Bárcenas se queja al juez de que ni tiene dinero ni puede trabajar

Luis Bárcenas ha presentado un recurso al juez Pablo Ruz en el que se queja de que el embargo de sus cuentas y las de su esposa, Rosalía Iglesias,  en Bankia, "producen la imposibilidad" de que sufraguen "los medios de vida ordinarios" de la familia. Añade que a ese bloqueo del dinero se une su situación de preso desde el pasado 27 de junio, que le impide cualquier "actividad profesional o laboral con la que sufragar los gastos vitales de su familia".

Son razones que esgrime el extesorero del PP, que llegó a acumular 48 millones de euros en Suiza, para rogar al magistrado que levante el bloqueo de sus cuentas en España. De momento, el juez no se ha ablandado y no sólo ha mantenido ese embargo sino que lo ha ampliado a dos cuentas de valores, por valor total de 651.784 euros, que el matrimonio tiene abiertas también en Bankia.

Ruz sólo deja sin bloquear los dos planes de pensiones abiertos por el matrimonio en Bankia en diciembre de 2002. El de Bárcenas, por importe de 134.898 euros, y el de Iglesias, por 33.780. No obstante, el juez requiere al banco que informe al Juzgado de cualqueir movimiento u operación de los mismos, "especialmente si los derechos consolidados se hicieran efectivos".

Paralelamente, Bárcenas ha recurrido la fianza civil de 43,2 millones de euros que la semana pasada le impuso el juez para afrontar las responsabilidades pecuniarias que puedan serle impuestas en una eventual condena futura en el 'caso Gürtel'.

Bárcenas pide al juez que al menos le rebaje la fianza civil de 43,2 millones que le ha impuesto

El extesorero considera "excesiva y totalmente desproporcionada" la cantidad, aparte de mal calculada, y, para el caso de que no sea revocada en su totalidad, pide subsidiriamente una rebaja en la cuantia. El juez le ha dado un plazo de diez días para abonar la fianza, y en caso contrario, le ha advertido de que le embargará sus bienas hasta lograr la cuantía acordada.

Bárcenas argumenta que los delitos fiscales que se le imputan por IRPF e Impuesto del Patrimonio relativos a los años 2002 y 2003, están claramente prescritos, y que el correspondiente a 2007 o años siguientes ha sido regularizada mediante el acogimiento a la 'amnistía fiscal' del año 2012. También rechaza que pueda exigírsele fianza alguna como cooperador necesario en el delito fiscal supuestamente cometido por su mujer en el IRPF en ese ejercicio, que sería en su caso demandable a la propia Rosalía Iglesias.

Además, afirma que no hay indicios de los delitos de blanqueo continuado de dinero, cohecho, estafa procesal o falsedad documental, que también  le reprocha el juez y sobre los que basa la elevada fianza de responsabilidad civil. 

Los abogados también destacan que el hecho de que Bárcenas se encuentre en la cárcel y de que sus cuentas y depósitos en España y en el extranjero estén bloqueados, impide defender que haya riesgo de que se produzcan transferencias o desapariciones de dinero. Además, afirman que los intereses de demora están mal calculados en la fijación de la fianza.

El recurso contra la fianza se plantea ante el propio juez Ruz, para intentar que reconsidere su decisión y anule o al menos rebaje la cuantía. Sin embargo, el presentado para lograr el desbloqueo de las cuentas en Bankia de Rosalía Iglesias, Bárcenas y la sociedad de ambos Conosur Land SL, se ha elevado directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Bárcenas argumenta que esas cuentas no han sido usadas con fines delictivos, y bloquearlas supone un ataque al patrimonio personal y y familiar del matrimonio y a su derecho de defensa, por cuanto con los fondos ha pagado a sus abogados en Suiza y a peritos en la causa de España.

Asimismo, en nombre de Rosalía Iglesias, los abogados relatan que en la cuenta bloqueada recibió entre abril de 2012 y abril de 2013 un total de 44.466 euros en concepto de "pago nómina y renta mes", que según la esposa de Bárcenas supone que el destino de ese dinero es el pago de las rentas del local de su taller de restauración. Si se mantiene el embargo, añaden los letrados, se impediría a Iglesias "continuar con un negocio lícito y legal".