La Audiencia Nacional ha bloqueado el acceso a las tesis doctorales sin el permiso expreso del autor. Esta decisión ha sido adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia que impide a un investigador conocer la tesis doctoral de un jefe de departamento de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) porque prevalece la ley de propiedad intelectual.

El investigador se había encontrado con que en la base de datos de la UPM sólo figuraba el título de la tesis. Tampoco figura en la base de datos de las tesis doctorales (TESEO) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Pidió acceder al documento con fines de investigación a través del Consejo de Transparencia, que lo amparó. La Universidad se negó a facilitar esta tesis doctoral. Incluso la solicitó un profesor desde Chile, con resultado negativo.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en este caso de amplio calado en el ámbito académico. Recoge que los autores no pueden oponerse a las "reproducciones de sus obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación", según la ley de propiedad intelectual.

El matiz viene después, cuando la Audiencia Nacional interpreta qué son esos fines de investigación o conservación de la obra que se citan en la ley: "se refieren a la obra como objeto de análisis o conservación, por ejemplo, de la autenticidad de un cuadro o de un incunable. No ampara la copia de la obra para entregarla a un alumno de la Universidad que realiza un estudio sobre temas relacionados con el contenido de la obra".

Tampoco le basta a la sala que el jefe de departamento de la Politécnica no se opusiera a facilitar su tesis doctoral; la Ley de Propiedad Intelectual "exige contar con el consentimiento expreso del autor" para ceder una obra a terceros, sostiene la resolución judicial.

El tercero, en este caso, es un investigador especializado. La negativa a facilitarle la tesis doctoral fue recurrida a la Audiencia Nacional por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recurso al que se sumó el afectado. Ahora ambos han sido condenados a pagar unas costas de 3.000 euros.

Universidad pública y tesis con dinero público

"El Consejo de Transparencia te da la razón, pero al final no sirve para nada porque la ley de transparencia no tiene régimen sancionador y el rector de la Universidad se lo salta", explica a Público el afectado. "En cambio, al que tienes enfrente, a la Universidad, le sale gratis", añade al tiempo que recuerda que las instituciones públicas son defendidas por los Abogados del Estado mientras que el Consejo de Transparencia tiene que recurrir a un despacho de letrados.

Se da la circunstancia de que la Universidad Politécnica de Madrid es pública, y que los jefes de departamento no pueden acceder a este cargo sin haber obtenido antes el doctorado gracias a la tesis doctoral que suele elaborarse con fondos públicos.

El afectado ha decidido no recurrir la sentencia al Tribunal Supremo por falta de medios económicos y por el desgaste personal que conlleva un pleito.

A las tarifas del abogado y procurador hay que sumar las elevadas costas procesales que impone el Supremo en la vía contenciosa que pueden alcanzar los 6.000 euros.

Este freno al acceso al Tribunal Supremo fue introducido por el Gobierno del PP en el año 2011 dentro de las medidas para agilizar la Justicia. Se da la paradoja que hasta los jueces que acuden a esta vía contra los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial que les afectan han tenido que pagar estas elevadas costas incluso cuando ganan.

La tesis doctoral objeto de la polémica lleva por título "Revisión y mejora de los procedimientos existentes y propuesta de métodos alternativos para la estimación del peso de la estructura de los buques de carga seca".