor a la reacción en las redes sociales, reclamó “más concreción”. En un tono similar se pronunció Elena Allué, del PAR, quien, no obstante, calificó de “demagógica” la priorización de gastos que propone la formación morada.

La proposición de ley considera “fundamental” que la Administración autonómica actúe para “garantizar la efectividad” de los derechos sociales con las personas en situación de vulnerabilidad y que preste una “atención máxima” a los procedimientos de inclusión social y de urgencia para evitar que ese sector de la población no pueda hacer frente a sus “necesidades vitales”. Ese “mínimo vital”, señala el preámbulo, “no se encuentra recogido entre los derechos fundamentales de la Constitución” pese a su vinculación con otros como los de la integridad personal, la igualdad e, incluso, la vida.

La iniciativa, cuyas enmiendas serán debatidas en una ponencia y en una comisión antes de pasar al pleno, pretende “garantizar la efectividad” de ese sistema de protección social, cuya gestión se ha visto afectada en los últimos años por “dificultades administrativas, retrasos y carencias en las dotaciones materiales y presupuestarias”.