Los bulos antifeministas de la cumbre ultra de Vox en el Congreso que podría haber dicho tu cuñado

"Confieso que pertenezco a la manosfera, confieso que soy culpable (...) Y hoy me siento mujer, no me lo discutan, me llamo Francisca Javiera, que les llevo por delito de odio a un tribunal". Con estas y algunas otras burlas ha intervenido el exmagistrado del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, en la jornada negacionista que ha organizado Vox en el Congreso. Sus palabras dan pista del tono que se ha mantenido a lo largo de las tres mesas de ponentes, donde se han desplegado todo tipo de mensajes que no solo ningunean los avances en derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, sino que además culpan a los feminismos y a las políticas públicas que desde estos movimientos se han impulsado de ser las verdaderas responsables de la violencia y de una supuesta "destrucción de la sociedad".

En teoría, el epicentro de la jornada iban a ser las "denuncias falsas", si bien en toda la mañana apenas se ha aludido dos veces -y mucho menos se ha explicado- a la ínfima cifra de denuncias falsas registradas en nuestro país. Un dato que, como informan cada año desde el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, apenas ronda el 0,01%. 

Jurídico-político. ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?, Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG (Ley Integral contra la Violencia de Género) en nuestra sociedad?, y Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?, han sido los tres bloques que han mantenido ocupada la sala Ernest Lluch desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas, aproximadamente. Si bien no sería de extrañar que varias de las cosas que allí se han escuchado hubieran salido en una conversación de sobremesa o en la barra de un bar, lo cierto es que muchas de las premisas de las que partían suponen en sí mismo una conquista para el relato que los feminismos llevan mucho tiempo haciendo valer.

Rocío de Meer, diputada de Vox, ha comenzado su intervención arremetiendo contra los medios de comunicación que se han hecho eco de las críticas que ha recibido la jornada, asegurando que su partido quiere dirigirse a la ciudadanía "sin el filtro morado del feminismo hegemónico".

La diputada también se ha manifestado contraria a los actos de memoria y el reconocimiento a las víctimas de violencia machista: "¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesa? ¿Por qué no importan los hombres?", ha dicho. Al inicio, de hecho, toda la sala ha guardado un minuto de silencio por "todas las víctimas". Un ejercicio que poco tenía que ver con los vetos habituales de Vox a conmemoraciones por el 8M o 25N, y su oposición firme a participar en minutos de silencio institucionales. 

Otro de los ponentes, Jesús Muñoz -de la asociación ANAVID- ha cargado directamente contra la LIVG y contra las feministas, a las que ha responsabilizado de buena parte de los "males" que adolecen nuestras sociedades. "Me habéis pedido ayuda cuando las tinieblas del feminismo han entrado por vuestra casa", ha proclamado, antes de señalar a Argentina como ejemplo de lo que, según él, ocurre cuando el feminismo "arrasa la sociedad al completo". Con mención especial a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Y no le falta razón. La lucha por la libertad y contra la violencia hacia las mujeres ha extendido sus raíces como nunca antes de un tiempo a esta parte.

Algunas de las ideas sobre las cuales han discurrido en la jornada son, efectivamente, conquistas feministas. Una de las psicólogas que ha participado, por ejemplo, mencionaba nada más y nada menos que el hecho de que el feminismo quiere acabar con el arquetipo de familia y maternidad tradicional, a través del derecho al aborto y los anticonceptivos. La salud sexual y los derechos reproductivos costaron, como la hemeroteca constata, muchos años de lucha.

La abogada Patricia Anzoátegui, por su parte, ha llevado más lejos el discurso negacionista. Al igual que otros ponentes, ella no ve la existencia de la violencia de género, a pesar de las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, pero sí un negocio: "Es un instrumento para tener caja", ha dicho, señalando que la ley de 2004 se diseñó para "destruir la credibilidad judicial", y llenar todo de cursos y programas que generan ingresos a sus promotores. 

Lo que ocurre es que su relato se corresponde poco con la realidad. Si acaso se invierte dinero en poner fin a la violencia de género y la violencia sexual es también por el impacto económico que supone, que en 2022 fue concretamente de 4.933 millones de euros. Esto es, el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita, según el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022. La mayor parte de ese coste lo soporta el sector público (2.562 millones, un 85%), en segundo lugar las víctimas (247 millones, un 8,2%), después las empresas (150 millones, un 5%), los familiares y amigos (1,6%) y, por último, el tercer sector (0,2%).

Anzoátegui ha pedido "proteger a los hombres" y se ha lanzado a proponer al resto de mujeres que estaban en la sala a participar de la que ha bautizado como la "quinta ola feminista", que según ella estaría formada por quienes defienden a los hombres porque "esos hombres fueron niños". Una defensa de la igualdad parcial, para variar, que también se ha contradicho en reiteradas ocasiones con la criminalización de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Su compañero en el Observatorio de Falsas Denuncias, el abogado Rubén Melloni, ha intervenido en la misma línea para cuestionar la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia machista, pidiendo que se prioricen los sentimientos y el bienestar familiar por encima todo... ¿Quizá incluso por encima de la protección inmediata a las víctimas? Lo que puede que Melloni no ha considerado es que, en 2025, solo el 20% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa. Es más, hay comunidades como Madrid donde ni siquiera cuando se atreven a denunciar son siempre protegidas. En esta región se denegaron algo más de la mitad de las solicitudes de órdenes de protección en 2024, con 3.532 denegaciones de un total de 6.330. Mientras, a nivel nacional la cifra ronda el 70%.

Samuel Vázquez, policía nacional, miembro de Vox en cuestiones de migración y seguridad y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, por su parte, ha creído apropiado establecer esta comparación: "Cuando yo era pequeñito un profesor le pegaba a cualquier compañero mío que hiciera una trastada. Un profesor le daba un bofetón a un niño y cuando llegaba a casa el padre le daba otro para remarcar la autoridad de profesor. Hoy en día un profesor le da un bofetón a un niño y acaba detenido. La forma en la que afrontamos la violencia se ha transformado en toda la sociedad, también en la familia". Todos los ponentes estaban ahí para contar la "verdad", abrirnos los ojos frente al "relato único", al "socialismo" y sus leyes que solo buscan "destruir la familia" y la "nación"; pero nadie en esa sala exponía cifras oficiales. No ya del Ministerio de Igualdad, ese que consideran la materialización misma de todo lo que desprecian; sino de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes reivindican muy a menudo. 

La única información incontestable y a la que todo el mundo tiene acceso es que, desde la aplicación de la ley contra la violencia machista, la cifra anual de mujeres asesinadas ha pasado de 71 a 50, suponiendo un descenso del 32,4%. Aún así, desde el año 2013, 65 menores han sido asesinados por agresores machistas en España. Además, 485 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista tras el asesinato de sus madres. 

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Estas cifras reflejan el devastador impacto que la violencia de género tiene no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, especialmente los menores. Sobre el origen de los agresores sexuales, el 68,8% registrados durante este año tienen nacionalidad española, frente al 32% de otras nacionalidades.

Y, acerca de las denuncias falsas: en 2023 apenas se incoaron 12 causas por denuncias falsas en materia de violencia de género, una cifra ridícula en comparación con el volumen total de procedimientos abiertos. De esas causas, además, muchas acaban archivadas por falta de pruebas, lo que significa que las condenas efectivas son todavía menores. "El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio, el porcentaje total alcanzaría al 0,00945%", establece el portal de la Fiscalía.

En paralelo, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2023 sentencias condenatorias en el 92% de los casos enjuiciados. Por lo que, lejos de apuntar a un abuso del sistema, los datos reflejan que, cuando los procedimientos llegan a juicio después de haber presentado una enorme cantidad pruebas, por otra parte, muy difíciles de demostrar -dado que la prueba principal es el testimonio de la propia víctima-, la constatación de la violencia es abrumadora, tal y como ya se explicó en este artículo.

Nada de esto parece importarle a la ultraderecha que, como ha explicado muy detalladamente Samuel Vázquez, lo tiene claro: las políticas migratorias, las luchas feministas y para frenar la crisis climática con todas las incertidumbres y cambios que conllevan son las tres grandes "claves" de "la política" de nuestro siglo. Y con política también quieren decir votos.