Tensión en el EjecutivoEl bloqueo de Justicia a la tramitación de la ley de libertad sexual tensa al Gobierno de coalición

La ley integral de libertad sexual en la que trabaja el Ministerio de Igualdad ha tensado las relaciones entre los miembros de coalición. Más que en esta ley, una de las apuestas estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, recogida además en el acuerdo de coalición, el problema está en la forma en la que cada uno de los miembros del Ejecutivo quiere usar los tiempos. 

En el Ejecutivo ya existía un acuerdo para llegar al 8-M con esta ley aprobada en Consejo de Ministros

Fuentes de la negociación aseguran a Público que estas "discrepancias" obedecen fundamentalmente al rechazo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a tramitar esta normativa como estaba acordado. 

Igualdad terminó de preparar el texto a finales de enero, y hoy estas fuentes afirman que "lo único que falta para que se empiece a tramitar", y pueda llegar antes del 8-M al Consejo de Ministros, es que el titular de Justicia dé luz verde. 

"Se está esperando hace semanas, y el ministro se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar", denuncian.

Esta ley incluye una modificación del Código Penal para reformar el consentimiento sexual -el sólo sí es sí-. Y, mientras que los miembros del Gabinete de Unidas Podemos apuestan por abordar lo que toca al consentimiento por separado -como también lo que hace referencia a la reforma del delito de sedición-, Justicia, en manos del PSOE, opta por una reforma integral.

Para Unidas Podemos, la modificación del Código Penal en relación al consentimiento debe hacerse en el marco de la ley integral de libertad sexual, y así estaba acordado.

La reforma integral permitiría diluir la idea de que el Ejecutivo modifica el Código Penal para favorecer a los presos del 'procés', una cuestión que preocupa especialmente al PSOE

No obstante, los representantes del PSOE en el  Gobierno nunca han sido claros a este respecto, y a menudo se han referido a una "reforma amplia" -en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero-, sin dar muchos más detalles.

Entre otras cuestiones, abordar varios frentes a la vez permitiría diluir la idea de que el Ejecutivo modifica el Código Penal para favorecer a los dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición por su rol en el procés, una cuestión que preocupa especialmente al PSOE. Una reforma integral, con varias aristas, ayudaría a suavizar esta cuestión. 

Las fuentes citadas revelan que en el Ejecutivo ya existía un acuerdo para llegar al 8-M con esta ley aprobada en Consejo de Ministros, previsiblemente en su sesión del 3 de marzo. 

Aseguran que esta forma de proceder, tramitando la reforma del consentimiento en el marco de la ley integral, no sólo fue pactada al más alto nivel, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias. También se habría tratado formal en informalmente en el Gobierno, incluso en uno de los Consejos de Ministros celebrados en enero.

Por otro lado, se da la circunstancia de que estas tensiones se han dado a conocer durante la mañana de este jueves, apenas unos minutos antes de reunirse para su constitución la comisión que debe controlar el cumplimiento del acuerdo de coalición.

Y, si en un mes y una semana de funcionamiento del Gobierno todo han sido buenas palabras entre PSOE y Unidas Podemos, el choque a cuenta de las diferencias en política migratoria de este miércoles, y el desencuentro por la ley de libertad sexual, se han sucedido en apenas 24 horas.