La Comisión Europea ha advertido de que la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar regadíos en Doñana puede "deteriorar" el humedal ya que "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo, aunque señala también que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento "no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta".

Así lo ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario tras la reunión que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha mantenido este lunes en Bruselas con el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.

El encuentro, inicialmente previsto para el 3 de mayo, convocado a petición de la Junta, se ha celebrado después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, de que utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del TJUE.

Según han señalado las mismas fuentes, el comisario ha insistido en que el Ejecutivo comunitario está "profundamente preocupado" por el hecho de que la legislación andaluza propuesta, si se adopta tal como se ha propuesto, podría "deteriorar" el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación "plena y oportuna" de las sentencias del TJUE se mantiene como una "prioridad".

El comisario, consciente de la importancia del regadío para la economía local, ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los "puntos calientes" de biodiversidad de la UE.

Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son "insostenibles" y requieren medidas "urgentes" para controlar las extracciones.

En este sentido, las mismas fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico "favorable" para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la "presión excesiva" sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.

"Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE", añade el Ejecutivo comunitario.

Por último, Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará "detenidamente" las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes.

La Junta, satisfecha

"Estamos satisfechos con la reunión. Era necesaria para llevar a Bruselas la visión de la Junta de Andalucía y creemos que contribuirá a apaciguar la tensión", dijeron fuentes de Presidencia de la Junta.

"El consejero envió un mensaje de tranquilidad al comisario y le entregó un documento explicando no sólo la Proposición de Ley sino las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana. Entre ellas, el cumplimiento en la construcción de importantes infraestructuras de depuración de aguas residuales, que ya provocó una multa millonaria de la UE a España. Un problema heredado que encontramos al llegar al Gobierno y que hemos solucionado en cuatro años", dijeron estas fuentes.

Las fuentes añadieron: "En ese mensaje (del comisario), además queda claro que la reunión la solicitó la Junta y que no ha sido una llamada a capítulo como ha insinuado la ministra Ribera por un supuesto procedimiento de infracción. Aclaramos que no hay ningún procedimiento de infracción abierta a raíz de la Proposición de Ley  y lamentamos las palabras de la ministra. Estamos satisfechos y confiamos que este encuentro sirva para rebajar la tensión en este asunto. Desde Andalucía no vamos a contribuir a crear tensión y ruido sino tranquilidad para todos".