En Argentina ha caído por sorpresa la noticia de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado las extradiciones del ex guardia civil Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, y Jesús Muñecas Aguilar, ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, acusados de torturas en la causa abierta en el país por los crímenes del franquismo.

Todavía hay que esperar a que el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, decida si entregará a los dos imputados a la Justicia argentina para que sean juzgados en este país. Dados las dificultades que lleva sufriendo la causa desde su origen, el abogado de las víctimas franquistas, Máxim Castex, se muestra cauteloso.

'Primero debemos esperar la confirmación de las extradiciones', cuenta a Público. 'Y después ordenar y agilizar el pedido a los efectos de que presten declaración indagatoria aquí en Argentina. Para eso, España va a tener que notificarle de manera oficial a la jueza que los dos imputados están a su disposición y que se inician los trámites de extradición'.

Las órdenes de pedido internacional, en ese caso, se verían reflejados en la causa. Pero antes de celebrar una victoria que podría no concretarse, el juez Pablo Ruz tiene que comunicarse formalmente con la jueza Servini de Cubría.

'Si los dos imputados llegan a ser extraditados, se formalizaría la audiencia indagatoria, es decir, se presentarían las acusaciones contra Jesús Muñecas Aguitar y contra Billy el Niño existentes en la causa sobre los tormentos que realizaron a las víctimas del franquismo que refleja la querella', explica el abogado argentino. 'Una vez acá, los dos españoles serían asistidos por un abogado, que les asesoraría en el proceso. Pero primero hay que esperar la formalización de las extradiciones', insiste.

Aunque todavía debe pronunciarse la Audiencia Nacional sobre el destino de los dos imputados, Castex admite que la noticia es fabulosa. 'Si se llegan a realizarse las extradiciones sería increíble, porque esperábamos la oposición total del Gobierno español. Esto viene a reforzar la lucha de estos tres años en los que hemos llevado adelante la causa', exclama.

El abogado de las víctimas del franquismo sabe, no obstante, que un nuevo obstáculo puede volver a sorprenderlos. 'Soy incrédulo, hasta que no lo vea con mis propios ojos no lo creo', admite. 'El Gobierno de Rajoy fue el mismo que dificultó las videoconferencias y el que respondió negativamente a los exhortos de la Justicia argentina', recuerda.

Escollos como la cancelación de las videoconferencias en abril de este año fueron la prueba de que la suma de apoyos era imprescindible para impulsar este proceso. Fue entonces cuando la dedicación a la causa de los querellantes y de sus abogados comenzó a dar resultados.

En junio de este año, llegó el respaldo institucional del Parlamento vasco. Dos meses después, la Cámara de Diputados argentina apoyaba una moción de respaldo a la querella. En septiembre, se creaba la plataforma argentina de apoyo a la causa, y a los pocos días, llegaba la resolución inédita de Servini de Cubría, que por primera vez llamaba a indagatoria a los primeros imputados españoles por delitos cometidos durante el franquismo.

La llamada de atención final vino de la ONU, cuando en septiembre rechazó un informe del Estado español, que se hasta ahora se escuda en la ley de amnistía y en  la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura para no investigar el franquismo. El comité de Desapariciones Forzadas desmintió que esos crímenes hubieran ya caducado, y conminó a España a crear una comisión de expertos independientes para 'determinar de verdad'

La Constitución argentina reconoce, desde 1853, el principio de justicia universal por el que el juzgado de Servini de Cubría se ha declarado competente para investigar los crímenes franquistas. La causa fue promovida el 14 de abril de 2010 por dos familiares de víctimas españolas del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. Hasta hoy se han incorporado a la querella unos 170 querellantes particulares.