La Asamblea de Madrid torpedea el acceso de los diputados a las actas sobre la comparecencia de Aznar Jr.

MADRID.- Las instituciones como una inmensa jaula de hierro. En este caso, la Asamblea de Madrid. El grupo parlamentario de Podemos lleva más de un mes reclamando tener acceso a varias actas de la Mesa de la Asamblea para saber, entre otras cosas, por qué el máximo órgano de dirección de la Asamblea no aceptó la comparecencia de Aznar Junior en la sesión de la comisión sobre la corrupción que trataba de poner luz en la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 2.935 viviendas sociales a un fondo de inversión.

Los rechazos, primero, y los inconvenientes, después, de la Mesa de la Asamblea han sorprendido al grupo parlamentario de Podemos porque el artículo 19 del Reglamento del parlamento madrileño establece como "derecho" de los diputados el "recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea, salvo las que correspondan a actuaciones que según lo dispuesto en el Reglamento tengan carácter secreto". Un carácter secreto que, obviamente, no se da en este caso, y que sorprende aún más cuando, tras varias reclamaciones, la Mesa aceptó finalmente la comparecencia de Aznar Jr. en calidad de "experto". 

El artículo 19 del Reglamento del parlamento autonómico madrileño establece como "derecho" de los diputados el "recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea

Sin embargo, la letrada que ocupa la secretaría general de la Mesa, que ha sido nombrada por el Partido Popular como primera fuerza parlamentaria, considera que no se trata de "un derecho absoluto" e interpreta que, en este caso, los diputados sólo pueden ver el documento y no disponer del mismo utilizando para este fin una sentencia del Tribunal Supremo que restringe el acceso a las actas a los trabajadores de la cámara, pero no a los diputados. 

Aznar Jr., única comparecencia no permitida

Todo comenzó cuando el grupo parlamentario de Podemos pidió, entre otras muchas, la comparecencia de Aznar Junior en la Asamblea de Madrid para dilucidar si tenía algún vínculo con los fondos de inversión que se han hecho con las viviendas sociales vendidas en 2013 por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, tal y como denunció ante la la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil.