Avalancha de alegaciones a una futura Ley de Información Clasificada que amenaza las libertades públicas

En pleno mes de agosto, y sólo siete días hábiles: así ha sido el escueto plazo para presentar alegaciones a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para una nueva Ley de Información Clasificada —que reemplazará a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968— y cuya redacción es francamente mejorable. Eso no ha impedido que organizaciones y ciudadanos alerten (en forma de alegaciones) de que la propuesta puede incluso violar derechos fundamentales.

Si el Gobierno pretende fomentar la participación ciudadana, presentar un anteproyecto en pleno agosto, por la vía urgente y con un plazo para presentar alegaciones tan ajustado no parece la mejor forma de hacerlo. Y aún así, el asunto es tan sensible que han llovido los escritos.

La propuesta de Presidencia para la elaboración de una nueva ley sobre los secretos del Estado, que al fin pone plazos para la desclasificación automática de información (con la ley actual, la documentación puede ser clasificada para siempre y hasta el infinito), está llena de 'trampas' que la hacen ideal para mantener fuera del escrutinio público documentos y material 'sensible' para los sucesivos Gobiernos de la democracia e incluso para el tardofranquismo.

De esta forma, historiadores, archiveros, investigadores y periodistas han recogido el guante lanzado por Moncloa el pasado 1 de agosto, cuando se presentó el anteproyecto de la nueva ley, y en cuestión de apenas siete días hábiles han podido presentar alegaciones que, en general, van en una misma dirección.

Si bien la Plataforma para la Libertad de Información (PLI) hizo públicas sus alegaciones esta semana, no ha sido el único grupo que ha señalado los peligros que supone el articulado propuesto. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública y decenas de asociaciones de archiveros, historiadores y particulares han hecho lo propio.

Presidencia no ha concretado a este diario el número total de alegaciones recibidas hasta el pasado viernes

Sin embargo, el Ministerio de Presidencia no ha concretado a este diario el número total de alegaciones recibidas hasta el pasado 12 de agosto, último día para presentarlas.

Así, los expertos consultados coinciden en que en el texto hay partes claramente ilegales o contradictorias con las normas nacionales y europeas; otras disposiciones son demasiado amplias y vagas; se otorga poderes nuevos e inéditos a las Administraciones Públicas; y los plazos (en el caso de los documentos clasificados como ‘alto secreto’, 50 años ampliables a 15 años más) son excesivos.

Prácticamente todas las asociaciones de archiveros de España han firmado un documento de alegaciones presentado el 12 de agosto —día límite para ello— en el que alertan de las prisas del Gobierno, de la indefinición de los términos, de la amplitud de competencias y de la falta se transparencia en los procesos, entre otros problemas.

Texto íntegro de las alegaciones de las asociaciones de archivistas e historiadores:

¿Clasificar violaciones de DDHH?

María del Olmo Ibáñez, doctora en Filosofía y Letras y directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, ha colaborado en este documento de alegaciones. En conversación con Público quiere hacer hincapié en una ausencia notable: la posibilidad de clasificar información referente a las violaciones de los derechos humanos. También remarca la ausencia de un control parlamentario efectivo en cuanto a la información clasificada.

"La gente que defendemos los valores democráticos no veraneamos"

"La gente que defendemos los valores democráticos no veraneamos", comenta Del Olmo, "y la propuesta de Ley ha salido en agosto, por un lado, y por otro que se acoge al trámite de urgencia sin justificar, lo que limita el trámite de audiencia pública: ahí veo una intencionalidad".

España ha suscrito multitud de acuerdos sobre protección de los derechos humanos, pero en esta proposición de ley aparece solo en el artículo 30, que habla de que no se podrá ser excluida información para proteger violaciones de dichos derechos. "Sólo habla de que esa información no puede ser destruida, pero es que los tratados internacionales remarcan que esa información, de entrada, no puede ser clasificada", asevera Del Olmo, que pide la desclasificación automática de toda la documentación sobre terrorismo de Estado, los GAL, torturas policiales…

"Se ha obviado el sistema archivístico español, que ya existe, y crea una situación muy ambigua"

Para Del Olmo, es imprescindible que la documentación que demuestre crímenes por parte del Estado ha de ser automáticamente desclasificada. Y sostiene que "se ha obviado el sistema archivístico español, que ya existe, y crea una situación muy ambigua". "Es más, la destrucción de documentación reservada que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos ya ha pasado, como en el año 1993 en el Congreso de los Diputados, en donde se dijo que se habían destruido los registros de la Guarda Civil que contenían información sobre espionaje a partidos políticos, sobre todo en torno a los GAL", añade esta experta, autora de un libro sobre el político vasco Joseba Azkarraga.

Demasiadas irregularidades

Las asociaciones de archivistas critican una larga lista de irregularidades, y en primer lugar se pregunta por qué se tramita esta ley de manera urgente, si la norma vigente es de 1968. Además, no hay definición de términos como información, documentos, registros, datos, procesos de clasificación… lo que aumenta el riesgo de colisión con otras normas.

El texto propuesto aumenta enormemente el número y la condición de las autoridades de clasificación, reclasificación y desclasificación de la información, y contiene, según estos expertos, incongruencias graves en los artículos dedicados a la regulación de los procedimientos de clasificación.

Tampoco se prevé el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su pérdida, desaparición o indebida destrucción. Asimismo, los archivistas alertan de que se limita en exceso la posibilidad de acceso a la información clasificada, que exclusivamente habilita a personas físicas o jurídicas que acrediten una afectación directa.

Destaca por su ausencia el establecimiento de un organismo de supervisión independiente, según los archivistas, que subrayan que falta un necesario control parlamentario sobre este tipo de información clasificada.

Por último, pero no por ello menos importante, destacan que el anteproyecto no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, al no garantizar que la información relacionada con violaciones de dichos derechos o del derecho humanitario en ningún caso podrá ser clasificada invocando razones de seguridad nacional, de forma tal que se evite la rendición de cuentas por dichas violaciones, o se despoje a la víctima de la oportunidad de acceder a una reparación efectiva de sus derechos.

Naturalmente, critican el apartado de las sanciones (de hasta tres millones de euros) que podrían aplicarse a alertadores y denunciantes de violaciones de DDHH o crímenes de lesa humanidad —también a informadores y medios— , y señalan que los tiempos previstos para la desclasificación automática son excesivamente largos, muy alejados de los estándares al uso en los países de nuestro entorno.

"Parece un chiste"

También algunos ciudadanos concienciados con la importancia de la transparencia en las administraciones públicas han realizado el esfuerzo de presentar alegaciones en tiempo y forma, tal es el caso del letrado de la Diputación de Alicante y defensor de la transparencia en las administraciones Miguel Ángel Blanes Climent. 

Él también ha publicado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada a a través del sitio web del Ministerio de la Presidencia, y coinciden en su mayor parte con los problemas que han detectado investigadores, archivistas, periodistas y defensores de la libertad de información.

"Parece un chiste que tengamos una ley de Secretos Oficiales de 1968 y ahora el Gobierno quiera tramitar por la vía urgente la nueva norma", comenta a Público en conversación telefónica.

Para Blanes, las alegaciones más importantes de las 13 que ha presentado [Consulte el texto íntegro] son, sobre todo, tres: en primer lugar, que no se contemple la prohibición de clasificar "en todas sus categorías" información que pueda ser constitutiva de algún delito grave, corrupción o fraude.

"Creo que es muy grave que pueda utilizarse esta herramienta para fines que nada tengan que ver con la seguridad o la defensa, sino para amparar o tapar conductas delictivas", alerta este experto, que ve en este hecho casi una "inviolabilidad a la carta" para los responsables de las administraciones públicas que, incluso con la desclasificación automática de documentos, podrían librarse de su responsabilidad por prescripción de los ilícitos.

"Sin pruebas documentales no hay responsables"

También considera grave que el texto propuesto permita la posibilidad de "destruir información complementaria" en lugar de conservarla con las debidas garantías de protección, y que no prevea "el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su pérdida, desaparición o indebida destrucción".

"Me parece crucial que la futura ley de secretos oficiales obligue al Gobierno a dejar rastro de todas las decisiones y actuaciones, a documentarlas, a protegerlas, a no poder destruirlas o perderlas, para que se puedan conocer", comenta Blanes, que subraya que "sin pruebas documentales no hay responsables", lo que supone un campo abonado para todo tipo de conductas ilegales y corruptas en el seno de las administraciones públicas.

Texto íntegro del Anteproyecto de Información Clasificada que propone el Gobierno: