El Partido Popular se opone a la ley de vivienda en el fondo y en la forma. Poco después de que  ERC y EH Bildu anunciaran este viernes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que impone un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 el PP ha salido en tromba a criticar tanto el contenido de la norma como el acuerdo con los socios habituales de la coalición. 

"Nos sorprende que a los dos partidos independentistas les interese la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte", dijo Alberto Núñez Feijóo en su primera valoración sobre la norma. "El entorno político de ETA hoy decidirá cómo va a ser la vivienda de todos", aseguró también Isabel Díaz Ayuso.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha deslizado que no solo no aplicará la ley sino que amenaza con recurrirla al Tribunal Constitucional. "Desde luego que se recurrirá a los tribunales siempre que ataque, además, competencias de las comunidades autónomas", anunció Díaz Ayuso.

Hace más de un mes, sin conocer el texto, Ayuso ya avanzó este recurso. "Para que no quepa ninguna duda, ya les anuncio que, si finalmente esa ley se aprueba, la Comunidad de Madrid va a adoptar todas las medidas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para proteger la región y sus competencias de estas injerencias", aseguraba el pasado 9 de marzo.

Ayuso y Feijóo se han pronunciado este viernes en términos similares augurando que la ley de vivienda producirá un incremento de los precios por la disminución de la oferta en el mercado del alquiler. "El propietario puede decidir no alquilarla y si no la alquila suben automáticamente los precios. Y si los precios no pueden subir, disminuirán la oferta de alquiler", razonó desde el País Vasco el presidente del PP.