MADRID.- Medio centenar de municipios españoles ya han dicho no al TTIP, el polémico tratado comercial que Washington y Bruselas negocian con sigilo, y Barcelona podría convertirse en la próxima. Barcelona en Comú (BComú), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) propondrán este viernes en el pleno del Consistorio de la ciudad condal que la capital catalana se declare contraria a la aplicación del Transatlantic Trade and Investment Partnertship (TTIP), pero también a otros tratados igual de secretos como el CETA (UE-Canadá), que cuentan con un creciente número de opositores.

"Si aprueban este tratado - será mucho más difícil garantizar los derechos laborales", afirma Pisarello

La declaración es fundamentalmente simbólica, ya que si la Comisión Europea, que negocia en nombre de los 28, logra la ratificación del acuerdo Transatlántico, este será de obligado cumplimiento y afectará a todos los niveles de la administración, desde el Ejecutivo comunitario hasta los ayuntamientos, pasando por los parlamentos nacionales. Sin embargo, la aprobación en pleno -que requiere, al menos, de la abstención del PSC, con la que previsiblemente contarán- supondría toda una demostración de intenciones. 

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, las concejales Montse Benedí (ERC) y María José Lecha (CUP) y los representantes de la campaña Catalunya no al TTIP, a la que están adheridas un centenar de entidades, han presentado este miércoles la propuesta en rueda de prensa. Por ello, el primer teniente de alcalde ha hecho un llamamiento a las fuerzas municipales que estén en contra de la "opacidad" con que se están llevando a cabo estas negociaciones y a favor de la "soberanía democrática" para que apoyen la iniciativa.

Barcelona se sumaría así a la Iniciativa Ciudadana Europa que ya ha reunido casi tres millones de firmas contra el acuerdo en todo el continente, 78.701 de ellas en España.

El primer teniente de alcalde ha asegurado que desde el gobierno de Barcelona en Comú se da todo el apoyo a iniciativas como ésta, "que vienen de la sociedad civil y son de sentido común".

"Si aprueban este tratado -ha dicho el primer teniente de alcalde a EFE- será mucho más difícil implementar tarifas de agua razonables, garantizar los derechos laborales de los trabajadores en contrataciones públicas o preservar la pequeña y mediana empresa y el comercio ".

En la declaración se da apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados "servicios socialmente útiles", y se pide que sean declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún tratado de inversión ni de transacción mercantil los servicios educativos, los servicios de salud (sanitarios y sociosanitarios), sociales, de pensiones, suministro de agua y energías.