El Tribunal Constitucional está a las puertas de publicar dos dictámenes a dos sentencias. La primera, en torno la suspensión de la autonomía de Catalunya. Y la segunda, al recurso de amparo presentado por Oriol Junqueras sobre su situación en prisión. 

La justicia avalará todas sentencias y no corregirá ni reprenderá las decisiones tomadas por los diferentes entes políticos y judiciales , según avanza La Vanguardia. "Está garantizado que los dos fallos se van a parecer como dos gotas de agua", asegura la publicación del periódico catalán.

La mayoría absoluta recuperada por el PSOE en el Senado aleja la posibilidad de aplicar de nuevo el artículo 155 en Catalunya, descartado reiteradamente por los socialistas pese al empeño de PP y Cs, pero no quita para que en el futuro, con nuevas mayorías, este artículo se pueda volver a usar como arma electoralista.

Pero, aunque esta sea la decisión del Supremo, no quita para que proponga una doctrina general para actuar en futuras aplicaciones del 155, en el caso de que se volvieran a llevar a cabo. Se pretende llevar a cabo una interpretación de las propias previsiones constitucionales, ya que este artículo nunca había sido activado con anterioridad. 

Según La Vanguardia, el Tribunal Constitucional pretende impedir que el 155 se pueda utilizar como herramienta o amenaza permanente cada vez que surja tensión territorial. Para ello, consideran que la gravedad de los hechos es lo que debe marcar su activación y su forma de hacerlo. 

Junqueras, más de un año en prisión

Oriol Junqueras, recién nombrado diputado por el Congreso de los Diputados gracias a los 15 escaños obtenidos por ERC, sin embargo, ha generado más debate en el Tribunal. 

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Fuentes consultadas por Público aseguran que lo más probable es que tanto él como el resto de presos sean suspendidos como parlamentarios, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. 

El Tribunal, por otra parte, también debate sobre si establecer límites específicos o no a la prisión provisional de representantes políticos. La mayoría del TC, según ha podido saber La Vanguardia, considera que debe hacerse compatible una medida cautelar con la representación política, así que está por ver qué acaba proponiendo como hoja de ruta de cara al futuro.