Quién, cómo y cuándo puede beneficiarse del cheque de 200 euros y del resto de medidas anticrisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las medidas incluidas en el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para hacer frente a la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania. En esencia, el tercer paquete de medidas en este sentido extiende el grueso de las iniciativas adoptadas en marzo y en junio a través de otros dos textos legislativos y se añaden otras.

Bajada del IVA en alimentos

Una de las principales novedades es la eliminación del IVA para los alimentos de primera necesidad (pasa del 4% al 0%), como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, así como las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Por otro lado, la bajada del IVA del 10% al 5% para aceites y pasta.

Esta bajada de impuestos supondrá un ahorro para las familias 661 millones de euros y se mantendrá hasta el 30 de junio o hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa, se recuperará el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos antes referidos. El cambio será efectivo a partir del 1 de enero de 2023.

Ayuda de 200 euros a familias vulnerables

El decreto-ley también establece un cheque de 200 euros, que se articula

a través de un pago único y busca "reducir las situaciones de vulnerabilidad

económica" que no están cubiertas por otras prestaciones de carácter social. A

este abono podrán acceder asalariados, autónomos y desempleados.

Los requisitos es que sus ingresos fueran inferiores a 27.000 euros y su

patrimonio no supere los 75.000 euros a 31 de diciembre de 2022. Esta medida,

que se podrá solicitar desde el 15 de febrero de 2023, beneficiará a más de 4,2

millones de hogares y a 6 millones de personas. El ahorro para las familias con

esta ayuda ascenderá a 1.200 millones de euros, según señala el Gobierno.

Subvención al transporte público

Asimismo, el Gobierno mantendrá el 30% de subvención al transporte urbano e interurbano gestionado por ayuntamientos y comunidades (el metro o los autobuses municipales) con la condición de que el resto de administraciones implicadas, autonómicas y locales, se comprometan a poner un 20% adicional que hasta ahora era voluntario.

Junto a esta medida, se extiende la gratuidad de los Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, así como los descuentos del 50% de los abonos Avant, durante 2023. El real decreto-ley extiende la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje a las líneas de autobús de titularidad estatal.

Límite del 2% a la actualización anual del alquiler

El texto aprobado este martes también extiende hasta el 31 de diciembre el límite del 2% a la actualización anual del alquiler y la suspensión de desahucios y lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Junto a ello, se habilita una prórroga extraordinaria de seis meses, a petición del arrendatario, de la vigencia de los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 30 de junio de 2023.

Durante esos seis meses se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. El arrendador deberá aceptar la solicitud de prórroga salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que este haya comunicado en tiempo y forma que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares.

Bonificación de carburantes para los más afectados

El Gobierno ha retirado la ayuda 20 céntimos en el litro de gasolina, pero este descuento se prorrogará para el transporte profesional por carretera, que se abonará al final de cada mes. En este sentido, se amplía hasta marzo la

bonificación actual para el sector y fija una rebaja de 10 céntimos de euros por

litro durante el segundo trimestre de 2023.

También, se habilitan subvenciones por un valor de 300 millones de euros para mitigar el aumento del precio de los fertilizantes. Hasta 300.000 agricultores se podrán beneficiar de la ayuda directa, que se concederá por hectárea, hasta un máximo de 300, y será de 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros, para el regadío. A ellas se suman otros 240 millones para paliar la subida del precio del gasóleo agrícola y de 120 millones para atenuar el incremento del combustible pesquero.

Se mantienen las rebajas fiscales de la luz y el gas

El Gobierno ha prorrogado las rebajas fiscales en el recibo de la electricidad y del gas. De este modo, se mantendrá el tipo de IVA del 5% para determinados suministros de energía eléctrica, así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, y el tipo impositivo reducido del 0,5% –el mínimo que permite la UE– del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Esta rebaja tributaria continuará reduciendo la factura de 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, según estiman desde Moncloa.

En lo que respecta al gas, se continuará aplicando un tipo de IVA del 5% en todos los componentes de la factura. Esto se extenderá a las briquetas, pellets,

procedentes de la biomasa o la madera para leña empleadas como combustible

en los sistemas de calefacción. Con esta nueva prórroga, y desde el comienzo de

la crisis de precios energéticos en 2021, el Gobierno ha aplicado rebajas de

impuestos en este ámbito por valor de 16.398 millones de euros.

Además, se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago hasta el 31 de diciembre de 2023, a la vez que se prorroga para este colectivo el descuento en la factura eléctrica a través del bono social. Por otro lado, el precio máximo de venta de la bombona de butano seguirá limitado a 19,55 euros.

Ayudas a la industria gasintensiva

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo paquete de 950 millones de euros

para la industria gasintensiva. Por un lado, con una nueva línea de liquidez ICO de 500 millones de euros, a lo que se unen 450 millones de euros en

ayudas para la industria de la cerámica y otros subsectores. Junto al decreto-ley,

el Gobierno ha aprobado, además, el Proyecto Estratégico para la Recuperación

y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, con una

inversión pública de 3.100 millones de euros.