El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la que insta al Gobierno a equiparar los salarios de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este punto, el último de la proposición no de ley, es fruto de una enmienda de última hora que los conservadores se hacen a ellos mismos por la que piden al Ejecutivo "incorporar en las próximas leyes de Presupuestos del Estado, a partir de 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios que puedan existir entre los diversos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

La iniciativa del GPP —que ya fue incluida en el anteproyecto de ley de cuentas públicas pactado entre PP y Ciudadanos— no es vinculante porque se trata de una proposición no de ley. Es decir, sólo sirve para posicionarse políticamente y el Gobierno no tiene ninguna obligación de hacerle caso. De hecho, la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad es una reivindicación histórica del colectivo que PSOE y PP llevan 26 años desoyendo. Además, esa autoenmienda es la única referencia en todo el texto que el Grupo Popular hace a los salarios de policías, guardias civiles y Mossos. 

El resto de la proposición no de ley versa sobre el "apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su misión constitucional de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades", así como al "rechazo a las conductas de acoso" presuntamente sufridas en las últimas semanas en Catalunya. Eso es, precisamente, lo que ha motivado el voto en contra de Unidos Podemos, que siempre ha pedido los mismos salarios para todos los cuerpos de seguridad y que incluso planteó, en una enmienda de sustitución al texto del Grupo Parlamentario Popular, poner un plazo máximo de tres años a dicha equiparación. PNV, Compromís, PDeCAT y ERC también se han opuesto a la iniciativa de los conservadores, que ha salido adelante con los votos de PP, PSOE y C's pero que no supone ningún cambio a nivel práctico.

El texto del GPP remata, además, con un aval a las medidas que ha tomado el Gobierno frente a la crisis en Catalunya, incluida la aplicación de la versión más dura del artículo 155 de la Constitución. En concreto, se aboga por que las instituciones españoles "utilicen con determinación y firmeza", pero también desde la "proporcionalidad y oportunidad", todos los mecanismos que, "en defensa de la soberanía nacional y del interés general, le atribuyen la Constitución y las leyes".