La brecha digital con la que tiene que lidiar la ciudadanía a la hora de solicitar ayudas a las administraciones sigue presente. Ya pasó con el Ingreso Mínimo Vital, y ahora también es uno de los obstáculos con los que se topan las familias vulnerables que quieren solicitar la prestación de 200 euros del Gobierno. No solo es necesario el acceso a Internet, ya que se puede pedir únicamente online, sino que también están presentes dificultades relacionadas con el lenguaje burocrático o la Cl@ve Pin. Es el caso de Fernando, de 45 años: "Llega un momento en el que uno se rinde. Te dices a ti mismo que, bueno, son solo 200 euros y que en realidad no te sirven para nada". Él cree que existe "una especie de engaño para que la gente desista".

A Rodrigo Gil, del partido político gallego Marea Atlántica, le parece curioso que esta subvención se realice únicamente online, cuando la prestación de 7.000 euros para coches eléctricos se puede pedir por Internet y de forma presencial. "Se dan facilidades a otras cuestiones que no tienen la misma urgencia que una situación de vulnerabilidad social", lamenta. Gil cree que ello responde a que en muchos casos "las administraciones diseñan este tipo de ayudas sin hablar con las personas que serán las beneficiarias de estas políticas o con las entidades que trabajan día a día".

Ha puntualizado, asimismo, que desde el Gobierno están presuponiendo que estas personas en situaciones precarias "disponen de acceso a Internet, tienen un dispositivo apto para poder conectarse, un certificado electrónico, una Cl@ve PIN o un lector de DNI electrónico". Por lo que ello ya supone "una doble barrera de entrada que puede dejar a muchas personas fuera. Estamos poniendo trabas a personas que necesitan la ayuda económica rápidamente", ha lamentado. En cambio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha defendido en una entrevista por teléfono a Público que la solicitud de la prestación se ha diseñado online porque es "más ágil" y para que los ciudadanos "no tengan que presentar tanta documentación".

Rosa Padilla, portavoz del colectivo sobre trabajadoras del hogar migrantes Micaela, se ha encontrado con estas situaciones que ha vivido Fernando frecuentemente con las personas que acompaña. Remarca que "hay muchas que no saben leer bien por el idioma que no controlan o porque no saben manejarse bien con los dispositivos".

Motivo por el que tienen que acudir a locutorios y pagar 20 euros para poder efectuar el trámite: "Ya no son 200 euros de subvención, sino 180". Fernando coincide con la portavoz en lo difícil que resulta solicitar la ayuda online: "Si ya me cuesta a, mí imagina a alguien que viene de otro país u otra ciudad. La mayoría de gente que conozco son inmigrantes y hay que darles una explicación". Y no todos los ciudadanos disponen de wifi en sus casas.

En el país, al menos el 96,1% de la población dispone de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil, según la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares en el último trimestre del Año 2022 del INE. Esto significa que España cuenta con un total de 16,3 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años con conexión a la red. En 2021 el porcentaje fue del 95,9%

La ley establece que las personas físicas pueden elegir cómo comunicarse con las administraciones. Excepto si "las administraciones públicas pueden establecer esta obligación para que las ciudadanos se relaciones con ellas para "determinados procedimientos".

Puntos de ayuda 

Carlos Barguieras, responsable estatal del área de Empleo y Economía Social de la Asociación Provivienda, explica que ellos acompañan "a la gente para que sea autónoma a la hora de hacer todos estos trámites", pero que "no se trata de que existan lugares donde haya que acudir". La portavoz del colectivo Micaela coincide con Barguieras, porque asegura que lo que debería hacer el Gobierno es facilitar este trámite de manera presencial. "Cuando estas personas, que necesitan orientación [sobre la ayuda de 200 euros], llegan a las oficinas de la Agencia Tributaria no las dejan ni entrar", ha lamentado mientras contaba que fue testigo de este suceso cuando acompañaba a una señora. 

Gil pone como ejemplo la situación que se ha vivido con el IMV, en el que la única facilidad que ofrecen desde las entidades son ordenadores o dispositivos para que se puedan conectar las personas que previamente "hayan hecho el proceso de autentificación". También hubo puntos de inclusión en algunos territorios del país: "Se desplegaron autobuses y fueron por algunas ciudades, pero con esta cuestión existe otra brecha. Si alguien vive en una ciudad tendrá suerte, pero si alguien vive en un pueblo y no se puede desplazar, ¿qué ocurre?".

El hecho de que no los haya en todas las comunidades autónomas, sin embargo, puede generar, para él, "agravios comparativos y se debería dar una igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía". Razón por la que "no se debe dejar en manos de ayuntamientos, diputaciones o comunidades esta decisión".

Obstáculo tras obstáculo

Gil defiende, además, que la obligatoriedad de solicitar esta ayuda de 200 euros del Gobierno solo a través de medios electrónicos y de la sede electrónica "supone una vulneración de los derechos de las personas precarias que quieran acceder a ella". Ni para las personas con acceso a Internet es fácil de conseguir: "Muchos no saben dónde hay que pedir un certificado electrónico o dónde hay que pedir una Cl@ve PIN". Otro obstáculo digital, según la portavoz del colectivo, es que esta clave la envían por correo o mediante videollamada. Además, "en la videollamada se te pide una serie de cosas: el NIE o DNI. Y si no se tiene cuesta mucho obtenerla".

Desde el Ministerio de Hacienda declaran que "no han recibido quejas para acceder a cualquier prestación" y que "no se excluye a nadie porque incluso la gente que vive en la calle cuenta con un número de identificación fiscal", necesario para la obtención de la ayuda. Sin embargo, una vez dentro del formulario de la Agencia Tributaria para solicitar la subvención se pide el catastro de la vivienda. Padilla remarca que las personas que viven en la calle ni siquiera tienen un registro de su hogar.

Políticas desconectadas de la realidad

El proceso de esta nueva ayuda de 200 euros le recuerda a Gil al del IMV, que "se diseñó mal porque dejó y sigue dejando fuera a mucha gente. Con esta nueva prestación, añade, "sucede como con la del Ingreso Mínimo Vital porque cuando diseñas las medidas desde un despacho y realmente no tienes una idea certera de cómo viven las personas y qué te están trasladando las entidades sociales, se hacen unas políticas completamente desconectadas de la realidad". Unas políticas que, sin embargo, reciben miles de solicitudes.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero asegura que la nueva prestación de 200 euros recibió más de 1,1 millones de peticiones en la primera semana. Pese a ello, Barguieras ha criticado que "el Gobierno podría haber hecho más por difundir información sobre esta medida". Ha añadido que "existen familias que no conocen ninguna ayuda si no están dentro de los servicios sociales o que no las piden". 

Una ayuda poco inclusiva

En esta situación se encuentran, precisamente, los desempleados de larga duración, aquellos que han cobrado el IMV o los que no han estado dados de alta como trabajador por cuenta ajena o propia por no cumplir con los requisitos. Los que consigan acceder a la prestación, sin embargo, se topan con otro obstáculo: tendrán que hacer la declaración de la renta. El Ministerio de Hacienda asegura que "todo solicitante hará la declaración de la renta y le saldrá a devolver al no tener ingresos elevados". Pero Gil defiende que esta "no es necesaria en caso de personas que no han trabajado o que no han tenido varios pagadores y que su único ingreso haya sido el IMV o esta ayuda". 

Además, hay subvenciones del Gobierno exentas del pago de impuestos, como lo son las becas públicas, las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las indemnizaciones por despido y las ayudas por desempleo percibidas en pago único. Así como las prestaciones por entierro, las indemnizaciones por responsabilidad civil y los seguros de accidente, y las prestaciones públicas por maternidad o paternidad. Fernando prefiere que no le den nada si tiene que declarar por los 200 euros del Gobierno: "Me parece una tomadura de pelo".